Tribunales
Jurado popular para la letrada investigada por desviar unos 700.000 euros de juzgados cordobeses
Esta secretaria judicial, presuntamente, transfirió dinero de las cuentas de consignación de dos órganos judiciales a cuentas de familiares durante una década. La principal perjudicada es la hacienda pública, pero también hay ciudadanos
Actividad en la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González
Un juzgado de Instrucción de Córdoba ha iniciado el procedimiento para celebrar el juicio ante el Tribunal del Jurado contra la letrada de la Administración de Justicia investigada por desviar, presuntamente, alrededor de 700.000 euros de dos juzgados de la capital a cuentas de familiares.
Fuentes judiciales indican a Diario CÓRDOBA que la investigación ha sacado a la luz que la supuesta malversación se habría producido durante una década. A lo largo de este tiempo, la secretaria judicial habría distraído diferentes cantidades de las cuentas de depósitos y consignaciones de los órganos judiciales donde trabajó y sirvió como sustituta.
Las referidas cuentas bancarias se utilizan para realizar ingresos o recibir el dinero que determinan los jueces en el marco de los procesos judiciales. Al parecer, gran parte del dinero correspondía a la hacienda pública, pero también hay ciudadanos afectados. Esos importes se habrían dirigido a cuentas personales o de familiares.
El presunto delito salió a la luz por la denuncia de una persona que debía percibir en torno a 170.000 euros de indemnización después de haber sufrido un accidente de trabajo. Tras solicitar su dinero durante más de un año, la abogada que representa a este perjudicado reclamó consultar la cuenta bancaria del juzgado y, al denegárselo, llegaron las sospechas.
La investigada, arrepentida
La secretaria judicial investigada no se encuentra trabajando. A raíz de la denuncia, el Ministerio de Justicia le abrió un expediente disciplinario que ha sido suspendido hasta que se resuelva la causa penal. En 2025, esta letrada declaró en el juzgado admitiendo los hechos y también ha manifestado su arrepentimiento.
En la actualidad, le han embargado el sueldo y sus propiedades, pero esto no es suficiente para cubrir la cuantía supuestamente apropiada. Las mismas fuentes barajan la posibilidad de que, a la luz de lo acontecido hasta ahora, el proceso se resuelva mediante un acuerdo que evite el juicio.
El Código Penal establece una pena de prisión de hasta ocho años para el delito de malversación. Concretamente, también precisa que "si el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado". Además, contempla la inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años.
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