Urbanismo impulsa el proyecto de mina a cielo abierto que dará servicio a la Base Logística del Ejército en Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba aprobará en su próximo consejo rector el proyecto de actuación para implantar una explotación minera a cielo abierto en La Rinconada, al este del término municipal y cerca del límite con Villafranca de Córdoba. Los áridos extraídos se comercializarían en la Base Logística del Ejército de Tierra, así como otras obras cercanas, como el parque empresarial que se levanta junto a ella.

La iniciativa, promovida por Eloy Martínez Sagrera, afecta a terrenos del polígono 69, parcelas 11 y 12, próximos al río Guadalquivir, a la A-4 y al ámbito en el que se desarrolla la Base Logística del Ejército. El acceso previsto se realizará desde la autovía, a la altura de Los Cansinos, y también por un ramal próximo al restaurante Las Cumbres.

El ámbito definitivo de la actuación será de 58,72 hectáreas, equivalentes a 587.200 metros cuadrados, distribuidas en tres fases: 20 hectáreas en la fase A, 22,72 en la fase B y 16 en la fase C. El proyecto inicial alcanzaba 84,95 hectáreas y contemplaba una cuarta fase, pero la propuesta fue recortada tras los informes de la administración ambiental. La memoria inicial calculaba un volumen total de 3.307.120 metros cúbicos de material aprovechable.

La explotación será una gravera a cielo abierto destinada a extraer arenas, gravas, gravillas y zahorras naturales, materiales que se emplean en obras de construcción e infraestructuras. La memoria prevé comercializar el material en el entorno próximo y cita como destinos la Base Logística, el PPI-6 y otras obras de Córdoba y municipios cercanos.

Devolver los terrenos a un uso agrícola

El sistema previsto combina la extracción y la restauración progresiva del terreno. Primero se retirará la capa vegetal, después se extraerá el material útil y, a continuación, se reutilizarán las tierras retiradas para rellenar y recuperar la zona excavada. El objetivo declarado es devolver los terrenos a un uso agrícola una vez finalicen los trabajos.

No se proyectan naves, plantas de tratamiento ni talleres permanentes. La actividad se desarrollará con maquinaria móvil, retroexcavadoras, palas y camiones, además de una pequeña caseta prefabricada para los aseos del personal.

Entre las exigencias impuestas figuran el control arqueológico previo a los movimientos de tierra, las condiciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la gestión de las aguas residuales de los aseos, un programa específico de vigilancia ambiental y la presentación de medidas compensatorias antes del inicio de la explotación. También se limita la actividad en las proximidades de dos oleoductos que atraviesan el ámbito. No se podrá actuar a menos de diez metros de sus ejes sin autorización expresa del organismo competente.

La memoria inicial calculaba una duración aproximada de 35 años, incluidos los trámites administrativos, aunque la vigencia urbanística quedará ligada al derecho minero existente, cuyo plazo concluye en abril de 2064.