Embargan la vivienda a una mujer con discapacidad por un cobro indebido del Ingreso Mínimo Vital en Córdoba

Una mujer con discapacidad física, psíquica e intelectual se enfrenta a la pérdida de su vivienda en Córdoba tras la reclamación de cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital (IMV), originados por un error administrativo.

Según el Colectivo de Afectados por el IMV, esta ayuda le fue concedida de oficio en junio de 2020, pero tras una revisión posterior, la Seguridad Social "ha determinado la existencia de cobros indebidos derivados de un cambio en la unidad de convivencia ocurrido en diciembre de 2019, circunstancia que no fue tenida en cuenta por la propia Administración en el momento de reconocer la prestación".

A pesar de tratarse de "un error administrativo", se ha iniciado un procedimiento de reintegro contra la afectada, quien carece de recursos económicos para hacer frente a la deuda. Actualmente, la mujer convive con una hermana, también con discapacidad, en una vivienda heredada de sus padres fallecidos, destinada a garantizar un techo para ambas.

Sin embargo, como consecuencia de la deuda reclamada, se ha dictado orden de embargo sobre la vivienda, encontrándose en fase de ejecución y a la espera de lanzamiento, lo que supondría el desalojo de ambas de su propio hogar.

Desde el entorno de la afectada se pone de manifiesto que, "debido a sus limitaciones, es altamente probable que no haya comprendido ni el alcance de la concesión de oficio del IMV, ni las posteriores comunicaciones administrativas, ni las consecuencias del procedimiento de reintegro".

Consecuencia de un error administrativo

Asimismo, los informes médicos existentes son favorables en relación con su situación personal y familiar, "no pudiendo atribuírsele responsabilidad alguna por las circunstancias que dieron lugar al cambio en la unidad de convivencia".

Para el colectivo de afectados, "este caso pone de relieve las graves consecuencias que pueden derivarse de errores administrativos cuando afectan a personas en situación de especial vulnerabilidad, así como la necesidad de adaptar los procedimientos a la realidad de quienes presentan discapacidad y dificultades de comprensión".

El Colectivo de Afectados por el IMV está intentando paralizar el procedimiento de embargo y evitar el desahucio y han solicitado el apoyo de las distintas administraciones "para garantizar la protección de los derechos fundamentales de estas personas y evitar una situación de desamparo irreparable".