Educación
Siete familias de Córdoba se quedan sin plaza en el López Diéguez y reclaman una nueva línea: "Tenemos derecho a elegir"
La Delegación de Educación recuerda que el proceso de escolarización sigue abierto y que la planificación del próximo curso continúa en análisis

Concentración en Gran Capitán a favor y defensa de la educación pública convocada por USTEA Y FAMPA / Víctor Castro

Siete familias se han quedado, por ahora, sin poder escolarizar a sus hijos e hijas en el CEIP López Diéguez de Córdoba para el próximo curso de Infantil de 3 años, según denuncian la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del centro y la Fampa Córdoba, que han elevado una reclamación a la Delegación Territorial de Educación para que se abra una nueva línea, por lo que este miércoles se han concentrado en el bulevar del Gran Capitán.
Las familias aseguran que el centro ha recibido un total de 29 solicitudes para el próximo curso, mientras que la oferta de plazas se ha limitado a 22. Esta diferencia, sostienen, deja fuera a parte del alumnado, sin tener en cuenta -según indican- si alguno de los menores presenta necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), lo que podría reducir aún más el número efectivo de vacantes, porque computan doble.
Los afectados han querido poner rostro a la situación que denuncian. En este caso, el padre de uno de los menores que se han quedado sin plaza, Pablo Rabasco, explica que el problema es el encaje del centro en su vida cotidiana y en su entorno más inmediato, subrayando que otros niños de su entorno procedentes de la misma escuela infantil sí han obtenido plaza mientras otros han quedado fuera por criterios de baremación y delimitación de zonas. La situación, añade, no es aislada dentro del barrio, donde la delimitación de zonas escolares deja fuera a familias que viven a escasos metros del centro elegido. "Es literalmente una calle la que marca la diferencia", resume.

Concentración en Gran Capitán a favor y defensa de la educación pública convocada por USTEA Y FAMPA / Víctor Castro
Rabasco defiende que la elección del centro no es casual. "Queríamos continuidad en el proyecto educativo, conocemos el trabajo del colegio desde la escuela infantil, y además está muy vinculado al barrio", explica. En su caso, apuntan también a la trayectoria del centro como referente en innovación educativa y participación de las familias, lo que refuerza su demanda de poder acceder a él.
Otro de los puntos que remarcan es la percepción de desigualdad entre centros públicos y concertados. Consideran que, mientras algunos colegios concertados amplían unidades, en la red pública se limita el crecimiento incluso cuando existe demanda suficiente. "Tenemos derecho a elegir, igual que otras familias eligen un concertado por su proyecto educativo", sostienen. "Ahora mismo estamos intentando que el centro pueda crecer. Es un colegio preparado para dos líneas, con aulas suficientes, pero solo se está ofertando una", explica Rabasco.

Concentración en Gran Capitán a favor y defensa de la educación pública convocada por USTEA Y FAMPA / Víctor Castro
Las familias del centro insisten en que la problemática no es aislada, sino que forma parte de una tendencia más amplia en determinados barrios de la ciudad, especialmente en el casco histórico. Según exponen, en estas zonas se está produciendo "un proceso progresivo de reducción de líneas educativas, cierre de aulas y pérdida de recursos en la escuela pública, mientras la concertada mantiene o incrementa su oferta".
A ello suman la situación de otros cursos del propio centro, ya que aseguran que no se ha atendido su solicitud de duplicar línea en quinto de Primaria para el próximo curso. Según explican, el servicio de planificación educativa ha considerado como "situación sobrevenida" el hecho de contar con clases de hasta 28 alumnos -cuatro de ellos con NEAE- durante dos cursos consecutivos, una decisión que las familias rechazan frontalmente.
Las organizaciones advierten de que continuarán con acciones de protesta. Entre ellas, han confirmado su participación en una concentración prevista en el templete del bulevar Gran Capitán, convocada junto a otras AMPAs y la Plataforma de AMPA Niñ@s del Sur, a partir de las 19.00 horas este mismo jueves.
Educación asegura que analiza la situación y que el proceso sigue abierto
Por su parte, la Delegación Territorial de Educación ha pedido prudencia y ha recordado que el proceso de escolarización del curso 2026-2027 aún se encuentra en una fase inicial. "No será hasta el mes de junio cuando se certifique la matrícula definitiva, por lo que todo continúa analizándose", señalan.
Desde el servicio de Planificación y Escolarización insisten en que la planificación del mapa escolar se encuentra en curso y que la configuración de unidades no es definitiva en este momento. "La escolarización es un proceso vivo que no concluye hasta el mes de septiembre", subrayan.
En relación con la demanda del centro y la petición de una nueva línea, las mismas fuentes explican que el número de solicitudes es una de las variables que se tienen en cuenta, junto con la disponibilidad de plazas en la zona y la planificación global del sistema educativo. "Estamos en proceso de analizar todos los datos", apuntan.
Protesta por la educación pública en el bulevar del Gran Capitán
La demanda de una nueva unidad en el CEIP López Diéguez fue una de las que estuvo presente en la protesta convocada este miércoles por la tarde en el bulevar del Gran Capitán por Ustea, Fampa y Niñ@s del Sur para denunciar que «el Gobierno andaluz ha desviado recursos hacia la concertada, mientras la escuela pública ha sufrido un abandono consciente que ha afectado directamente a la escolarización y a la calidad educativa».
Además, también se ha denunciado la pérdida de unidades en centros como el CEIP Tirso de Molina; la demanda de una nueva unidad en el CEIP Hernán Ruiz; la situación del CEIP La Aduana o del CEIP Azahara (Villarrubia), entre otros, "donde se han normalizado ratios por encima de lo legal", según señalan las organizaciones convocantes de la protesta. Asímismo, han protestado por la falta de recursos para atención a la diversidad en la EI Cruz de Juárez y en la zona de La Carlota.
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