De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente

Córdoba capital tiene más de 40 viviendas okupadas (ocupadas ilegalmente) a la venta, de las más de 120 que hay dispersas por toda la provincia. Se encuentran en casi todos los barrios, desde Ciudad Jardín a Valdeolleros, Trassierra o Alcolea. Los precios tienen una horquilla muy grande y van desde 9.600 euros por una casa de 41 metros en el Campo de la Verdad a un piso de 175 metros en Ciudad Jardín en cesión de remate por posesión que se ofrece por 385.000 euros. Entre ambos extremos, hay un chalet de 422 en Alcolea por 213.000 euros o un piso de 104 metros en la calle Doctor Barraquer por 105.000 euros. Ese es el precio de salida, pero en estos casos, todo es cuestión de negociar.

Hace más de un año, el portal inmobiliario Idealista creó una etiqueta específica para anunciar la venta de inmuebles ocupados ilegalmente y cada año aumenta el número de inmuebles que se exhiben en este epígrafe. Comprar un inmueble okupado entraña un riesgo para el comprador que, según fuentes de Idealista, suelen asumir inversores con músculo financiero que pueden soportar el proceso judicial para su desalojo y el tiempo de espera. Las imágenes que aparecen en los anuncios corresponden al estado en el que se encontraba la vivienda antes de la ocupación, pero quien compra, al no poder visitar la casa antes, no tiene certeza del estado en el momento de la venta. A cambio, los precios son más ventajosos. No hay datos específicos de Córdoba, pero según los sondeos nacionales de Idealista, estas ventas se cierran con precios de entre un 30% y un 50% por debajo de mercado.

El abogado cordobés Miguel Calabrús, habituado a este tipo de litigios, asegura que "la venta de pisos okupados está aumentando considerablemente, debido a la alta tasa de okupación, especialmente, en segundas residencias". En su opinión, el problema fundamental se da en la provincia, "ya que los tribunales acumulan mucho retraso y los desalojos son lentos". Ante eso, "los propietarios optan por vender bajando el precio para quitarse el problema".

Obligación de transparencia y derecho de desahucio

Sin embargo, explica, la Audiencia Provincial de Córdoba establece que la venta tiene que producirse cumpliendo dos cuestiones básicas. Por un lado, existe una obligación de transparencia. "La propiedad de la vivienda -parte vendedora- está obligada a informar fehacientemente (mediante comunicación escrita y que se haga constar en la escritura) a la parte compradora sobre la situación de ocupación, ya que, si se oculta deliberadamente esta información, la Audiencia puede declarar la nulidad de la compraventa o la obligación de indemnizar al comprador por los daños. En ese caso, la indemnización dependerá de lo que reclame la parte afectada.

La segunda cuestión a tener en cuenta, según Calabrús, tiene que ver con la proliferación de venta de viviendas okupadas, ya sean por la vía de la patada en la puerta o por el impago indefinido del alquiler, durante la tramitación del lanzamiento o desahucio. Hasta que se consigue el desalojo, suelen pasar una media de cuatro años, ya que las sentencias suelen ser recurridas aunque no tengan posibilidad de prosperar para retrasar el lanzamiento. Además, si se alega la situación de vulnerabilidad social de los ocupantes por cuestión de renta o por tener menores a cargo, el tiempo de espera para el lanzamiento aumenta, ya que el proceso se suspende y se traslada a la administración la necesidad de procurar a la familia una vivienda social. En estos casos, se sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo para la cesión del derecho de desahucio, es decir, el propietario que vende transmite al comprador el derecho para continuar el proceso donde esté, para evitar que el proceso tenga que empezar de cero.

Acuerdos extraoficiales con los ocupantes

Las inmobiliarias de Córdoba no suelen tener inmuebles okupados a la venta. Según el presidente de Asaicor, José Vaquero, "la okupación como tal suele darse en pisos de fondos de inversión o de bancos". En esos casos, los inversores las adquieren conscientes del estado en el que pueden encontrarse "porque la idea es tirarla abajo y reformarla entera". En las viviendas de propiedad privada, "lo que encontramos son inquiocupas". En tales circunstancias, "antes de realizar la compra, muchas familias llegan a un acuerdo extraoficial con los ocupantes para que se vayan a cambio de 3.000 o 4.000 euros porque les sigue saliendo a cuenta porque los procesos judiciales de desahucio pueden eternizarse". Como Calabrús, Vaquero apunta que "si el inquiocupa se considera vulnerable, la cosa se complica", algo que en su opinión, "requiere una revisión de la norma porque lo que está haciendo es que no hay vivienda de alquiler y los pisos permanecen vacío o se acaban sacando a la venta".

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