El Gobierno blinda a las víctimas frente al ‘true crime’: la nueva ley del honor y el caso José Bretón

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros de este martes el proyecto de ley de derecho al honor. La norma que actualiza una anterior de 1982 quiere poner coto a los llamados true crime, aquellas obras de no ficción que narran, investigan y reconstruyen crímenes reales. El proyecto de ley de derecho al honor quiere adaptar la norma a la realidad del mundo digital y "proteger mejor a los menores", según defendió ayer el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

De este modo, la ley prohibirá a los condenados por asesinato explotar sus crímenes para evitar la revictimización y el lucro o notoriedad de los criminales. Se considerará una intromisión ilegítima en los derechos de las víctimas cualquier utilización del delito por parte del victimario que le pueda causar un daño a los afectados.

El caso de José Bretón

Esta ley hubiera evitado, por ejemplo, el intento de publicación del libro El odio por parte de la editorial Anagrama en 2025. El escritor Luisgé Martín narraba en esta obra, desde la perspectiva de José Bretón, los hechos ocurridos en el año 2011 y el asesinato de los dos niños, Ruth y José, a manos de su padre en una finca de Las Quemadillas en Córdoba. La Audiencia de Córdoba condenó a José Bretón a la pena máxima por dos delitos de asesinato con agravante de parentesco, con una condena de 40 años de cárcel.

Con la aparición de El odio, la madre de los niños, Ruth Ortiz, se vio obligada a emprender acciones legales para frenar la publicación, argumentando que vulneraba gravemente su intimidad y el derecho al honor de sus hijos. La obra, que buscaba relatar el crimen a través de los ojos del autor de los hechos, fue paralizada cautelarmente por la editorial y posteriormente retirada de manera definitiva sin que finalmente viera la luz. Anagrama devolvió los derechos de autor y el título no llegó a comercializarse nunca.

A raíz de casos como este, el Gobierno aprobó un anteproyecto de ley para reformar la protección civil del derecho al honor. La normativa determina que, si cualquier producto audiovisual, libro o documental afecta al derecho al honor o a la intimidad de la víctima, la justicia podrá paralizar su comercialización, independientemente de si el autor busca lucro o notoriedad.

Contenidos manipulados o 'deepfake'

El texto regula, además, los contenidos manipulados tecnológicamente o ‘deepfake’, clarifica el régimen del consentimiento, que incluye una presunción de madurez para los menores a partir de los 16 años, actualiza las excepciones relacionadas con la libertad de información y la creación artística e incorpora criterios más detallados para determinar la indemnización por daño moral y hacer más efectivas las reparaciones.

Por primera vez, se considerará ilegítimo el uso de la voz o la imagen de una persona sin su autorización con fines publicitarios o comerciales empleando la inteligencia artificial o tecnologías similares. También establece que el hecho de compartir imágenes personales en redes sociales no supone que terceros puedan utilizarlas en otras redes o canales de difusión.

Protección de los menores y 'true crimes'

El texto detalla, además, otros supuestos de intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad o al honor ya contemplados en la actual ley o por la jurisprudencia, como la grabación y divulgación de la vida íntima de las personas o la difusión de sus comunicaciones privadas. También mejora la protección de los menores, situando en los 16 años la edad a partir de la cual pueden prestar consentimiento respecto al uso de la propia imagen. Además, contempla que, aunque se cuente con su consentimiento, si se menoscaba la dignidad o la reputación del menor se considerará una intromisión ilegítima en sus derechos.

El Ejecutivo pretenden fijar también en los 16 años la edad mínima para poder acceder a redes sociales.