Tragedia ferroviaria
Iryo se persona como perjudicada en la causa judicial del accidente de Adamuz
La compañía afirma que el Tribunal de Instancia de Montoro ha permitido a Ilsa, la empresa dueña de esta operadora, participar como acusación particular

Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz. / Europa Press
EUROPA PRESS
La operadora Iryo, cuyo tren descarriló el 18 de enero pasado colisionando con un Alvia en Adamuz (Córdoba), se ha personado en el proceso judicial que investiga este accidente ferroviario, lo que supone considerar a esta empresa, con la mayor parte de su capital en manos del Estado italiano, como "perjudicado".
Así lo informa su matriz italiana, la pública Ferrovie dello Stato Italiane (Trenitalia), en su última cuenta de resultados, donde recoge los detalles del accidente en España, que causó 46 fallecidos y más de 120 heridos. En un documento, la compañía cita que la investigación preliminar llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a una rotura de la vía como principal causa y remarca que el responsable del mantenimiento de la vía es Adif, la empresa pública española que gestiona la red ferroviaria.
La compañía italiana también recuerda que, por ahora, ninguna parte ha sido acusada penalmente y que Ilsa, la sociedad con sede en Valencia dueña de Iryo, ha pedido participar en el proceso legal que se lleva a cabo en Montoro (Córdoba). La jueza titular del juzgado número 2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) ya ha permitido a Ilsa participar como acusación particular, por lo que se le considerará una parte perjudicada, según explica.
Rechazo a la personación de Ouigo
En cuanto a lo ocurrido con otra operadora ferroviaria, la francesa Ouigo, la jueza rechazó su petición al no ser perjudicado directo del siniestro, según lo recoge una diligencia de ordenación de fecha 7 de abril, si bien cabe interponer recurso de reposición ante la letrada de la Administración de Justicia. Tampoco se aceptó la personación, como acusación popular, de los ayuntamientos de Huelva, Punta Umbría y Lepe, del partido político Iustitia Europa y del Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro).
En cambio, la jueza aceptó la personación como actor civil de la Junta de Andalucía, que solo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios sufridos por el accidente, pero no podrá pedir pruebas ni diligencias de Instrucción.
También admitió al Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, Vox, Asociación HazteOir.org, Sindicato de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Asociación Víctima de los Políticos y Asociación Liberum, una personación condicionada a la previa prestación de una fianza de 3.000 euros para cada una de las acusaciones.
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