Largas colas en el Ayuntamiento de Córdoba para obtener documentos para la regularización de inmigrantes

A las ocho menos cuarto de la mañana, la cola ya llegaba casi hasta Gondomar. Una gran cantidad de personas esperaban frente a la sede del Ayuntamiento de Córdoba de Gran Capitán para conseguir dos de los documentos que se han convertido en clave para acogerse al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes: el certificado de vulnerabilidad y el empadronamiento. Desde el Consistorio reconocen que es "una avalancha", pero aseguran que el sistema ya está preparado para gestionar las solicitudes.

La escena refleja la urgencia y la incertidumbre que se han generado tras la publicación del nuevo procedimiento en el BOE. Muchas de las personas concentradas llevaban horas esperando, algunas desde primera hora de la madrugada, con la intención de asegurarse un turno. El requisito del informe, que debe incluir firma y sello de los Servicios Sociales del Ayuntamiento o de entidades sociales autorizadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha provocado un efecto inmediato de largas colas.

Un certificado imprescindible en varios casos

Este certificado es ahora imprescindible para quienes no pueden acreditar su situación a través de otras vías, como un contrato de trabajo o la existencia de menores a su cargo. Sin embargo, los detalles sobre cómo o a quién solicitarlo siguen sin estar del todo claros. Otro de los documentos que también es necesario (aunque no imprescindible) para acreditar la estancia en España es el empadronamiento. En el caso de Córdoba existe un colapso importante, con solicitudes que superan ya las 13.200, lo que también incrementa estas colas.

"Lo que hay es una avalancha"

La responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha advertido de la presión que están sufriendo los equipos municipales tras la puesta en marcha del proceso de regularización de personas migrantes, que concentra en pocos meses una elevada demanda de atención. "Ahora mismo es una avalancha lo que hay, porque se le ha dado solamente dos meses a estas personas", señala Contador, que critica que no se haya acompañado la medida con refuerzos suficientes: "El Ministerio nos da la competencia a los servicios sociales, entonces es fácil crear este caos".

Pese a ello, explica que el sistema ya está preparado para gestionar las solicitudes a través del nuevo canal digital CitaPluss. "Nosotros estamos preparados y se ha creado una pestaña específica para la regularización y el informe de vulnerabilidad", detalla.

Contador confía en que el impacto en las listas de espera sea limitado, aunque reclama más apoyo institucional. "El Gobierno de España debería acompañar a los servicios sociales a la hora de reforzar con personal por la sobrecarga tan grande", afirma. Con todo, defiende el trabajo del equipo municipal y su objetivo de reducir al máximo los tiempos de atención.

La Diputación de Córdoba también ha registrado largas filas en su sede del Palacio de la Merced. En este caso, la institución provincial no emite el certificado de vulnerabilidad, pero sí actúa como registro de entrada, recibiendo las solicitudes y remitiéndolas a la administración competente, que es la encargada de su valoración y emisión.

Mientras tanto, las entidades sociales advierten de que la situación puede agravarse en los próximos días si no se refuerzan los recursos y se aclaran los procedimientos. La recomendación general, insisten, es evitar las prisas y preparar bien la documentación, pero el plazo se cumple el próximo 30 de junio.