Los alumnos de nueva escolarización caen un 11,2% en los últimos cinco años en Córdoba

Las aulas cordobesas volverán a recibir el próximo curso menos niños de nueva escolarización (3 años) que en el anterior, como viene siendo una tendencia los últimos años. En el curso 2026-27 se incorporarán al sistema educativo los niños nacidos en 2023, un total de 5.512 en la provincia, lo que supone una disminución de 66 escolares respecto al curso 2025-26, en el que se escolarizaron los nacidos en 2022 (5.578).

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la caída no es puntual. En los últimos cinco años, los nacimientos en Córdoba han descendido un 11,2%, pasando de 6.209 en 2018 a 5.512 en 2023. Esto supone casi 700 niños menos en el grupo que ahora accede al sistema educativo respecto al que lo hizo hace cinco cursos, consolidando la tendencia demográfica descendente iniciada tras el máximo alcanzado en la década anterior. Aunque 2021 registró un pequeño repunte (+2,6%), la tendencia general sigue siendo descendente y la media anual se cifra en unos 139 nacimientos menos por año.

Nuevo curso y novedades

El próximo 1 de marzo arranca el proceso de escolarización y la principal novedad en Andalucía es la reducción de ratio a 22 alumnos por aula en las clases de 3 años. Es la primera vez en Andalucía que se establece un límite inferior al máximo general fijado por la ley orgánica estatal (25 alumnos). Según Educación, la reducción será progresiva en Infantil y Primaria, comenzando por el primer curso del segundo ciclo de Infantil (3 años).

La Consejería de Educación anunció la semana pasada la creación de al menos 152 aulas nuevas de segundo ciclo de Infantil para el curso 2026-2027 en toda Andalucía, una cifra que podría ampliarse según evolucione la demanda de escolarización.

Además, las aulas mixtas que podían tener hasta 15 alumnos pasan a un máximo de 13, las que tenían límite de 13 pasan a un máximo de 11. Se justifica como medida de protección de la escuela rural y de equidad territorial, aunque en zonas donde no sea posible ampliar unidades por falta de espacio, «se podrá autorizar excepcionalmente hasta 25 alumnos por aula, con medidas compensatorias de refuerzo docente».

Los sindicatos educativos y la Junta de Personal Docente han mostrado una posición muy similar ante el nuevo proceso de escolarización y el inicio del próximo curso en Córdoba y su provincia: preocupación por el mantenimiento de la oferta pública, rechazo al cierre de unidades y exigencia de una bajada real de ratios que permita mejorar la calidad educativa y la atención a la diversidad.

Reivindicaciones

Desde UGT, su secretario de Enseñanza, Juan Carlos Varo, es contundente: «Este nuevo curso comienza con una ratio excesivamente alta en las aulas, un problema que no se aborda con la seriedad necesaria y que sigue siendo una reivindicación histórica». Para el sindicato, el cierre previo de unidades ha sido «muy significativo» y está directamente relacionado con el aumento del número de alumnos por aula, lo que conlleva «una merma clara en la calidad de la enseñanza».

Varo critica que, ante la bajada de matriculación, la Administración opte por cerrar aulas en lugar de mantenerlas abiertas y permitir que las ratios bajen de forma natural. «Esto demuestra que a la Administración no le importa la calidad educativa, sino que considera los centros como meros ‘aparca-niños’», afirma, vinculando esta política con los bajos resultados académicos, como los obtenidos en PISA. Además, advierte de la falta de información previa sobre posibles cierres: «No tenemos información clara sobre cierres para el próximo año y no nos extrañaría que a mitad de curso se anuncien nuevos recortes sin previo aviso».

UGT vincula directamente las condiciones laborales del profesorado con la calidad del sistema. Reclama reducción del horario lectivo, menos carga burocrática, mejoras salariales, una carrera profesional definida, avances en jubilación y una regulación estricta de la salud laboral. «Muchos docentes llegan a la jubilación en condiciones precarias», denuncia. También insiste en que la estabilidad de las plantillas favorece el seguimiento del alumnado vulnerable y ayuda a prevenir el abandono escolar.

