Las "ventanas indiscretas" de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque

La comunidad de propietarios de un bloque de pisos del barrio de Noreña de Córdoba, ubicado en la calle Isla Gomera 19, ha llevado a juicio a la empresa Projarsa contra la construcción de 29 viviendas de protección oficial (VPO) en los bajos de su edificio. Según la presidenta de la comunidad, la abogada Salud Ortiz Lahoya, el local comercial que se quiere convertir en viviendas de una habitación con baño y cocina está sujeto a los estatutos del bloque, que "impiden el uso a los habitantes del local de elementos como la piscina, el ascensor, los portales o la azotea, motivo por el cual la cuota de comunidad es muy pequeña y el propietario no tiene que pagar luz, agua y otros gastos de mantenimiento del bloque".

Según el proyecto, para la construcción de las viviendas sería necesario abrir unas ventanas que den luz y ventilación a una docena de apartamentos en la fachada interior del edificio que da al patio central, donde se encuentra la piscina. En ese muro, existen actualmente unas rendijas de ventilación que serían sustituidas y ampliadas para convertirlas en ventanas. Sin embargo, la comunidad de vecinos se opone por unanimidad a esa modificación, al considerar que esto "alteraría sustancialmente la fachada interior y en particular, la servidumbre de vistas del patio". Es decir, que al abrir las ventanas, los habitantes de las VPO podrían ver sin permiso lo que pasa en las zonas comunes de los vecinos de arriba, algo a lo que se niegan.

Además, "esas ventanas romperían la estructura de convivencia", añade la abogada, convencida de que "al abrirse a una zona de recreo donde a diario juegan niños, los pelotazos causarían molestias y esto sería una fuente de problemas". Se da la circunstancia de que este bloque en el que viven 65 familias comparte zonas comunes con otros edificios, todos independientes entre sí, cuyos bajos son viviendas, en ese caso, planificadas en el proyecto de construcción inicial del edificio. "Lo que se haga en otros edificios no tiene nada que ver con nosotros", apunta la letrada, que no será quien lleve el caso ante el juzgado.

La presidenta insiste en que "la apertura de ventanas en el patio es innegociable" e invita al constructor a "reducir el número de apartamentos y construir solo los que tengan salida a la fachada exterior". También recuerda que "los estatutos prohíben establecer negocios destinados por ejemplo a la hostelería", aunque hay otros que sí tienen cabida. "Un promotor anterior solicitó permiso para abrir una clínica de diálisis y le concedimos la autorización", asegura, aunque finalmente no se llevó a cabo.

Daniel Aguilar, gerente de Projarsa, lamenta la postura de la comunidad. "Ha costado mucho sacar un proyecto de VPO en Córdoba y dada la escasez de vivienda actual, cabría esperar que en una zona donde todo son viviendas de protección oficial, incluido ese bloque, los vecinos fueran más sensibles a una iniciativa que habilitaría 29 apartamentos, seguramente en régimen de alquiler, a precios más asequibles".

Aguilar cree que el argumento de las ventanas "es una excusa" porque esas ventanas "darían a un patio privado de la comunidad que en realidad es una zona amplia exterior donde el resto de edificios tienen viviendas en los bajos y no hay ningún problema". Considera que esas ventanas "no suponen ningún perjuicio para la comunidad e incluso propusimos hacerlas más altas para garantizar la privacidad y no quisieron" y añade que "en su día, solicitamos también el acceso a la piscina pagando la cantidad correspondiente y se negaron". El resto de vecinos del bloque consultados han rehusado hacer declaraciones y remiten a la presidenta.

A la espera de la celebración de la vista del juicio, que tendrá lugar en el mes de junio, el juez ha ordenado como medida cautelar la paralización de las obras. Mientras tanto, este martes está previsto que la Gerencia de Urbanismo rechace el recurso presentado por la comunidad contra la concesión de la licencia de obra correspondiente. "Eso es lo normal porque Urbanismo no se mete en cuestiones civiles, solo urbanísticas", coinciden ambas partes.

El gerente de Projarsa explica que "una obra parada suponen muchos gastos y pone en riesgo la financiación", por lo que "ya estamos trabajando en otras alternativas para ese inmueble mientras se celebra el juicio". Entre las opciones que se plantean está la instalación de una fundación dedicada a la inserción social de personas sin hogar y enfermos hospitalizados sin vivienda. "En ese caso, habría una zona de enfermería y el resto serían viviendas que darían a la fachada exterior", ha apuntado Aguilar.

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