Vidal Muñoz: «CSIF ha sido fundamental para que las 35 horas lleguen al personal de la Administración General del Estado»

• CSIF ha estado desde el principio en las negociaciones con el Ministerio de Función Pública para alcanzar el acuerdo que supone aplicar la jornada semanal de 35 horas para todo el personal de la Administración General del Estado (AGE). ¿Qué supone esta mejora?

Para CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, se trata de un acuerdo histórico. Nuestra interlocución ha sido fundamental para lograr este hito que estaba pendiente de aplicación desde 2022 y que logramos desbloquear con el Ministerio de Función Pública en el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía firmado el pasado mes de noviembre. En este sentido, hemos conseguido que las plantillas de Instituciones Penitenciarias se puedan beneficiar de estas mejoras. CSIF se felicita por haber desbloqueado este acuerdo histórico, que se aplicará a casi 2.500 empleados públicos de la AGE en la provincia de Córdoba.

«Hemos iniciado un calendario de movilizaciones en la AEAT por la mejora de las condiciones laborales»

• ¿Qué otras mejoras laborales considera CSIF imprescindibles en la Administración General del Estado?

Ahora toca seguir desarrollando otros aspectos importantes del acuerdo marco, como la jubilación parcial anticipada, la actualización de cuantías por razón de servicio o incremento de la financiación de MUFACE. Otras de las reivindicaciones que mantenemos para el personal de la AGE son el aumento de las plantillas, la equiparación salarial con otras administraciones, la implantación y mejora del teletrabajo, recuperación del poder adquisitivo del 2010, un sistema de carrera profesional horizontal que reconozca la trayectoria y los méritos de los empleados públicos o una mayor facilidad en la movilidad y en la promoción interna. Una mejora sustancial en la formación continua, que permita a los trabajadores actualizarse y desarrollarse profesionalmente, así como en las políticas de igualdad y prevención de riesgos laborales. La conciliación debe ser una realidad para todos los empleados públicos. Es necesario adaptar, ordenar y aplicar de manera definitiva los nuevos permisos en materia de conciliación familiar y laboral. También demandamos la adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP (actualizar funciones y retribuciones en todos los ámbitos) y mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas.

• A pesar de este acuerdo, aún hay cosas que mejorar en este sector público, como es el caso del personal de los centros penitenciarios. ¿Cuáles son sus reivindicaciones?

En CSIF denunciamos la dejadez y las faltas de respeto de la Administración central con el personal penitenciario y reclama la mejora de la seguridad de estas instalaciones tras el aumento de las agresiones a los funcionarios que se han producido en los últimos años. Entre otras peticiones, reclamamos que estos trabajadores y trabajadoras sean considerados agentes de la autoridad, tal como se comprometió el Gobierno en sede parlamentaria. Asimismo, solicitamos la dotación de un mayor número de recursos humanos y materiales para reducir el número de agresiones a los profesionales. También es necesaria una correcta clasificación de los internos, una nueva catalogación de las infracciones disciplinarias, sistemas de detección de Fentanilo, que se refuerce la participación de los delegados de prevención en el conocimiento y el análisis de las agresiones, que se facilite a toda la plantilla un plan de formación de prevención y respuesta ante las conductas agresivas de los internos y la modernización de los medios coercitivos con actuaciones como la implementación de dispositivos Taser. Igualmente, reivindicamos que la sanidad penitenciaria sea reforzada y que su gestión pase a las comunidades autónomas.

«El acuerdo se aplicará a casi 2.500 empleados públicos de la AGE en la provincia de Córdoba»

• El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes también está causando problemas en los organismos públicos de la AGE por la falta de personal. ¿En qué se están traduciendo esas dificultades?

Nosotros ya alertábamos antes de que se pusiera en marcha este proceso del riesgo de colapso en los servicios públicos en Córdoba encargados del mismo, tales como la Subdelegación del Gobierno, las oficinas de Extranjería, la Seguridad Social el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Se están tramitando de cientos de miles de solicitudes a nivel nacional, que tendrán un impacto directo en unos empleados públicos que ya soportan de por sí una elevada carga de trabajo. Estamos convencidos de qué plantillas actuales de estos servicios en la provincia no están suficientemente dimensionadas para afrontar este incremento extraordinario de expedientes, lo que se traducirá en retrasos, saturación de los servicios y un serio deterioro de la atención a la ciudadanía.

• CSIF ha convocado también movilizaciones del personal de la Agencia Tributaria (AEAT). ¿Cuáles son las causas?

Hemos iniciado un calendario de movilizaciones en la AEAT por la mejora de las condiciones laborales, coincidiendo con la campaña de la Renta. Las movilizaciones comenzaron el 6 de mayo con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda y continuarán el 13 y el 29 de este mes, respectivamente, con la convocatoria de paro parcial de una hora esos días, para culminar el 8 de junio con una huelga general en todos los centros de trabajo. CSIF intentará minimizar las consecuencias que todas estas movilizaciones puedan causar a los ciudadanos. Lamentamos que este organismo mantenga bloqueada la negociación de diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como implantación de carrera administrativa y profesional, regulación del teletrabajo o que la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada profesión de riesgo. CSIF recuerda que en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en la que se comprometió a revisar la carrera profesional de todos los empleados, que desde el 2019 mantiene bloqueada con la pérdida retributiva correspondiente, implantar un régimen de teletrabajo e incrementar la protección institucional de los trabajadores del SVA considerándoles como profesión de riesgo. En este sentido, denunciamos que desde entonces no se ha producido ningún avance, lo que nos ha obligado a iniciar estas movilizaciones.