El Consejo del Movimiento Ciudadano reclama bonificar la rehabilitación de viviendas y comercios de cercanía y penalizar las actividades turísticas en el casco de Córdoba

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) pide al gobierno municipal que impida que las viviendas, apartamentos, hoteles, bares o restaurantes, es decir, actividades turísticas y hoteleras de todo tipo que se instalen en el casco histórico de Córdoba se puedan beneficiar de bonificaciones fiscales. Es más, el CMC pide incluso penalizarlas ante la masificación turística y de ocio que observan en el área declarada Patrimonio de la Humanidad. Por el contrario, el organismo de participación ciudadana cree que se debe beneficiar fiscalmente la rehabilitación de viviendas, la instalación de comercios de cercanía, la edificación de vivienda residencial o la instalación de equipamientos educativos, sanitarios, socioculturales en el casco.

Esta es solo una propuesta del decálogo fiscal que el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, entrega al gobierno del PP en materia de impuestos y tasas, reivindicando un debate más amplio que incluya las tarifas de Sadeco, Emacsa, Aucorsa, Cecosam, así como de IMAE Gran Teatro, Imgema, Jardín Botánico, Imdeco y otros organismos municipales. Asimismo, el representante reclama que la apuesta o no por congelar tarifas debe ir más allá de "una propuesta estética" y proceder a una revisión del callejero fiscal de Córdoba, que tiene ya 28 años de antigüedad.

Exención parcial del IBI para edificios protegidos

Por otro lado, el CMC vuelve a pedir la exención parcial del IBI para edificios protegidos que incluyan una pequeña actividad comercial, habitualmente de autónomos, en el edificio, y que se incluyan también bonificaciones fiscales para las entidades que colaboren en patrocinios o donaciones a entidades deportivas locales sin ánimo de lucro con ánimo de fomentar su labor.

Asimismo, piden información sobre bonificaciones fiscales a familias numerosas, detallando qué es para el PP una familia numerosa "puesto que el concepto ha evolucionado y hay numerosas familias que ya pueden beneficiarse de esa condición". Además, piden que los beneficios fiscales para eliminación de barreras arquitectónicas y para la utilización de energías renovables y respeto al medio ambiente, deben autorizarse a toda vivienda o edificio que pague IBI urbano, independientemente de que cuente con licencia de primera ocupación o no. "Esto se debe permitir al menos a las viviendas irregulares que se encuentran dentro de urbanizaciones o parcelaciones a las que ya se les permite la dotación de servicios mediante afo (asimilado fuera de ordenación), plan especial o adelantamiento de servicios por proyecto de obra o que tienen ya su proyecto de urbanización aprobado", apuntan.

Calles calificadas de ordenación abierta

Por otro lado, piden que en las calles calificadas de ordenación abierta, que se acojan a un convenio para la colaboración municipal en el mantenimiento de la zona, alternativa o complementariamente rebajarles un orden fiscal o incluir bonificaciones o exenciones en tasas para complementar esta colaboración municipal. Todas rebasan los 50 años y los costes de mantenimiento se multiplican.

Veladores y vía pública

Por último, desde el CMC piden que la instalación de veladores (mesas, sillas, parasoles, …) se limite al mínimo necesario, por lo que se debe hacer progresiva la tasa. Así, proponen que a partir de una ocupación de 100 metros cuadrados, se debería incrementar el metro cuadrado un 25% cada 25 metros cuadrados más. Además, solicitan hacer efectivo que la aplicación de la tasa por ocupación de vía pública se haga efectiva a la zona ocupada por barra y veladores derivados de la actividad autorizada.

Sobre la aplicación de la nueva ley LISTA, el CMC propone, como entidad colaboradora de la gestión catastral que es el ayuntamiento, que los suelos y viviendas calificados como rústicos sin que hayan iniciado su proceso de transformación urbanística (no tener plan parcial, plan especial, proyecto de urbanización), pasen de calificación como IBI urbano a rústico. Paralelamente, para todo tipo de afos, piden que se permita el pago de la tasa en dos partes: un 25% al presentar la solicitud y un 75% antes de su aprobación definitiva.