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Migraciones

La abogacía de Córdoba, "desbordada" ante la regularización extraordinaria de extranjeros anunciada por el Gobierno

Lorena García, responsable de Extranjería en el colegio, afirma que "ya hay muchísimas personas solicitando la cancelación de antecedentes penales en España", que es uno de los requisitos anunciados

Una mujer migrante trabaja en una vivienda.

Una mujer migrante trabaja en una vivienda. / Víctor Castro

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

La abogacía de Córdoba se halla "desbordada" ante el procedimiento de regularización extraordinaria de personas extranjeras anunciado recientemente por el Gobierno de España. Lorena García, responsable de la comisión de Extranjería en el colegio que representa a estos profesionales, recuerda que no se ha publicado todavía el real decreto que regula la medida, por lo que "todos son rumores. Les decimos que esperen, pero están impacientes".

"Estamos desbordados de visitas de extranjeros y recibimos llamadas constantes para confirmar la información", afirma. El Ministerio de Migraciones también llamó "a la calma" en el mes de febrero pasado, avanzando que "el periodo para solicitar la regularización en España empezará en un plazo aproximado de dos meses", lo que sitúa la fecha de inicio en abril. El último paso será la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según recuerda esta experta, la medida plantea diferentes atractivos. Así, hasta ahora, si alguien se hallaba en situación irregular en España necesitaba acreditar que llevaba dos años residiendo en el país para solicitar un arraigo, por ejemplo, por motivos laborales, familiares o de estudios. Esta situación puede probarse mediante diferentes medios como el envío de dinero al país de origen, la asistencia a la sanidad pública, multas o el empadronamiento. Con esta normativa, "hemos tenido mujeres extranjeras escondidas hasta que han dado a luz u otras personas en situación irregular esperando", admite.

En cambio, con la regularización exprés podrán acceder a la residencia legal (la autorización tiene una vigencia de un año) aquellas personas que demuestren que se encontraban en España, al menos, el 31 de diciembre pasado, con la condición de carecer de antecedentes penales, aunque Lorena García augura que se podrían establecer otras.

En segundo lugar, la solicitud de esta nueva regularización "tiene el atractivo de que les permite trabajar de forma legal hasta que se resuelva". De acuerdo con lo avanzado por el ministerio hasta el momento, el proceso estará abierto hasta el próximo 30 de junio.

Lorena García, responsable de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Córdoba.

Lorena García, responsable de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Córdoba. / CÓRDOBA

"Cantidad de gente trabaja en empleos que no quieren los españoles"

Lorena García opina que "la idea es buena, porque es una forma de intentar regularizar a cantidad de gente que está trabajando en B, en empleos que no quieren los españoles". Además, "también hay gente que no está trabajando y los estarán regularizando", advierte.

Por otro lado, la responsable de Extranjería del Colegio de la Abogacía afirma que muchas personas se quejan porque, después de esperar durante años, "pueden pasar por delante otras personas que llevan menos tiempo en España". Los extranjeros con trámites iniciados se encuentran ahora "en tierra de nadie" y tendrán que optar por un procedimiento u otro cuando se publique el real decreto.

Cancelar los antecedentes penales

Las personas interesadas en este nuevo procedimiento regulatorio ya están dando los primeros pasos para tener toda la documentación lista. Lorena García indica que "hay muchísimos extranjeros que nos están pidiendo la cancelación de los antecedentes penales". La normativa actual exige cancelar los antecedentes en el país de origen, pero en esta nueva actuación, supuestamente, se solicitará carecer de antecedentes en España.

Tener una cuenta bancaria o cobrar el paro

En cuanto a las ventajas de la residencia legal en el país, esta abogada recuerda que quienes regularizan su situación administrativa pueden trabajar legalmente; disponer de una cuenta bancaria; acceder a la sanidad y a la educación públicas con normalidad; alquilar una vivienda de forma legal; realizar trámites con certificado digital; cotizar o percibir el paro, entre otros beneficios de los que ya disfrutan el resto de los ciudadanos.

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