Conflicto por la propiedad de una vivienda en Alcolea: "Nosotros no somos ocupas, solo queremos que se cumpla el contrato que firmamos"

El conflicto por la propiedad de una vivienda en Alcolea (Córdoba) sigue abierto. Hace unos días, Carmen Guerra denunció en este periódico "el calvario" que estaba viviendo con una familia a la que acusó de ocupar una casa ubicada en la misma finca donde ella reside tras haber sido alquilada con opción de venta cuatro años atrás. Concepción Guillén, la mujer que reside en esa vivienda junto a su marido y sus hijos, ha solicitado responder a las acusaciones de Carmen asegurando que ellos "no son ocupas" y que es Carmen quien les está "haciendo la vida imposible a ellos".

Según la documentación presentada a este diario, Carmen y Concepción firmaron un contrato de alquiler con opción de compra en julio de 2022 (por 150.000 euros menos el dinero abonado previamente en el alquiler), que estipulaba que cumplido un año, si la parte arrendataria estaba interesada en comprar y "ninguna entidad financiera les otorgara hipoteca, se suscribiría un préstamo hipotecario en similares condiciones a las de un banco" a pagar directamente a la propiedad. Concepción explica que esa cláusula se incluyó porque "era previsible que los bancos no dieran la hipoteca, al estar la vivienda en una barriada de parcelaciones levantadas en zona no urbanizable" y relata que antes de que se cumpliera el plazo, enviaron un burofax a Carmen para confirmarles su deseo de comprar la casa, pero entonces ella se negó a venderla.

Antes de esta fecha, ya había habido una disputa que enfrentó a Carmen y a la familia inquilina. Según Concepción, tuvo lugar después de que unos vecinos les alertaran de que la propietaria (que vive en una casa contigua) había entrado en su terreno cuando ellos no estaban. "Al saber eso, cambiamos la cerradura porque cuando tú alquilas una casa, la propietaria no tiene derecho a entrar", señalan. Eso no pareció gustar a Carmen, indica Concepción, que les cortó la luz, lo que les llevó a presentar la primera denuncia. Fruto de ese corte eléctrico, que Carmen niega, la familia tuvo que irse a vivir temporalmente a casa de los padres de ella e iniciar todos los trámites para hacer un nuevo contrato de luz.

La negativa a ejecutar el contrato en los términos establecidos, llevó a la familia a los juzgados, ya que Carmen solicitó su desalojo, empezando así una batalla judicial pendiente de resolución.

"Nos gastamos nuestros ahorros en arreglarla y ahora no puedo estar tranquila"

"Cuando ella se negó a vender la casa, nosotros seguimos pagando, pero ella nos devolvía los recibos una y otra vez", asegura Concepción. Luego el juez dictó una primera sentencia que determinó que el contrato presentado era "un contrato de compraventa que se debía ejecutar" y Carmen, a través de su abogada, les citó en una notaría para formalizar la escritura previo pago íntegro de 150.000 euros. Al no ser estos los términos pactados en el contrato, Concepción y su marido denuncian a Carmen y ella vuelve a reclamar el desalojo, al tiempo que contrata a una empresa de desalojos. "La empresa se presentó en casa, pero cuando le presentamos los papeles dijo que no podía hacer nada y se fue", recuerda afectada. La última resolución da la razón a Carmen y ordena que abandonen la casa, "algo que no entendemos porque viene del mismo juez que antes nos había dado la razón a nosotros", explica Concepción, cuya familia ha optado por recurrirla de nuevo y ahora están a la espera de la decisión de la Audiencia Provincial.

Concepción y su marido recuerdan que ambas familias se conocen desde hace años y que él es amigo de la infancia del hijo de Carmen. "Nosotros no somos ocupas, solo queremos que se cumpla el contrato que firmamos", señala, "yo llegué a esta casa con mi hijo recién nacido y mucha ilusión, nos gastamos nuestros ahorros en arreglarla y ahora no puedo estar tranquila porque nos manda a gente para asustarnos, nos amenaza y cada dos por tres tengo que llamar a la Policía". Y añade, que "nosotros solo queremos vivir en paz".

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