Cientos de inmigrantes intentan acogerse a la regularización masiva en Córdoba

La regularización extraordinaria de inmigrantes ya es una realidad, pero su puesta en marcha ha venido acompañada de una avalancha de consultas, incertidumbre y un sistema que empieza a tensionarse incluso antes de que arranquen las solicitudes presenciales, con colas en el Ayuntamiento de Córdoba para obtener documentos como el empadronamiento o la firma del certificado de vulnerabilidad. Abogados y entidades sociales coinciden en el diagnóstico: la necesidad es enorme y las dudas, con casos tan diferentes como personas interesadas hay, siguen siendo muchas. Aunque no existen cifras oficiales para la provincia, todas las entidades coinciden en que son cientos -si no miles- de personas solo en Córdoba.

Las organizaciones sociales y los servicios jurídicos coinciden en el diagnóstico: la necesidad es enorme y las dudas también. "Las llamadas y las visitas son continuas, no paran", explica desde Cruz Roja su responsable del programa de Inmigrantes, Larissa Niemiz, que señala que la entidad ha intensificado su trabajo informativo y están reorganizando completamente su atención: sesiones informativas semanales, revisión individual de expedientes y acompañamiento en la tramitación. El objetivo es claro: evitar errores en un proceso que puede ser determinante porque "si presentas mal la documentación, luego el problema es mayor".

Las entidades coinciden en que desde hace meses trabajan intensamente acompañando a los usuarios en la preparación de los requisitos, especialmente en la obtención de antecedentes penales, "muy difíciles de conseguir en los consulados de ciertos países" y condicionados en muchos casos por la falta de recursos para desplazarse, pagar tasas o traducir documentos. A pesar de ello, advierte de que persisten dificultades con algunas nacionalidades.

El coordinador del Programa de Emancipación de la Fundación Don Bosco, Antonio Alférez, también pone el foco en las personas que no están vinculadas a ninguna entidad social, un colectivo especialmente vulnerable, al tiempo que alerta de que están recibiendo un volumen importante de personas fuera de los programas, no solo en Córdoba capital sino también en la provincia, en municipios como Palma del Río o Posadas, donde el tejido es más limitado pese a la presencia de población migrante vinculada al sector agrícola. En ese sentido, detalla que hay alrededor de 60 personas en Córdoba capital atendidas por la entidad, y tienen identificadas unas 200 en Palma del Río y 50 en Posadas.

"Tenemos que hacer un esfuerzo para arrimar el hombro y que la mayor cantidad de personas se puedan beneficiar, sin llegar a colapsar nuestros servicios, porque si no es una oportunidad perdida", sostiene Alférez.

El responsable de Don Bosco también apunta a una lectura de fondo sobre el origen de la situación actual: "Haber llegado a este punto es porque a lo mejor la Ley de Extranjería no iba incorporando de manera progresiva a estas personas", lo que, a su juicio, ha contribuido a generar situaciones prolongadas de irregularidad.

El informe de vulnerabilidad, un "gran cajón de sastre"

Uno de los puntos que más incertidumbre genera es el nuevo informe de vulnerabilidad, que se ha convertido en un elemento central del proceso. Lorena García, responsable de Extranjería del Colegio de Abogados de Córdoba, lo define como "el gran cajón de sastre", mientras que desde Córdoba Acoge, Blanca Bohórquez advierte de que su aplicación introduce un filtro no previsto inicialmente y genera inseguridad tanto a profesionales como a solicitantes. La medida afecta a quienes no solicitaron protección internacional y tampoco puedan acreditar ni un perfil laboral ni familiar. En esos casos, deberán demostrar su situación de vulnerabilidad mediante un informe firmado por entidades sociales o servicios públicos.

Otro error frecuente es confiar únicamente en el empadronamiento para demostrar su estancia en el país. "El empadronamiento no demuestra que no hayas salido de España", advierten. Por eso recomiendan aportar todo tipo de pruebas: facturas, envíos de dinero, historiales médicos o movimientos bancarios o de transporte. "Una vida deja rastro", resume gráficamente Lorena García.

Prudencia frente a la urgencia

Pese a la presión, el mensaje es unánime: calma. El plazo se extiende hasta junio y precipitarse puede jugar en contra. "No recomendamos que todo el mundo se lance el primer día", señala Bohórquez. "Es mejor esperar a que se aclaren algunos aspectos y presentar bien la solicitud", señala. Solo en casos muy concretos -situaciones límite o expedientes urgentes- aconsejan adelantar el proceso.

A pesar de las dudas, Cruz Roja, Córdoba Acoge, la Fundación Don Bosco y el Colegio de la Abogacía coinciden en que la regularización era necesaria. Durante años, miles de personas han vivido en una "tierra de nadie" legal, trabajando sin derechos y con enormes dificultades para integrarse plenamente en la sociedad. "Era una deuda que teníamos", afirma Lorena García. "Sin esta medida, muchas situaciones de exclusión se cronifican", añade Bohórquez. En esa misma línea, Antonio Alférez destaca que el proceso "va a permitir que muchas personas tengan estabilidad, seguridad y se le vean reconocidos sus derechos".

En medio de la incertidumbre, una idea se repite en todos los ámbitos: la regularización no solo responde a una necesidad administrativa, sino a una realidad social que llevaba tiempo esperando respuesta. Ahora, el reto será que el proceso esté a la altura.

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