Vivienda y sociedad
Colectivos sociales y partidos políticos piden más VPO y rehabilitación para fomentar el acceso a la vivienda en Córdoba
Las medidas sociales, centradas en las personas, y la contención de precios, las claves para atajar el problema de acceso a la vivienda

Vista de viviendas del casco histórico, uno de los barrios donde se pide mayor rehabilitación. / A. J. GONZÁLEZ

Colectivos sociales y de representación ciudadana -como Stop Desahucios, Juventud por el Clima y Movimiento Ciudadano- y partidos políticos proponen a CÓRDOBA algunas de las medidas que aplicarían para facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad. En un momento de aumento de precios y falta de oferta, las medidas que más se repiten son las de fomentar la vivienda protegida, rehabilitar la existente, movilizar la que está vacía y frenar los desahucios. Este periódico ya publicó hace una semana las propuestas que, en el mismo sentido, hacían promotoras y el sector de la construcción. Frente a las consideraciones de estos últimos de facilitar la construcción con más suelo finalista y menos trabas burocráticas y administrativas, los colectivos y algunos de los partidos consultados piden centrarse más en las personas, sobre todo, en aquellas que tienen más complicado acceder a un piso, ya sea en compra o en alquiler.
La intervención del mercado es otra de las medidas que se repiten en estas páginas, aunque no por parte de todos los colectivos consultados. En este caso, Stop Desahucios, Juventud por el Clima y Por Andalucía ponen el foco en regular precios, frenar la especulación o limitar los pisos turísticos.
El PP, por su parte, atribuye el problema a la falta de vivienda construida y defiende aumentar oferta con suelo disponible, VPO asequible, colaboración público-privada y menos burocracia. El PSOE, de parte de su portavoz municipal, señala directamente a la empresa pública Vimcorsa, abogando porque capte viviendas privadas para alquiler social e impulse mucho más la VPO.
Stop Desahucios
La plataforma Stop Desahucios tiene claro que «el principal problema es que la vivienda es hoy más un objeto de negocio que un derecho» y que «no se protege la función social que constitucionalmente ha de tener». Desde Stop Desahucios entienden que a día de hoy, «los precios son inasumibles, sea compra o alquiler, para una familia que dependa de un salario medio, y absolutamente inalcanzables para gente joven o quien viva en la precariedad laboral». Entre las medidas que proponen para atajar todo esto destacan acabar con los desahucios sin alternativa habitacional, más viviendas públicas de alquiler y penalizar el acaparamiento y la especulación. El colectivo no comparte la opinión de que a más vivienda más pisos asequibles o bajada de precios e insiste en que «las nuevas generaciones por mucho que se esfuercen y que trabajen nunca van a poder acceder a una vivienda en propiedad por sus propios medios, siendo la herencia en muchos casos la única posibilidad para tener una vivienda». Para Stop Desahucios, «las ayudas al alquiler son un mal menor» y una «opción coyuntural que si se prolonga en el tiempo lo que hacen los propietarios es incrementar el precio y absorber esas ayudas». Por lo tanto, piden más viviendas públicas en alquiler y, en definitiva, «cambiar las normas del negocio inmobiliario».

Parte del colectivo Stop Desahucios, en una reunión en el Rey Heredia. / A. J. GONZÁLEZ
Consejo del Movimiento Ciudadano. Juan Andrés de Gracia
Potenciar la VPO, mirar hacia la periferia y rehabilitación resumen las propuestas que el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) hace a través de su presidente, Juan Andrés de Gracia, para facilitar el acceso a la vivienda en Córdoba. De Gracia señala primero, eso sí, que el principal problema que existe en este sentido es «la falta de ingresos y de empleo estable» de quienes tienen que acceder a esas viviendas. «Lo esencial es empleo de calidad, salarios dignos y que la gente pueda entrar al mercado», añade, para apostillar que no todo puede ir encaminado hacia medidas urbanísticas o hacia las promotoras dejando de lado a la gente. El presidente del CMC aboga por construir suficiente VPO en los barrios futuros y por establecer también desarrollos en la periferia para quienes quieran otro modelo de vivienda. Entre las propuestas del Movimiento Ciudadano también destaca la compra de solares por parte del Ayuntamiento en zona del casco para fomentar allí la actividad residencial y la rehabilitación, tanto en esta parte como en los barrios asentados. A juicio de De Gracia y del CMC, «no hace falta calificación de más suelo del ya previsto», teniendo en cuenta que ya se han tomado medidas para ampliar la densidad. Sobre si las viviendas turísticas suponen un problema en este sentido, De Gracia dice que debe haber «el número adecuado» y evitar «la gentrificación».

Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano. / MANUEL MURILLO
Juventud por el Clima
El colectivo de jóvenes Juventud por el Clima, que habla desde la colectividad y sin portavoz, centra sus medidas en el mercado del alquiler, el que tiene presente con la compraventa más alejada de sus objetivos actuales. Juventud por el Clima entiende que «el acceso a alquileres asequibles es prácticamente imposible dado que gran parte de los alquileres que había de larga temporada se han transformado en alquileres de temporada y turísticos» y señalan hacia «un mercado de trabajo precarizado» que complica mucho los pagos y que impide tener capacidad de ahorro. Este colectivo pide declarar como zonas tensionadas varios barrios, frenar las licencias para apartamentos turísticos y rehabilitar casas y solares en los barrios tradicionales. Para fomentar el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, entienden que hay que «regular los precios del mercado» y añaden que medidas para el fomento de la compra o el alquiler «solamente pueden tener un impacto real si previamente existe un tope; si no, se convierten en medidas únicamente estéticas». Juventud por el Clima califica como «urgente» el recuperar la oficina municipal de la vivienda para asesorar a las familias más vulnerables, al entender que ese trabajo que debería realizar el Ayuntamiento lo está haciendo ahora Stop Desahucios, que es «donde acuden las familias a asesorarse».

