Los funcionarios de Violencia sobre la Mujer reclaman el pago de cuatro años de guardias y el derecho a cobrarlas

Los funcionarios de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba han remitido a la Consejería de Justicia y al secretario coordinador provincial, José Antonio Guerra, sendos escritos donde reclaman que se reconozca oficialmente la prestación de una guardia semanal y también que se le abonen las guardias realizadas durante los últimos cuatro años.

El documento, presentado el martes 26 de mayo, ha sido firmado por 14 trabajadores (prácticamente, toda la plantilla) que pertenecen a los cuerpos de auxilio, gestión y tramitación procesal. Se trata de los profesionales que atienden, junto a dos juezas y a dos letrados de la Administración de Justicia, los asuntos de violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de la capital, Lucena, Cabra y Pozoblanco.

En los últimos meses, los trabajadores han protestado, solicitando "refuerzos urgentes" ante la previsión de un aumento del 30% en su carga de trabajo. Finalmente, la estimación se ha confirmado y la sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba ha incrementado su actividad en torno a ese porcentaje, debido al aumento de las competencias (ahora asumen todas las violencias contra la mujer) y del territorio atendido.

La única guardia sin retribución

En su escrito, denuncian que "el turno semanal de reparto de diligencias urgentes de juicio rápido de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba es la única prestación de guardia en toda la Administración de Justicia que no tiene asignada retribución alguna, pese a implicar comparecencia efectiva, atención a detenidos, redacción de resoluciones y prolongación indeterminada de la jornada". Solo el lunes pasado, recibieron 10 diligencias urgentes de juicio rápido y ayer martes, otras ocho.

Por otro lado, estos funcionarios creen improcedente el uso del concepto "necesidades del servicio" para justificar una "prolongación sistemática de la jornada". De este modo, afirman que su "sobrecarga" de trabajo es consecuencia de la ampliación de competencias y de la extensión territorial "acordadas por la Administración sin dotar los medios humanos necesarios". En la actualidad, no se compensa el trabajo desarrollado entre las 14.00 y las 15.30 horas, y a partir de ese momento se conceden dos horas de descanso por cada hora trabajada, tras haberlo acordado "verbalmente", detallan.

Entre otras cuestiones, la plantilla de Violencia sobre la Mujer lamenta que durante la semana de guardia no pueden ejercer su derecho a la flexibilidad horaria y tampoco pueden disfrutar de las reducciones de jornada por guarda legal o del día de teletrabajo.

Solicitan que los asuntos pasen al juzgado de Guardia

Como alternativa a la retribución económica de las guardias, plantean "el estricto respeto al horario normal de trabajo"; la remisión de las actuaciones urgentes, que no hayan podido resolverse en el horario ordinario, al juzgado de Guardia, y la adopción de medidas en materia de prevención de riesgos laborales para garantizar el derecho al descanso durante la jornada.

José Antonio Guerra: "Hay que dar respuesta y estabilidad"

En declaraciones a este periódico, el secretario coordinador provincial de Justicia, José Antonio Guerra, afirma que "hacen falta medios personales a todos los niveles: jueces, letrados y funcionarios, y dar respuesta y estabilidad a los funcionarios".

"En estos momentos, está dotado por parte de la Junta de Andalucía, pero de manera coyuntural. Hay que asumir que el cambio es estructural, porque se ha creado una plaza judicial nueva y se han asumido nuevos partidos judiciales", explica.

José Antonio Guerra alude al objetivo de efectuar una comarcalización "más racional" de la violencia sobre la mujer, agrupando el norte de la provincia y los partidos de Posadas y Montoro en la capital, y centralizando en Lucena los asuntos de los pueblos de la Subbética. En este caso, serían necesarios otro magistrado más "como mínimo", tres letrados y una veintena de funcionarios "de manera estructural" en Córdoba, apunta.

Respecto al escrito remitido por los funcionarios de la sección de Violencia sobre la Mujer, el secretario coordinador avanza que lo reenviará a la Consejería de Justicia, por ser competente en medios personales. "Desde que se asumieron las competencias de Lucena, Cabra y Pozoblanco, hay un 30% más de actividad en el juzgado de Violencia de Córdoba y eso se nota", confirma.