Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros

Decenas de miles de comunidades en Andalucía deberán certificar a su personal encargado del mantenimiento de piscinas antes de 2027 para evitar cierres y multas. Este es el mensaje que ha lanzado el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, que advierte a las comunidades de propietarios de que deberán adaptar en los próximos meses la situación de su personal de mantenimiento de piscinas a la normativa vigente.

Lo que se pide es que todo personal que trabaje en el entorno de la piscina y en la misma piscina de los residenciales cuente con la certificación profesional antes del 2 de enero de 2027. No se trata solo de socorristas, sino de operarios, técnicos de piscinas o conserjes, entre otros, que vayan a manipular o tengan que trabajar en el vaso.

¿A cuántas piscinas de Córdoba afecta la nueva normativa?

La obligación deriva del Decreto 485/2019, por el que la Junta de Andalucía aprobó el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas, normativa que afecta principalmente a las denominadas piscinas tipo 3A, es decir, aquellas pertenecientes a comunidades de propietarios de 20 o más viviendas. En el caso de las comunidades con menos de 20 viviendas, la aplicación de determinadas obligaciones contempladas en el reglamento es parcial.

Lo que estima el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas es que el número de comunidades que podrían verse obligadas a adaptarse o revisar su situación podría situarse entre 10.000 y 30.000 en Andalucía. Eso deja una media para Andalucía de unas 20.000 y suponiendo que Córdoba represente un 10% dentro del peso de toda la comunidad, en la provincia la norma afectaría a unas 2.000 comunidades de vecinos. En este caso, Córdoba no sería la provincia con más residenciales teniendo que pasar esta ITV reforzada. Son Málaga, Cádiz, Almería, Sevilla y la costa de Granada los territorios que concentran buena parte de las grandes urbanizaciones residenciales y complejos con piscinas comunitarias de Andalucía.

Las sanciones podrán llegar hasta los 600.000 euros

Según explica a Diario CÓRDOBA el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Córdoba, Pablo Muñoz Bretón, los cambios se prevén "moviditos" pues las consecuencias del incumplimiento de la nueva norma son "importantes". En este sentido, el incumplimiento de los requisitos puede derivar en consecuencias que van desde un requerimiento de subsanación hasta multas económicas importantes, la suspensión temporal del servicio o incluso el cierre de la instalación en caso de inspección desfavorable.

El régimen sancionador aplicable contempla sanciones que pueden superar los 3.000 euros en infracciones leves y alcanzar hasta 600.000 euros en los supuestos más graves o de especial riesgo para la salud pública.

Bretón insiste, por todo ello, en la importancia de anticiparse a los plazos legales para evitar problemas futuros y señala que este nuevo decreto no debe interpretarse como un mero trámite administrativo, sino como una medida directamente vinculada a la seguridad y a la salud pública. La clave, incide, es que un mantenimiento inadecuado o realizado por personal no cualificado puede derivar en incidencias sanitarias graves, así como en responsabilidades civiles o penales para los responsables de la comunidad, es decir, para los propios vecinos.

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