Los servicios sociales de Córdoba se ven desbordados por la regularización de migrantes y denuncian "falta de planificación" del Gobierno central

La situación en los servicios sociales del Ayuntamiento de Córdoba en relación con el proceso de regularización de personas migrantes ha generado un nuevo enfrentamiento político. La delegada del área, Eva Contador, ha criticado la gestión del decreto al considerar que su aplicación está generando "descontrol, desinformación y una sobrecarga" en los servicios municipales por "falta de planificación previa" por parte del Gobierno central.

Contador ha elevado el tono de crítica y ha señalado que el Gobierno no ha contado ni con los ayuntamientos ni con las entidades del tercer sector antes de poner en marcha la medida. "No se nos ha informado de cómo teníamos que actuar ni de qué recursos íbamos a necesitar", ha explicado. Para ella, el decreto responde más a "una jugada política" y electoralista. Contador ha sostenido que el decreto "se ha sacado con prisas" y ha insinuado que responde a una estrategia para desviar la atención del contexto político nacional. "Da la sensación de que se busca más la polémica y la confrontación que una solución real a un problema que afecta a muchas personas", ha apuntado.

La delegada ha advertido de que esta situación está provocando un incremento muy significativo de solicitudes en los servicios sociales. En concreto, ha detallado que actualmente se han registrado más de 700 peticiones relacionadas con informes de vulnerabilidad, una cifra que duplica las tramitadas durante todo el año anterior y que hace apenas dos días era de 400.

Confusión entre los solicitantes

Además, ha incidido en la confusión generada entre las propias personas migrantes, que desconocen los pasos a seguir y están acudiendo a múltiples recursos de forma simultánea. "Ante la urgencia, las personas van a todos los sitios: servicios sociales, entidades como Cruz Roja, Cáritas o Córdoba Acoge, lo que está provocando duplicidades y una mayor saturación", ha señalado.

Otro de los aspectos que ha criticado es el cambio constante en los criterios exigidos para la tramitación. Según ha explicado, en pocos días se ha pasado de exigir un informe de vulnerabilidad a permitir certificados, con modificaciones continuas que dificultan el trabajo tanto de la administración como de las entidades sociales. "Se está generando más incertidumbre en las personas que precisamente necesitan claridad", ha subrayado.

Impacto en los servicios sociales

Contador ha alertado también de que el impacto de esta situación podría repercutir en la atención habitual que prestan los servicios sociales municipales, al tener que asumir una carga de trabajo extraordinaria sin refuerzo de personal. "Esto va a retrasar inevitablemente la atención del día a día", ha advertido.

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha iniciado contactos con entidades sociales que trabajan con población migrante para coordinar una respuesta conjunta. Entre las medidas planteadas se encuentra la cesión de espacios municipales para facilitar la atención y la celebración de reuniones de trabajo para unificar criterios y mejorar la información disponible.

Por último, la delegada ha reclamado al Gobierno una mayor coordinación y recursos para afrontar este proceso, insistiendo en que "lo importante es que las personas puedan regularizar su situación de forma ágil y sin más obstáculos añadidos".