«Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie», la lucha de Carmen, cordobesa residente en Alcolea, por recuperar su casa «ocupada»

«Esto es un calvario que no se lo deseo a nadie». Con dolor y rabia, Carmen Guerra explica la situación que le cambió la vida y por la que, a sus 74 años, ha tenido que volver a trabajar para costear abogados y una empresa de desocupación. Esta cordobesa libra desde hace cuatro años una batalla judicial por una vivienda de su propiedad que, según denuncia, ha sido «ocupada».

Según relata esta mujer de mirada dura y gesto cansado, todo comenzó en 2022, cuando decidió vender su vivienda, situada en una urbanización de Alcolea. Tras encontrar compradores, ambas partes firmaron el 1 de julio de ese año un contrato denominado de arrendamiento de vivienda con opción de compra. El documento establecía una renta mensual de 450 euros y fijaba un precio de venta de la vivienda. El contrato tenía una duración inicial de un año, desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023.

La operación, sin embargo, nunca llegó a formalizarse. A partir de ese momento comenzó un conflicto que ha enfrentado a las partes dentro y fuera de los tribunales. Carmen sostiene que la pareja entró en la vivienda para preparar la compra, pero que posteriormente cambió las cerraduras y permaneció en el inmueble sin completar la operación.

«Iban a comprar. Dijeron que iban a limpiar y les dejé entrar», relata. Según cuenta, los problemas surgieron cuando los compradores alegaron que no podían conseguir la financiación necesaria. Fue entonces cuando comenzó su calvario.

Orden de desalojo

Un juzgado de Córdoba desestimó la querella presentada por la pareja contra la propietaria y estimó parcialmente la demanda reconvencional formulada por esta última. La sentencia declaró que los residentes carecían de un título que legitimara la posesión de la vivienda y los condenó a desalojarla, dejándola vacía y a disposición de Carmen. Sin embargo, a pocos días de que venciera el plazo fijado para abandonar el inmueble, la sentencia fue recurrida, por lo que el conflicto continúa abierto.

La disputa ha derivado también en denuncias cruzadas. Carmen relata amenazas, acoso y distintos episodios de intimidación. Afirma que instaló cámaras de seguridad después de sentirse amenazada y que la otra parte la denunció precisamente por su colocación. También fue denunciada por cortar o manipular los suministros de la vivienda. La propietaria niega haber actuado con la intención de privar a los residentes de servicios básicos y enmarca esos hechos en el enfrentamiento mantenido durante estos años.

Carmen denuncia además graves amenazas y varios intentos de agresión, uno de ellos, según afirma, con un cuchillo. También denuncia intentos de agresión mientras conducía.

Durante un tiempo continuó viviendo en una casa anexa situada dentro de la misma propiedad. Sin embargo, cuenta con dolor que «cada vez que iba tenía miedo». Esta situación, que define repetidamente como un «calvario», la llevó a intentar pasar el menor tiempo posible en la finca.

Sufrir en silencio

Por las mañanas trabajaba y por las tardes, explica, se refugiaba en un centro comercial. Regresaba de madrugada con la intención de pasar inadvertida. Asegura que llegó a dejar el coche lejos de la propiedad y recorrer sola el camino hasta la vivienda. A sus hijos no les contó lo que estaba ocurriendo hasta que, según explica, la situación se volvió insostenible.

A los costes emocionales se han sumado los económicos. Carmen afirma que ha gastado «por lo menos 15.000 euros» en abogados, servicios jurídicos y gestiones relacionadas con los diferentes procedimientos. En esa cantidad incluye unos 5.000 euros que asegura haber abonado a una empresa especializada en desocupaciones para que tratara de alcanzar un acuerdo con los residentes. La actuación de esa empresa, sostiene, no ha conseguido que abandonen la vivienda.

«He tenido que volver a trabajar para pagar todo esto», señala. Carmen cuenta que ha realizado turnos nocturnos y jornadas durante los fines de semana cuidando a personas mayores para poder afrontar las facturas de los profesionales que llevan sus distintos procedimientos.

Situación límite

Durante la conversación reconoce que la presión económica, el miedo y la duración del conflicto han afectado gravemente a su salud mental. Cuenta que ha recibido atención médica y que ha sido derivada a especialistas por los episodios de ansiedad sufridos.

La mujer llega a afirmar que ha pensado en quitarse la vida en cuatro ocasiones. «He estado por matarme de todo lo que tenía encima», relata al recordar uno de los momentos más duros del proceso.

Ahora confía en que los tribunales confirmen su derecho a recuperar la propiedad. Tras el recurso de los inquilinos Mientras espera una resolución definitiva, Carmen continúa reuniendo documentos, denuncias, facturas y grabaciones. Dice que ya no quiere volver a vivir en la finca y que su intención es venderla cuando consiga recuperarla. «Aquello lo odio con toda mi fuerza», confiesa con pesar.

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