La Fiscalía pide dos años de cárcel para la psiquiatra acusada de la muerte de su paciente en Córdoba

El Ministerio Fiscal se ha ratificado en su petición de pena de cárcel y de inhabilitación para la jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba que está acusada de homicidio involuntario y denegación de asistencia a un paciente.

La Fiscalía ha pedido para la acusada dos años de prisión por denegación de asistencia y un año y seis meses de prisión por el homicidio involuntario de un paciente que falleció el 20 de junio de 2020 por una cardiopatía básica e hígado graso que desembocó en un edema pulmonar, tras la ingesta de medicamentos, fundamentalmente antidepresivos o anabolizantes.

Además, en sus conclusiones también se ha ratificado en su petición de siete años de inhabilitación especial así como en la petición de una indemnización de 225.000 euros, de los que 75.000 serían para cada uno de los padres y 25.000 para cada uno de los tres hermanos del fallecido. A estas peticiones se ha sumado la acusación particular, excepto en el apartado de la indemnización económica, que han pedido 755.000 euros. La fiscal ha insistido en sus conclusiones en que la víctima no recibió la atención debida a su patología por quien era responsable de garantizarla, que era la acusada.

Diagnósticos diferentes

En su opinión, de esta falta de asistencia se deriva un "riesgo grave" de la vida de la víctima, que padecía, según la acusada un trastorno mixto de la personalidad agravado por el consumo de tóxicos, que le provocaba brotes psicóticos.

Un diagnóstico que no coincide con el psiquiatra privado que atendió al paciente y que era el de un trastorno esquizoafectivo que, según la fiscal, también tendría que haber tenido en cuenta la procesada.

Ha insistido en la necesidad de que el paciente hubiera sido ingresado en un centro especializado, circunstancia que no ocurrió, ya que "la atención sanitaria se limitó a ocho ingresos -siete de ellos involuntarios- y un seguimiento que se dejaba en manos de un paciente que no tenía adherencia al tratamiento".

Para la fiscal, si se hubiera llevado un seguimiento "adecuado" del paciente, es "probable" que se hubiera evitado el fallecimiento, sobre lo que ha considerado que el abuso del consumo de fármacos llevaba aparejada la idea de acabar con su vida.

La acusación particular ha incidido también en la falta de seguimiento que se hacía del paciente cuando se le daba de alta hospitalaria y en las distintas veces que la familia reclamó ayuda a las distintas administraciones porque no podían asumir la situación de paciente.

La defensa exime a la acusada y apunta a la irresponsabilidad de la familia

Tanto la defensa como el letrado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las dos aseguradoras de la procesada han pedido su libre absolución.

El letrado de la defensa ha puesto de manifiesto que ni la Fiscalía ni la familia habían iniciado el proceso para incapacitar al fallecido, a pesar de que tenía brotes psicóticos y perdía el control. El letrado ha hecho varias referencias a la libertad que tiene una persona para ingresar en un centro especializado y ha eximido a la procesada de la responsabilidad de tener que localizar al paciente, sobre el que ha asegurado que "no hay ningún documento clínico que diga que tenía tendencias autolíticas o suicidas".