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Regularización extraordinaria

Servicios Sociales registra más de 400 solicitudes de documentos para la regularización de inmigrantes en Córdoba

Eva Contador critica la falta de coordinación y recursos ante el aumento de peticiones para acreditar la vulnerabilidad de estas personas, que supera ya en más de cien las tramitadas durante todo el año pasado

Oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Córdoba.

Oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Córdoba. / A.J. González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

La delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha advertido de la saturación y la falta de coordinación que están provocando las primeras jornadas de aplicación del nuevo decreto de regularización de inmigrantes, pues en apenas días su área ha registrado entre 420 y 430 solicitudes para acreditar la situación de vulnerabilidad, superando ya en más de cien las tramitadas durante todo el año pasado.

Contador ha subrayado que los ayuntamientos están asumiendo la mayor parte de la carga sin haber sido tenidos en cuenta en el diseño de la medida. "Es importante que cuando se hacen estas cosas se cuente también con los ayuntamientos, que es donde finalmente recae este trabajo", ha señalado. La delegada ha explicado que la situación está generando incertidumbre tanto entre los usuarios como entre los propios profesionales, porque las personas interesadas cuentan con solo dos meses para completar el proceso, lo que está provocando dudas sobre dónde deben dirigirse.

Pese al elevado volumen de solicitudes, Contador ha destacado que la atención se está canalizando con relativa agilidad gracias al sistema de cita previa, con unas 300 citas diarias. "Se forman colas como cuando llegas a un mercado antes de abrir, pero una vez que cogen número, las citas se atienden rápidamente", ha indicado.

Cambios en los requisitos

No obstante, ha señalado que el principal problema radica en unos cambios introducidos en los requisitos. Según ha explicado, inicialmente se solicitaba un informe de vulnerabilidad elaborado por los servicios sociales, pero ahora se exige un certificado de vulnerabilidad que debe ser firmado también por un secretario municipal.

Este cambio está generando dificultades añadidas, ya que en muchos casos los profesionales deben evaluar a personas sin historial previo en los servicios sociales. "Nos encontramos con personas de las que no tenemos constancia, y hay que hacer un informe sobre una situación que no conocemos", ha afirmado, apuntando también a las barreras idiomáticas y la falta de documentación en algunos casos.

La situación, ha añadido, no es exclusiva de Córdoba, sino que se repite en toda Andalucía. En unas recientes jornadas del sector, "era un clamor" entre trabajadores sociales de municipios, diputaciones y entidades, que reconocen no tener instrucciones claras sobre cómo actuar. Además, la falta de datos dificulta prever la evolución de la demanda. Asegura que muchas de las personas solicitantes no están empadronadas, lo que impide saber si residen en el municipio o si han llegado recientemente para iniciar el trámite. "No sabemos si esto se frenará en unos días o seguirá multiplicándose durante los dos meses", ha señalado.

Ante este escenario, el Ayuntamiento estudia reforzar la coordinación con entidades sociales acreditadas e incluso ceder espacios para facilitar la atención. Sin embargo, Contador ha criticado que la medida no haya venido acompañada de refuerzos de personal ni financiación adicional. "Cuando se prevé un incremento de trabajo, lo normal es ampliar plantilla con personal especializado, pero en este caso no ha sido así", ha lamentado.

"Es un proyecto muy bonito en el papel, pero está generando mucha incertidumbre", ha concluido la delegada, quien ha insistido en que "no estamos hablando de objetos, sino de personas en situaciones muy vulnerables, y esto hay que hacerlo bien".

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