La nueva ley atasca los divorcios en Córdoba: «No es que haya menos separaciones, es que no dejan divorciarse»

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan un descenso notable en 2025 en la presentación de demandas de familia. En Córdoba, las demandas de divorcio no consensuado cayeron un 33% y las rupturas contenciosas de parejas no casadas con hijos, un 24%, según expone la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) a partir de esas estadísticas. La asociación subraya que esta bajada no implica necesariamente que haya menos rupturas, sino que muchas se estarían retrasando antes de llegar a los juzgados.

Esa es la lectura que hace el abogado cordobés y vocal de Aeafa Jesús Díaz Lorite, coincidiendo con la celebración de las vigésimo quintas Jornadas de Derecho de Familia de Córdoba, previsto para este jueves 23 y el viernes 24 de abril. A su juicio, el desplome se explica por la entrada en vigor, en abril, de la Ley Orgánica 1/2025, que obliga a acreditar un intento previo de negociación —a través de los llamados MASC (medios alternativos de solución de conflictos)— antes de interponer una demanda contenciosa. “No es que la gente no quiera divorciarse, es que se está retrasando el acceso a los juzgados”, resume.

Un proceso que se eterniza

Díaz Lorite sostiene que este requisito, lejos de favorecer acuerdos, está generando un “efecto embudo”. En la práctica, el procedimiento exige iniciar una propuesta formal de negociación; después, debe transcurrir un mínimo de 30 días para que la otra parte responda y, si hay disposición a negociar, el proceso puede prolongarse hasta tres meses. Si no hay acuerdo, es necesario documentar el intento para poder acudir al juzgado. Según el vocal de Aeafa, este encaje de plazos y trámites puede alargar situaciones ya de por sí conflictivas y, en determinados casos, dejar a una de las partes —y especialmente a los menores— en una situación de incertidumbre.

La asociación insiste en que la abogacía de familia ha defendido históricamente los acuerdos y recuerda que una parte mayoritaria de las rupturas se resuelven mediante negociación. Sin embargo, advierte de que la obligatoriedad de los MASC, tal y como está diseñada, no estaría incrementando las soluciones amistosas. De hecho, señala que el descenso de los procedimientos contenciosos no se ha traducido en un aumento equivalente de los consensuados: en Córdoba, los divorcios de mutuo acuerdo también bajaron, en torno a un 10%.

Uso como arma arrojadiza

Además, Díaz Lorite alerta de un efecto perverso: que el nuevo requisito termine beneficiando a quien quiere ganar tiempo y retrasar el cumplimiento de obligaciones, por ejemplo en pensiones de alimentos o en la fijación de un régimen de visitas. Desde Aeafa sostienen que, cuando no hay voluntad real de acuerdo, el proceso previo puede utilizarse de forma dilatoria.

El fenómeno no sería exclusivo de Córdoba. En el conjunto de Andalucía, por ejemplo, la estadística que maneja la asociación a partir del CGPJ apunta a un descenso del 31,8% en divorcios no consensuados y del 5,1% en consensuados. Para la AEAFA, el impacto se aprecia especialmente a partir del segundo trimestre de 2025, coincidiendo con la aplicación efectiva de la obligatoriedad.

Por todo ello, la asociación defiende los métodos alternativos de resolución de conflictos, pero reclama que no se impongan de forma generalizada en los procedimientos de familia en los que hay menores, al entender que la prioridad en esos casos es garantizar con rapidez derechos básicos —como la alimentación o el contacto con ambos progenitores— y evitar que la tramitación se convierta en un retraso añadido.

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