El Ayuntamiento de Córdoba reclamará a los infractores el coste de reparar grafitis, papeleras rotas y otros daños al patrimonio público

El Ayuntamiento de Córdoba no solo multará las conductas incívicas recogidas en la nueva ordenanza municipal de convivencia ciudadana, sino que también podrá reclamar patrimonialmente a los infractores el coste de reparación o reposición de los daños causados al mobiliario urbano, las fachadas, los elementos patrimoniales o cualquier otro bien público afectado por actos vandálicos.

Así lo ha subrayado este lunes el delegado de Seguridad, Jesús Coca, durante una comparecencia en la que ha insistido en una de las principales novedades de la norma es la posibilidad de exigir responsabilidades económicas más allá de la sanción administrativa. Es decir, quien cause un daño no solo podrá enfrentarse a una multa, que puede alcanzar los 3.000 euros en los casos más graves, sino también al pago del coste real que suponga reparar el desperfecto ocasionado.

Coca ha puesto como ejemplo la realización de grafitis, la rotura de papeleras o cualquier otro deterioro del mobiliario urbano. Según ha explicado, puede ocurrir que un hecho no acabe siendo sancionable por cuestiones jurídicas, como la prescripción de la infracción, pero que el Ayuntamiento sí conserve la posibilidad de reclamar el coste de pintar una fachada, reponer una papelera o restaurar un elemento dañado.

"Las sanciones pueden llegar a los 3.000 euros, pero los daños económicos para el patrimonio o para la ciudad pueden ser mucho mayores", ha advertido el delegado. Por ello, el Consistorio pretende utilizar la ordenanza como una herramienta para evitar que el coste de estas conductas recaiga sobre el conjunto de la ciudadanía.

El responsable municipal ha defendido que no deben ser "todos los cordobeses" quienes asuman la reparación de los desperfectos provocados por quienes dañen el espacio público. En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento perseguirá "de forma muy estricta" la identificación de quienes causen estos daños para poder exigirles la responsabilidad patrimonial correspondiente.

La advertencia cobra especial relevancia en el casco histórico y en los espacios protegidos de la ciudad, donde el Ayuntamiento pondrá, según Coca, "todo el rigor de la ordenanza" para vigilar y ayudar a conservar el patrimonio histórico.