La bombera acusada de intentar vender un examen de oposiciones en Córdoba irá a juicio en noviembre

La funcionaria del Consorcio provincial de Bomberos de Córdoba acusada de, presuntamente, intentar vender parte de la prueba práctica de una oposición se sentará en el banquillo de los acusados, previsiblemente, en el próximo mes de noviembre. La sección Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba la juzgará por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, por el que la Fiscalía reclama que se la inhabilite para su empleo durante dos años.

Los hechos se remontan a finales de 2023, cuando se conoció que la Policía Nacional detuvo a esta persona por ofrecer un examen que iba a desarrollarse el domingo 12 de noviembre, con objeto de cubrir 38 plazas en el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Córdoba. Fue la concejala de Recursos Humanos, Cintia Bustos, quien denunció lo ocurrido después de que Gabriel Merchán, portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), informase de esta situación al conocer el ofrecimiento realizado a un opositor.

Estas pruebas contaron inicialmente con más de 600 aspirantes llegados desde diferentes puntos de España. En el mes de febrero de 2023, un total de 114 candidatos superaron el examen teórico y, por tanto, debían presentarse a las pruebas práctica y del callejero, que tuvieron que ser aplazadas a raíz de la denuncia.

"Llamó desde su teléfono a tres opositores"

La funcionaria pública procesada se encontraba adscrita a los servicios centrales del consorcio, donde trabajaba en la administración. El examen práctico consistía en 20 preguntas tipo test redactadas por tres miembros del tribunal. La Fiscalía sostiene que, una vez que la encartada tuvo en su poder las 15 preguntas planteadas por uno de los miembros del órgano de selección, "a sabiendas del carácter reservado de las mismas y del deber de discreción impuesto legalmente a aquellos que participan del ejercicio de la función pública, Ilamó desde su teléfono a tres opositores".

A estos candidatos les ofreció facilitarles las preguntas a cambio de dinero, una cuantía que se situaría en torno a los 1.000 euros, según se ha apuntado hasta el momento. Sin embargo, "ninguno de los opositores aceptaron finalmente el ofrecimiento ni efectuaron pago alguno", afirma el Ministerio Público.

Esta acusación califica lo ocurrido como un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por el que solicita que se le impongan una multa de 5.760 euros, así como la inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de dos años.