Vecinos de Cuevas de Altázar denuncian el "bloqueo" de las obras de urbanización de la parcelación, la primera legalizada en Córdoba

Los vecinos de la parcelación de Cuevas de Altázar, la primera en alcanzar la plena legalidad en Córdoba capital, han denunciado "la situación de bloqueo e inactividad" que, aseguran, mantiene la Gerencia Municipal de Urbanismo en relación a la ejecución de las obras de urbanización y la apertura del viario previsto en el planeamiento vigente.

Según han detallado desde la junta de compensación, es "especialmente grave que, una vez desaparecido el obstáculo judicial que impedía temporalmente la ejecución material de las obras, Urbanismo no haya adoptado todavía las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento del planeamiento urbanístico aprobado". Básicamente, para la apertura de una calle se necesita ocupar parte de una de las parcelas y la propiedad de dicha parcela había puesto una serie de objeciones.

Y es, explican los vecinos, existía una suspensión cautelar que afectaba a la ejecución de las obras, pero la misma ya ha sido levantada -mediante auto dictado en la Pieza de Medidas Cautelares nº 206.2/2025-. Por lo tanto, lo que dicen los residentes de esta parcelación de la carretera de Palma es que "ya no existiría impedimento judicial alguno para continuar con las actuaciones urbanísticas pendientes".

Pese a ello, lamentan, la ejecución del viario sigue sin materializarse, manteniéndose una situación de "paralización" que la junta de compensación califica como "injustificada, lesiva y contraria a los acuerdos municipales vigentes".

Abrir la calle, indispensable para culminar la urbanización

En lo que insisten los vecinos es que las obras de urbanización no constituyen "una mera actuación discrecional", sino una obligación derivada del sistema de actuación aprobado y del propio desarrollo del plan de reforma interior (PERI) Cuevas de Altázar. Además, la apertura de la calle resulta imprescindible para culminar el proceso urbanizador y permitir el cumplimiento de las obligaciones legales asumidas por los propietarios integrados en esa unidad de ejecución.

Piden a Urbanismo que actúe de inmediato

En este contexto, la entidad ha solicitado formalmente a la GMU que adopte de manera inmediata las resoluciones necesarias para autorizar y posibilitar la entrada en la finca registral nº 16.983, afectada por el viario previsto, a fin de proceder a la ejecución de las obras de urbanización y apertura de la calle.

La junta de compensación advierte de que la demora acumulada está generando importantes perjuicios económicos, contractuales, organizativos y urbanísticos. Entre ellos figuran el incremento de los costes de ejecución, la paralización del desarrollo urbanístico del ámbito, los costes derivados de la imposibilidad de culminar las obras y los daños asociados a una situación de incertidumbre prolongada.

Por ello, los propietarios advierten de que "la persistencia de la inactividad administrativa, una vez levantada la suspensión cautelar, podría determinar la exigencia de responsabilidad patrimonial de la administración por los daños y perjuicios causados a los propietarios afectados".

“Resulta inadmisible que, desaparecido el único obstáculo judicial existente, la Gerencia Municipal de Urbanismo mantenga bloqueada una actuación urbanística necesaria, aprobada y pendiente de ejecución . La junta de compensación y los propietarios llevan demasiado tiempo soportando las consecuencias económicas de una demora que carece ya de justificación objetiva”, señalan desde la entidad.

Con ello, han exigido a Urbanismo que fije "de inmediato" una fecha concreta para la realización de las actuaciones pendientes, que identifique el órgano o servicio responsable de su ejecución y que comunique un calendario claro para el inicio y desarrollo de ejecución de las obras. Asimismo, han reclamado que se informe expresamente de todas las actuaciones realizadas desde el levantamiento de la suspensión cautelar y de las medidas adoptadas para garantizar la ejecución efectiva de los acuerdos municipales vigentes.

Los propietarios han reiterado su voluntad de colaborar con la administración, pero advierten de que no pueden seguir asumiendo "indefinidamente los perjuicios derivados de una demora administrativa" que compromete el desarrollo y sobre todo la ejecución del proyecto de urbanización. Con ello, la entidad avisa de que se reserva "el ejercicio de cuantas acciones administrativas, judiciales y patrimoniales resulten procedentes para la defensa de sus derechos y para la reclamación de los daños causados por la inactividad de la administración", es decir, del Ayuntamiento de Córdoba.