La "barrera invisible" de la administración: el caso del ingreso mínimo que amenaza con dejar sin vivienda a dos hermanas con discapacidad en Córdoba

Una mujer de Córdoba con discapacidad física, psíquica e intelectual se enfrenta al embargo y posible pérdida de la vivienda en la que reside junto a su hermana, también discapacitada, después de que la Seguridad Social le reclamara la devolución del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por unos cobros indebidos derivados, presuntamente, de un error administrativo. Para el Colectivo de Afectados por el IMV es "uno de los peores" casos de los miles que han conocido en toda España, mientras que el Colegio de la Abogacía de Córdoba asegura que este caso refleja "una de las vulneraciones más frecuentes y menos visibles" como es la dificultad de muchas personas con discapacidad para relacionarse con la administración pública. En este sentido, este periódico ha podido conocer que la Subdelegación del Gobierno se ha interesado en el caso y va a evaluar el expediente.

La responsable de la comisión de Discapacidad del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carmen Calvo, sostiene que "el problema no es jurídico, es estructural", porque los procedimientos administrativos "están diseñados para personas que leen, comprenden y saben sus derechos", lo que genera un perjuicio a las personas con discapacidad. En este sentido, explica que una persona con discapacidad intelectual puede no comprender una notificación administrativa con lenguaje técnico y plazos legales. "El silencio no significa que se esté admitiendo, sino incomprensión, porque no tiene por qué entenderlo", subraya.

A su juicio, en este caso "ha habido una cadena de irregularidades administrativas fundamentales" y recuerda que la Ley 8/2021 obliga a las administraciones a adaptar sus procedimientos y garantizar apoyos a las personas con discapacidad para que comprendan las comunicaciones oficiales. "La propia administración debe saber que, si no tiene una persona tutora legal designada, debe darle herramientas necesarias y oportunas para que entienda el alcance de las notificaciones", señala.

"Dar lugar a que la deuda llegue al punto de que se produzca un embargo y un lanzamiento y el riesgo de que dos hermanas pierdan una vivienda que sus padres dejaron para garantizarles un techo es una situación muy grave", afirma. La abogada insiste en que la prioridad inmediata debe ser paralizar el lanzamiento de la vivienda y que "lo fundamental es suspender el lanzamiento. Impedir que salgan de su vivienda porque causaría un perjuicio irreparable personal y moral".

Calvo añade que, una vez frenado el desahucio, deberá analizarse la resolución administrativa y estudiar posibles responsabilidades patrimoniales de la Administración si se demuestra que la situación deriva de "un error en el funcionamiento administrativo".

Además, advierte de que este caso "pone de manifiesto que la obligación de comunicación accesible está prevista en la ley, pero no se aplica", y recuerda que muchas personas con discapacidad carecen de familiares, abogados o entidades que puedan ayudarles a entender y defender sus derechos ante la Administración.

El caso de embargo por cobros indebidos del IMV

La afectada tiene una discapacidad física, psíquica e intelectual y convive con una hermana también discapacitada en una vivienda heredada de sus padres "para que ellas tuvieran un techo". Según explica Ana Hernández, del colectivo de afectados, en diciembre de 2019 "perdió la custodia de su hijo debido a problemas de conducta del menor y a que ella no se encontraba capaz de manejar la situación" por su discapacidad, aunque Hernández insiste en que "no fue por culpa de ella".

Según esta información, la Seguridad Social le concedió de oficio el IMV en junio de 2020 como madre monoparental con menor a cargo, pero posteriormente reclamó unos 20.000 euros al detectar que el menor ya no convivía con ella.

Hernández alerta de que las dos hermanas podrían quedarse "en la calle, sin nada" y critica también la complejidad administrativa del sistema y las dificultades de comprensión para personas vulnerables. "Si nosotras, que tenemos un coeficiente dentro de límites normales, muchas veces no entendemos la ley, imagínate una persona con discapacidad intelectual", afirma. En este sentido, este periódico ha podido conocer que la Subdelegación del Gobierno se ha interesado en el caso y va a evaluar el expediente.

Este colectivo se organizó a través de internet entre afectados de distintos puntos del país y que cuentan con el apoyo de ATD Cuarto Mundo España, entidad que ha impulsado una demanda colectiva en Europa contra el funcionamiento del sistema del IMV.

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