Las claves del asesinato de Tulia, un caso que quiebra siete años sin crímenes machistas en Córdoba capital

"Esto ocurre también con víctimas que no han denunciado, que no existe un riesgo alto y las matan", afirma Concepción Ortega, responsable de Violencia sobre la Mujer del Colegio de la Abogacía de Córdoba, acerca del presunto asesinato de Tulia, vecina de la Fuensanta, a manos de su expareja el lunes pasado.

Se hallaba en el sistema Viogén de seguimiento a mujeres que sufren violencia machista, pero su riesgo fue catalogado como medio de especial relevancia. Los registros no contemplan una primera denuncia que interpuso contra su expareja en 2005, durante su separación, cuando todavía no existía el Viogén, y esto pudo incidir en el nivel de peligro que se le atribuyó. Hasta el sábado pasado no existían precedentes judiciales entre la víctima y su presunto agresor.

Tulia le denunció después de que él, que tenía llaves de su domicilio, entrara en la vivienda armado con un martillo, destrozara su equipo de música, la agarrara por el pecho y la amenazara con destrozar su casa, según recoge la denuncia. La Policía la acompañó al centro de salud y al juzgado de Guardia. También dispuso de un agente protector que permaneció en contacto con ella el sábado y el domingo, y se le ofreció acompañamiento policial para acudir al juicio rápido programado para el lunes, pero lo rechazó. Una hora antes de la vista, en la vivienda, recibió una agresión mortal con un arma blanca.

Solicitaron una orden de alejamiento

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía explica que el juez de Guardia impuso a la expareja de Tulia la medida cautelar solicitada por las partes, que fue la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de la fallecida por un presunto delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género. Aclara que ni la Fiscalía ni ninguna otra de las partes personadas en el procedimiento solicitaron su ingreso en prisión provisional ni la imposición de ninguna medida distinta a la acordada.

Concepción Ortega explica que, para que el juez entre a valorar la privación de libertad de un investigado, las partes deben solicitarlo. Además, si lo hubiesen pedido, el caso tendría que cumplir unos requisitos, ya que "es una medida muy restrictiva de los derechos fundamentales. El supuesto delito tendría que implicar una pena superior a dos años de prisión", detalla.

"Si un individuo quiere incumplir la orden de alejamiento, lo hará"

La abogada penalista Concepción Ortega admite también que, como parece que habría ocurrido en este caso, "si un individuo quiere incumplir la orden de alejamiento, lo hará, porque no hay un policía detrás de todas las personas para que cumplan las resoluciones judiciales". Por ello, reivindica que "hay que decirle a las víctimas que se acojan a todas las protecciones que haya".

Fuentes de la investigación recuerdan que la Policía interviene ante posibles quebrantamientos de medidas cautelares, llegando a detener al individuo, cuando la víctima o los testigos le informan sobre ello. El sábado pasado, los agentes condujeron a la expareja de Tulia a casa de un familiar y comprobaron más tarde que se encontraba allí con objeto de que cumpliese la orden de alejamiento. La víctima y su supuesto agresor residían en la tercera y en la cuarta planta, respectivamente, del número 1 del pasaje Virgen de Luna.

Sin evidencias en dos décadas

De su parte, María Teresa García, jefa de la unidad de violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba, defendió este martes la actuación policial y confirmó que había una denuncia previa del año 2005, pero entonces no existía el sistema Viogén, por lo que no estaba registrada en las bases policiales. Asimismo, aseguró que durante estos 20 años no hubo "ninguna evidencia" de que podía producirse la agresión, hasta que el pasado día 11 de abril Tulia decidió denunciar a su agresor.

En Córdoba, en estos momentos hay incluidas más de 2.300 mujeres en el sistema Viogén, pero solo los casos de riesgo extremo tienen vigilancia policial durante las 24 horas. De esas víctimas, más de mil mujeres están consideradas de riesgo medio, en tanto que no hay ninguna en riesgo extremo ahora, informa Irina Marzo.

Le precede Ana Lucía Da Silva

Tulia, de nacionalidad colombiana, es la primera víctima mortal de la violencia machista en la ciudad de Córdoba en los últimos siete años. Le precede Ana Lucía Da Silva, brasileña, que fue asesinada por su pareja en el barrio de Santa Rosa en junio de 2019. No obstante, la última víctima mortal registrada en la provincia fue Juana Cepas, asesinada en Pozoblanco en 2023.

La información de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres indica que desde el año 1999, cuando comienza su registro de víctimas mortales, se han contabilizado 32 fallecidas en la provincia. Los peores años han sido 2019 y 2004, con cuatro mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas sentimentales en cada ejercicio. Justo en 2004 fue publicada la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en España.

Beatriz Rey, fiscal: "Seguiremos trabajando"

El asesinato machista de Tulia ha provocado consternación en Córdoba, que ha expresado su repulsa a estos crímenes con concentraciones y con minutos de silencio en las instituciones. Por el momento, la expareja sentimental permanece en el calabozo, a la espera de que la Policía Nacional concluya sus diligencias y sea puesto a disposición de la jueza de Violencia sobre la Mujer. En estos días, entre otras actuaciones, se toma declaración a testigos de los hechos.

La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Córdoba, Beatriz Rey, afirmó ayer a este periódico que "nosotros continuamos con nuestro trabajo diario, tomando todas las medidas necesarias para la protección de las mujeres".

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