Tulia comunicó a la Policía y a su hijo que su presunto agresor la acechaba horas antes de morir: "Ha entrado aquí esta noche"

Tulia, la mujer asesinada el lunes pasado en la Fuensanta (Córdoba), presuntamente, por su expareja, habría alertado a la Policía Nacional de que había quebrantado la orden de alejamiento horas antes del crimen. "Ha entrado aquí está noche", relató a su hijo, según afirma la familia. También le indicó que había avisado a la Policía Nacional, los agentes acudieron y, tras llamar a la puerta y no recibir respuesta, se marcharon. Ella vivía en la tercera planta del número 1 del pasaje Virgen de Luna y él, en la cuarta.

Fuentes consultadas por Diario CÓRDOBA explican que esto ocurrió entre las 3.00 y las 5.00 horas del lunes. La víctima falleció en torno a las 9.00 horas, al ser apuñalada con un cuchillo de grandes dimensiones cuando regresaba de pasear a su perro con una vecina.

Siempre de acuerdo con el relato de la familia, supuestamente, los agentes acudieron una primera vez al piso de la expareja y después visitaron a Tulia para comunicarle que nadie les abría la puerta. La familia entiende que es obvio, dado que estaría quebrantando una orden judicial. Tras conversar con la víctima, subieron de nuevo a la cuarta planta y, al no recibir respuesta, abandonaron el edificio.

Su hijo iba a acompañarla al juicio

Tulia telefoneó a su hijo en torno a las 7.00 horas del lunes porque el joven iba a recogerla para acudir al juicio rápido que había sido programado por el juzgado de Violencia sobre la Mujer, a raíz de la denuncia presentada por ella dos días antes.

La Subdelegación del Gobierno sostiene que la fallecida, a la que se atribuyó un riesgo medio de especial relevancia en el sistema Viogén, declinó el acompañamiento policial a la Ciudad de la Justicia. No obstante, según detalla el Ministerio del Interior, entre las medidas policiales obligatorias del riesgo medio se halla el "acompañamiento a la víctima en actuaciones de carácter judicial (...) cuando se considere que puede existir algún tipo de riesgo para la propia víctima".

Revisar el cumplimiento de los protocolos

Es por ello que la familia de la fallecida espera ahora que se revise el cumplimiento de los protocolos de protección. Además, su abogado, José Rafael Palomino, pretende recopilar información sobre la actuación policial en este caso, con objeto de esclarecer lo acontecido.

El 20 de mayo, el primer juicio

En cualquier caso, a raíz de la muerte de Tulia, colombiana de 64 años de edad, ha comenzado un rosario de posibles causas judiciales contra su expareja, español de 65 años, a quien denunció por primera vez en 2005. La familia alude a otra denuncia presentada hace una década, que no llegó a tramitarse quizá por la falta de ratificación o la retirada por parte de la víctima.

El próximo 20 de mayo, Violencia sobre la Mujer celebrará el primer juicio contra su presunto agresor, a quien el Ministerio Fiscal atribuye los delitos de lesiones, amenazas y daños. La acusación, ejercida ahora por la familia de la fallecida, se ha adherido a estas conclusiones.

El procesado ya ha negado los hechos y en el juicio se reproducirá la declaración de la fallecida ante el juzgado de Guardia. De acuerdo con la denuncia, el encartado entró a su vivienda armado con un martillo, destrozó el equipo de música y la amenazó con destrozar su casa. Además, la agarró por el pecho.

Maltrato hacia su pareja e hijos

En segundo lugar, la acusación particular prevé denunciarle por un supuesto maltrato habitual (violencia física y psíquica) a la víctima y a sus dos hijos. Estos hechos, según aclara José Rafael Palomino, no habrían prescrito.

Por último, tendrá que responder, previsiblemente, por el quebrantamiento de la orden de alejamiento y por el homicidio o asesinato de Tulia. El abogado de la familia estima que podrían solicitar entre 25 y 30 años de prisión, teniendo en cuenta que, a priori, aprecia agravantes como el ensañamiento y la alevosía.

"Esto va a un juicio con jurado"

En el marco de este procedimiento, han solicitado al Instituto de Medicina Legal el desarrollo de exámenes psicológicos y toxicológicos al presunto agresor, para determinar su estado y su posible resonsabilidad en los hechos. La familia quiere visibilizar lo ocurrido y su abogado adelanta que "no vamos a aceptar ninguna clase de conformidad. Esto irá a juicio con Tribunal del Jurado".