Córdoba aprueba un préstamo de 4,3 millones para construir 30 VPO en el Campo de la Verdad

El Pleno de Córdoba ha autorizado de forma unánime este jueves que Vimcorsa concierte un préstamo promotor hipotecario de hasta 4.366.426 euros con Caja Rural del Sur. El objetivo de suscribir este crédito es financiar la construcción de 30 viviendas protegidas en venta en el Campo de la Verdad, con plazas de aparcamiento y trastero. El importe equivale al 80% del precio previsto de venta de las viviendas, dentro de una promoción cuyo precio total previsto asciende a 5.612.320 euros. Todos los grupos municipales han votado a favor de la autorización, después de tomar en consideración un informe jurídico de Vimcorsa que concluye diciendo que no existe obstáculo legal para que se apruebe la operación.

La operación crediticia a la que se da luz verde es con Caja Rural del Sur. En concreto, se contrata un préstamo promotor hipotecario por un importe de 4.366.426 euros, tipo de interés Euribor trimestral + 0,75%, revisión y liquidación trimestral, hasta 3 años de carencia de capital y 25 años de amortización, comisión de apertura exenta y garantía hipotecaria sobre la propia promoción. La propuesta insiste en que no habrá aval, fianza, garantía personal, contragarantía ni compromiso económico del Ayuntamiento.

Las viviendas del Campo de la Verdad

Vimcorsa sacó a licitación en enero la construcción de estas 30 viviendas en el Campo de la Verdad por un importe de 4,3 millones y un plazo de ejecución de las obras de 22 meses. La constructora Acierta Cordobesa se encargará de las obras, que se deben iniciar a lo largo de 2026. Estas viviendas, que se construirán en el solar junto a la gasolinera de El Arenal, tendrán un precio medio de más de 200.000 euros. En este sentido, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha afeado al gobierno local que no haga vivienda de VPO "con precios asequibles" al haber observado "un beneficio empresarial de un millón de euros".

Informe de Intervención: negativo

El punto más delicado del expediente es el informe de Intervención, que se pronuncia de forma desfavorable o, al menos, con observaciones críticas y que ha explicado Antonio Hurtado en el salón de plenos y ha rebatido refiriéndose a otros informes contrarios el presidente de Vimcorsa, Miguel Ángel Torrico.

Intervención considera que la documentación remitida era insuficiente para analizar adecuadamente la operación y echa en falta la trazabilidad completa del procedimiento seguido para pedir y valorar ofertas, la totalidad de las ofertas recibidas, su vigencia, cuantías, tipos, comisiones y posibles garantías adicionales. También cuestiona que no conste con claridad el alcance del “compromiso de afectación” citado en el informe jurídico y advierte de incoherencias temporales, ya que las ofertas se solicitaron en agosto y diciembre de 2025, mientras que el expediente de obra y el acuerdo del Consejo se aprueban en febrero de 2026.

Además, Intervención sostiene que aunque los contratos de préstamo estén excluidos de la Ley de Contratos del Sector Público, Vimcorsa debía acreditar el respeto de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y no discriminación. Según el informe, no queda probado un procedimiento mínimo que garantice esos principios, más allá de la petición de ofertas a entidades financieras. También cuestiona que el informe financiero no analice suficientemente la rentabilidad, la capacidad de devolución en distintos escenarios ni el impacto de la operación durante toda la vida del préstamo, especialmente teniendo en cuenta que Vimcorsa cerró 2024 con resultado negativo.

Después, Vimcorsa aportó documentación complementaria para responder a esas objeciones, pero la Intervención emitió una diligencia recordando que su informe de marzo era preceptivo de control permanente y no estaba sujeto a un procedimiento contradictorio. Además, advirtió de que parte de la documentación presentada como aclaratoria procedía de Caja Rural del Sur, la entidad adjudicataria, lo que podía plantear un posible conflicto de intereses si se usaba como informe en defensa de la operación.

Vimcorsa interpreta que el Pleno puede autorizar la operación

El informe-propuesta de la Delegación de Vivienda, sin embargo, interpreta que el Pleno puede autorizar la operación pese a las observaciones de Intervención, porque dicho informe es preceptivo pero no vinculante. Defiende que la operación responde a una finalidad pública como es la promoción de vivienda protegida, que no implica endeudamiento directo del Ayuntamiento ni aval municipal, y que la documentación incorporada permite identificar los elementos esenciales: importe, destino, entidad financiera, condiciones, plazo, garantía y ausencia de cobertura municipal.

La proposición al Pleno, firmada por el concejal delegado de Vivienda, Miguel Ángel Torrico, plantea autorizar a Vimcorsa a concertar el préstamo con Caja Rural del Sur, con varias cautelas: antes de formalizar, Vimcorsa deberá comprobar que la oferta sigue vigente, que las condiciones finales no empeoran las autorizadas, que se cumple el principio de prudencia financiera, que no se incorpora ningún aval o garantía municipal y que la garantía queda limitada a la hipoteca sobre la promoción. Cualquier modificación sustancial —más importe, más plazo, mayor coste financiero o garantía municipal— deberá volver al Pleno.