Víctimas de Adamuz denuncian "abandono institucional" tres meses después del accidente

El presidente de la Asociación Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha denunciado este sábado, cuando se cumplen tres meses del accidente ferroviario en el que murieron 46 personas, el "abandono institucional" que sufren, y ha subrayado la "indignación" de las víctimas ante la falta de avances en la investigación y en la asunción de responsabilidades.

Samper ha calificado de "insuficiente" el apoyo recibido por parte de las administraciones y ha arremetido contra Adif y el Ministerio de Transportes, acusándoles de "ningunear" a las víctimas y de obstaculizar el proceso.

Samper ha denunciado la presunta "manipulación de documentación" y la "retirada de material de la vía que es objeto de investigación", al tiempo que ha criticado a la Junta de Andalucía, que "se ha negado a informar a la comisión de investigación sobre la intervención de los servicios de emergencia, teniendo que ser un juez quien exija dichos datos", algo que ha calificado de "increíble".

Asimismo, ha afeado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que el pasado martes, coincidiendo con la manifestación convocada por la asociación a las puertas del Congreso, manifestara su interés por reunirse en ese momento con las víctimas cuando "en Huelva -provincia en la que residían 26 de los 46 fallecidos- llevamos tres meses esperando que venga. Nos prometió venir a Huelva hace más de un mes y seguimos esperando. No ha cumplido ni uno solo de los puntos que le requerimos".

También ha denunciado que las oficinas de atención creadas por el Gobierno central y la Junta de Andalucía no están cumpliendo su función de manera proactiva: "No es de recibo que tenga que ser la asociación la que localice a las víctimas por redes sociales; estas oficinas están muy bien de cara a las elecciones, pero no son prácticas ante las víctimas".

La única nota de esperanza para el colectivo proviene de Europa después de que, tras reunirse con la Comisión Europea el pasado día 8, Samper confirmó que el organismo supervisará la investigación española para garantizar su transparencia: "Esperamos que se asuman responsabilidades de inmediato y que el juicio no se demore años; hay 46 personas bajo tierra y los responsables actúan como si nada hubiera pasado", ha concluido.