Algunas de las integrantes del colectivo Juventud por el Clima. / CÓRDOBA
PP. Carmen Granados
La coordinadora de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del PP de Córdoba, Carmen Granados, cree que el principal problema en este sentido es «la falta de vivienda» porque «durante años no se ha construido lo suficiente y eso ha provocado una fuerte presión sobre los precios». Por ello, «propone poner suelo en carga de manera inmediata, aplicando todas las herramientas del Decreto-ley 1/2025», impulsar la VPO a precios asequibles «mediante colaboración público-privada» y reducir burocracia y plazos administrativos «porque no tiene sentido que un proyecto tarde años en ponerse en marcha». Para Granados, la «única solución eficaz» para frenar los precios es aumentar la oferta con la fórmula «más vivienda, más rápido y con menos trabas». En cuanto a las medidas para favorecer el acceso a la vivienda a colectivos como el de los jóvenes, cree necesario «más vivienda protegida, ayudas al alquiler y facilidades para el acceso a la primera vivienda. Pero, sobre todo, generar un mercado con precios razonables aumentando la oferta, porque sin eso cualquier ayuda se queda corta». En cuanto a la movilización de pisos vacíos, Granados considera que se debe dar «confianza» a los propietarios con «seguridad jurídica, garantías frente a la ocupación y facilidades para alquilar». En cuanto a rehabilitación, opina que tiene «un papel clave».

Carmen Granados, en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO
PSOE. Antonio Hurtado
Para el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, el principal problema de acceso a la vivienda en Córdoba es la falta de oferta a «precio asequible», tanto en régimen de alquiler como de compraventa. Entre las medidas que propone el socialista para atajar el problema destacan un plan de adquisición del usufructo de viviendas privadas por Vimcorsa para incorporarlas al mercado mediante un alquiler social, así como fomentar mucho más la VPO por parte de la empresa municipal. Para frenar la subida de los precios, el socialista pide a la Junta que declare a Córdoba como «municipio tensionado» al entender que los pisos turísticos sí suponen un problema real (también pide limitarlos, tanto viviendas como apartamentos). La rehabilitación de viviendas en el casco y el desarrollo de suelo pendiente en zonas como el Cordel de Écija o la Ciudad de Levante también forman parte de la batería de medidas propuestas por Hurtado. El portavoz municipal del PSOE cree que también podrían movilizarse las viviendas vacías estableciendo un recargo fiscal en el IBI del 50%-150% para las mismas. En cuanto a medidas para evitar desahucios y atender a familias en exclusión, Hurtado habla de poner en marcha la oficina de la vivienda o de modificar el reglamento del registro de viviendas para incorporar en el cupo especial a familias vulnerables.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. / A. J. GONZÁLEZ
Por Andalucía. Rosa María Rodríguez
Rosa María Rodríguez, candidata de Por Andalucía (IU, Movimiento Sumar, Alternativa Republicana e Iniciativa del Pueblo Andaluz) por la provincia de Córdoba a las autonómicas entiende que «el principal problema es la combinación de precios desorbitados -tanto en alquiler como en compra- y una falta de oferta de vivienda asequible adaptada a la realidad económica de la mayoría social». Revertir las viviendas y apartamentos turísticos a uso residencial, movilizar la vivienda vacía, inacabada o en desuso, ampliar «de forma decidida» el parque público y un programa municipal urgente que incluya una oficina de gestión de vivienda asequible son las propuestas principales que plantea Rodríguez. En cuanto a las medidas para contener los precios, la candidata de Por Andalucía aboga por «intervenir el mercado para frenar la especulación» o suspender las licencias para viviendas turísticas «mientras exista emergencia habitacional». Rodríguez señala también algunas medidas encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda a colectivos como jóvenes o familias trabajadoras. En este punto, cree necesario poner topes al precio del alquiler y que «ningún hogar destine más del 30% de sus ingresos a la vivienda». A juicio de Rodríguez, «evitar los desahucios por motivos económicos debe ser una prioridad», y también señala hacia la rehabilitación.
Vox. Paula Badanelli
Paula Badanelli, presidenta de Vox en Córdoba y portavoz en el Ayuntamiento de la capital, señala que el principal problema de acceso a la vivienda es «la falta de oferta, sobre todo a precio asequible», que se ve acentuada por «el incremento de la demanda», lo cual relaciona con «los alquileres turísticos y la inmigración que está degradando barrios señeros de nuestra ciudad». Entre las soluciones por las que aboga, Badanelli destaca la liberalización del «suelo secuestrado por el Ayuntamiento», una «valiente y decidida apuesta por la colaboración público-privada para la construcción de vivienda protegida» y una «bajada radical de impuestos y tasas municipales». En opinión de la portavoz municipal de Vox, «todo el proceso de fabricación de viviendas, desde la preparación del suelo hasta la venta del producto final, es un negocio suculento para la administración ya que tiene innumerables cargas impositivas que tienen que pagar en el precio final los ciudadanos». Por esto, entiende que «habría que poner más suelo en carga y, sobre todo, meter la motosierra a todos los impuestos». En cuanto a medidas encaminadas a facilitar el acceso a jóvenes y familias trabajadoras, Badanelli propone avales públicos para facilitar hipotecas, prioridad a las familias en las ayudas públicas y deducciones fiscales, «sobre todo si tienen hijos».
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