La Junta activa 141 protocolos por acoso escolar en Córdoba en lo que va de curso: doce casos ya se han confirmado

El acoso escolar sigue poniendo a prueba a los centros educativos cordobeses y a las administraciones implicadas. La provincia de Córdoba ha registrado 141 protocolos abiertos por posible acoso escolar en lo que va de curso 2025-2026. De ese total, en doce casos se ha constatado finalmente que realmente existía una situación de acoso. Se trata de un balance provisional sobre el bullying en las aulas cordobesas que no puede equipararse de forma automática al del ejercicio anterior, que recoge el conjunto del año escolar. De este modo, en el curso 2024-2025 se abrieron 412 protocolos y en 30 de ellos se confirmó la existencia de acoso, unas cifras bastante mayores a las del curso actual, porque no ha finalizado.

Más allá del dato bruto, la lectura de estas cifras exige una precisión importante: como se puede observar, un protocolo abierto no equivale necesariamente a un caso confirmado de acoso. La activación del procedimiento responde a la existencia de indicios, sospechas o denuncias que obligan al centro educativo a investigar y aplicar las medidas de seguimiento previstas. Solo una vez desarrollado ese proceso puede determinarse si hubo o no acoso escolar.

Esa diferencia explica que el volumen de protocolos sea muy superior al de casos constatados. En el curso 2024-2025, de los 412 expedientes abiertos se confirmaron 30 casos (7,2%), mientras que en el actual, hasta mediados de marzo, se han acreditado doce de los 141 protocolos iniciados, un 8,5% del total. En términos relativos, eso supone que el porcentaje de casos confirmados sobre el total de protocolos es ligeramente superior este curso, aunque la evolución definitiva no podrá conocerse hasta el cierre del calendario escolar.

El dato llega en un momento en el que la convivencia en las aulas y la respuesta institucional frente al acoso escolar han cobrado un protagonismo especial en Andalucía. La Junta ha situado esta cuestión en el centro del debate tras la celebración en Córdoba del Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, donde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional planteó reforzar las alertas en los protocolos, comunicar desde el primer momento las denuncias a la Inspección Educativa y a las familias y estudiar cambios normativos para endurecer la respuesta contra los acosadores, incluido el posible traslado de centro como medida de protección a la víctima.

De esta forma, se ha propuesto integrar de forma más clara la convivencia y el bienestar emocional en la ordenación y evaluación educativa y avanzar en los procesos de desburocratización que faciliten respuestas más ágiles y eficaces ante las situaciones de acoso, una de las principales críticas que recibe Educación por parte de sindicatos y asociaciones como MIA. "Nos comprometemos a agilizar los protocolos para que la inspección educativa entre a supervisar los casos de acoso y de autolesiones en el momento en el que se denuncian, acortando el procedimiento", dijo la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo. Igualmente, se comprometió a tomar medidas de mayor calado cuando ante los casos de alerta de una situación de acoso el centro educativo no abra el protocolo.

Los docentes, solos y sin recursos según los sindicatos

Los sindicatos de CCOO, UGT, CSIF y la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) ya habían denunciado que aunque los docentes hacen un gran esfuerzo, no pueden afrontar solos y sin suficientes recursos (sobre todo humanos) un problema tan complejo como el acoso. Pedían un aumento de las plantillas y reducciones horarias para las personas que se encargan de los planes de convivencia y coeducación y poder formarse sin que les cueste trabajar fuera del horario laboral.

En ese contexto, la lectura de los datos no se limita a determinar si suben o bajan los casos. También pone el foco en la capacidad del sistema para detectar posibles situaciones de riesgo, actuar con rapidez y ofrecer garantías a las víctimas y a sus familias. Un mayor o menor número de protocolos puede estar vinculado no solo a la incidencia real del problema, sino también a la sensibilidad de los centros, a la implicación de las familias y a la eficacia de los mecanismos de alerta.

Por eso, la fotografía actual de Córdoba permite sostener que, hasta el 17 de marzo, el curso 2025-2026 presenta menos protocolos abiertos y menos casos confirmados que el anterior, pero será al final del curso cuando pueda comprobarse si esta tendencia se consolida y si la respuesta educativa logra traducirse en una mejora real de la prevención, la detección temprana y la protección del alumnado frente al acoso escolar.

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