La Audiencia Provincial de Córdoba pone fecha al juicio por el presunto asesinato de Las Moreras tras una discusión familiar

La Audiencia Provincial de Córdoba ha puesto fecha al juicio contra el hombre acusado de matar de una puñalada a su cuñado en Las Moreras tras una riña familiar. El procedimiento se hará además con jurado popular.

La Sección Segunda ha fijado para el próximo 19 de octubre el inicio de la vista, en la que se determinará si los hechos constituyen un delito de asesinato, como sostienen las acusaciones, o de homicidio, como plantea de forma alternativa la resolución judicial.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 14.00 horas del 3 de abril de 2025 en la calle Músico Antonio de Cabezón. Según el relato de la Fiscalía, la víctima caminaba por la vía pública cuando se produjo una discusión familiar. En el transcurso del enfrentamiento, habría abofeteado a su hija delante de otros familiares, lo que derivó después en una pelea con su cuñada, esposa del acusado. Ambos se insultaron, forcejearon y fueron finalmente separados por otros familiares, que intentaron alejar a la víctima del lugar.

Una puñalada en el pulmón y el corazón

Sin embargo, cuando ya continuaban su camino, el acusado salió de uno de los portales tras oír el alboroto y llamó a su cuñado por el mote por el que era conocido. La víctima y su esposa se giraron entonces y, según mantiene el Ministerio Fiscal, se encontraron con que el procesado había bajado a la calle con una navaja de grandes dimensiones.

“Sin que la víctima pudiera hacer nada para evitar el acometimiento, con ánimo de acabar con su vida, le atravesó con el arma blanca el tórax izquierdo, alcanzándole el pulmón y el corazón”, recoge el escrito de acusación. La víctima murió en el acto a consecuencia de la herida, que le provocó un shock hipovolémico posthemorrágico.

Piden 20 años de cárcel

La Fiscalía y la acusación particular ejercida por la familia del fallecido reclaman 20 años de prisión para el acusado por un supuesto delito de asesinato. Además, solicitan que se le imponga libertad vigilada durante diez años y que indemnice a la viuda con 195.697 euros; a cada uno de los dos hijos, con 38.610 euros; a la madre de la víctima, con 51.311 euros; y a cada uno de sus cuatro hermanos, con 19.559 euros.

La defensa, por su parte, solicita la absolución del procesado o, de forma subsidiaria, que se le imponga una pena de dos años y seis meses o de cinco años de prisión. En su escrito sostiene que el acusado no acabó con la vida de la víctima de forma deliberada y subraya que reconoció los hechos ante la Policía poco después de lo ocurrido.

Además de la atenuante de confesión, la defensa pide que se tengan en cuenta distintas circunstancias eximentes o atenuantes. Entre ellas, que el acusado habría actuado tras una agresión previa en defensa de su vida o integridad física; que se encontraba bajo los efectos de una medicación que afectaba severamente a sus capacidades psicofísicas; y que sufrió miedo insuperable, arrebato u ofuscación al ver o saber que la víctima había agredido a su esposa.

El tribunal admite las pruebas propuestas por las partes, aunque rechaza la declaración de familiares directos del fallecido que no presenciaron los hechos. El magistrado considera que su testimonio solo afectaría al apartado de responsabilidad civil y que introduciría una carga emocional innecesaria en el juicio, con riesgo de interferir en la imparcialidad del jurado.