La jefa de Salud mental del hospital Reina Sofía de Córdoba, imputada por el suicidio de un paciente, niega que tuviese conductas autolíticas

La jefa de Salud mental del hospital Reina Sofía de Córdoba ha declarado este jueves como imputada por un homicidio imprudente y un delito de denegación de asistencia sanitaria tras la muerte de un paciente en el año 2020. Durante el interrogatorio, ha manifestado que descarta "totalmente" la posibilidad de que esta persona se suicidase, a pesar de que diferentes documentos aportados por la acusación aluden a una conducta autolítica.

Entre otros hechos, la fiscal ha preguntado a la acusada por unas manifestaciones realizadas en el servicio de Urgencias, adonde llegó afirmando que quería morir y que tenía pensado cómo hacerlo, pero ha insistido en que no tenía intención autolítica y ha indicado que así lo recogen diferentes documentos de su historial clínico. La familia del fallecido, sin embargo, mantiene que consumía fármacos para acabar con su vida y que llevaba solicitando ayuda desde el año 2010.

Psiquiatra de referencia en los episodios críticos del paciente

La directora de Salud mental era la psiquiatra de referencia en los episodios críticos del paciente y ha detallado que este sufría un trastorno mixto de personalidad con consumo abusivo de tóxicos, lo que le provocaba una "disfuncionalidad conductual muy grave". Esta persona llegó a ser imputada por un homicidio y permaneció tres años en prisión.

Un segundo psiquiatra le diagnosticó un trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo, pero la procesada ha explicado que no lo compartía. A preguntas de las partes, también ha afirmado que el Servicio Andaluz de Salud no dispone de más recursos de los que recibió el fallecido. Además, fue atendido en los recursos de la Diputación provincial para drogodependientes.

El fallecido fue ingresado en ocho ocasiones desde 2013

En 2014, un juez autorizó la hospitalización involuntaria del fallecido y seis años más tarde, en 2020, esta decisión le fue comunicada de nuevo a Salud mental días antes de la muerte. Sin embargo, el paciente no llegó a ingresar. Esta responsable ha explicado que, tras conocer la autorización judicial, lo advirtió en el servicio de Urgencias para que estuviesen preparados para su llegada, detallando que el SAS no dispone de medios para buscar a los pacientes.

Según ha recordado, el fallecido fue ingresado en ocho ocasiones desde 2013 y siempre se trató de ingresos involuntarios, excepto uno de ellos. Cuando esto ocurría, era conducido por la Policía o por el 061, a veces por iniciativa de la familia y otras veces por la actuación policial.

La Fiscalía reclama cuatro años de prisión para esta psiquiatra y siete años de inhabilitación, y le atribuye un homicidio imprudente y un delito de denegación de asistencia sanitaria. La doctora, supuestamente, pese a conocer las reiteradas peticiones de atención hospitalaria de este paciente con esquizofrenia que manifestaba su intención de suicidarse, no activó ningún protocolo ni hizo seguimiento, señala la fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.

Compañeros de la psiquiatra acuden a arroparla

El juicio está siendo celebrado por el juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba y continuará en los próximos días. Carmen González, la jueza titular de esta plaza, ha interrumpido el interrogatorio a la acusada en diferentes ocasiones ante la dificultad para seguir las declaraciones y la queja del Ministerio Fiscal, representado por Carmen Romero, quien lamentaba, en línea con la acusación particular, que la procesada (que se ha extendido insistiendo en tecnicismos y en el funcionamiento interno del sistema sanitario) no respondía a sus preguntas. Carmen González ha tenido que reprender, asimismo, a asistentes al juicio que realizaban comentarios o respondían a las preguntas de las partes en voz alta.

De esta forma, la vista es pública y ha contado con la asistencia de medios de comunicación locales y nacionales, así como de compañeros de la psiquiatra procesada, que han acudido al juicio para arroparla. Muchas de estas personas no han podido entrar en la sala por la falta de espacio. Entre los presentes se hallaba José Manuel Aranda, exgerente del Reina Sofía y del SAS, citado como testigo en la causa.