Por su parte, desde CCOO, el secretario general del sindicato de Enseñanza, Enrique Guerra, señala que el inicio del proceso está marcado por la «expectación» y la incertidumbre sobre si continuará la tónica de recortes en Infantil y Primaria. Aunque existe un acuerdo para reducir ratios, teme que no vaya acompañado de una garantía real de mantenimiento de la oferta pública. «No hay seguridad de que cuando se supere la ratio se abra una segunda unidad; la práctica habitual es repartir al alumnado», explica, poniendo como ejemplo centros con 27 alumnos cuando el máximo debería ser 25.

CCOO denuncia que se está produciendo una reducción sostenida de la oferta pública: este curso hay 39 unidades menos y la media anual de recorte oscila entre 30 y 40, llegando en algunos años hasta 50, aunque —subrayan— «no son cifras oficiales porque la administración no las facilita».

En materia de atención a la diversidad, CCOO plantea que el alumnado con necesidades específicas compute doble en la ratio, incluyendo repetidores, que requieren refuerzo, y que el profesorado especialista se asigne según el alumnado real de cada centro. Describen una situación «muy deficitaria», con solo cinco docentes Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) para casi 300 alumnos inmigrantes en la provincia y casos de 40 o 50 estudiantes atendidos por una sola PT o AL. «Debería duplicarse la dotación actual», sostienen.

También alertan de los efectos del decreto de escolarización de 2020, que eliminó la zona centro, afectando especialmente a colegios del casco histórico, y critican la ampliación de conciertos en Bachillerato mientras se reduce la red pública.

Desde CSIF, el responsable del sector Educación en Córdoba, Antonio Pachón, coincide en que «las ratios elevadas constituyen el gran obstáculo del sistema». Aunque valora como positivo el acuerdo del 16 de julio de 2025 que prevé bajar a 22 alumnos por aula en Infantil (y 13 en aulas mixtas), advierte de que «muchas aulas continúan masificadas». «Avanzar hacia ratios asumibles en todas las etapas no es una aspiración, es una necesidad», afirma.

CSIF propone que se constate una bajada de natalidad sostenida antes de suprimir unidades en la pública, recordando que la concertada dispone de una moratoria de cuatro cursos antes de cerrar líneas. «Se está permitiendo una prioridad de la oferta concertada sobre la pública», denuncian. También rechazan que la escuela pública soporte en exclusiva los efectos del descenso demográfico, algo que —según detallan— ocurre tanto en la capital como en municipios como Baena, Lucena, Montilla, Palma del Río o Puente Genil, entre otros.

El sindicato pide un estudio detallado del mapa de la ratio en la provincia para detectar los puntos más tensionados y critica la alternancia de supresiones entre centros de una misma zona en lugar de consolidar unidades. En Formación Profesional, alertan de un crecimiento del 76 % en unidades privadas desde 2018-2019 frente al 29 % en la red pública. «Es un sinsentido que cientos de alumnos se queden sin plaza en ciclos públicos mientras se enriquece la oferta privada», señala Pachón.

Por su parte, la responsable de la Junta de Personal Docente, Carmen Espejo, defiende que los criterios de baremación en la escolarización «se aplican de forma objetiva» y se ajustan a las distintas situaciones familiares, pero considera imprescindible abordar la reestructuración del mapa escolar. «Es un trabajo que la Delegación Territorial se propuso hace varios cursos y que todavía no se ha abordado», lamenta.

Un nuevo escenario

Espejo reconoce que el descenso de nacimientos y la distribución de unidades entre pública y concertada configuran «un escenario de reestructuración» en el que la Administración debe ajustar la oferta. Sin embargo, advierte de que las unidades concertadas «están blindadas» y que la pública seguirá perdiendo líneas. «La bajada de natalidad no se está utilizando como oportunidad para mejorar la atención educativa, sino que se está permitiendo un trasvase a la concertada», afirma. Señala que la zona centro de la capital es una de las más afectadas.

La Junta de Personal desaconseja las aulas mixtas por considerar que no permiten una atención adecuada a distintos niveles en una misma clase y confirma que el cierre de unidades implica reducción de plantilla y amortización de plazas, algo constatable en los concursos de traslados. También denuncia que la escolarización sobrevenida incrementa hasta un 10 % la ratio, generando aulas con 27 o 28 alumnos.

En cuanto a la atención al alumnado con necesidades específicas, es tajante: «Está claro que no se están garantizando recursos suficientes». Reclama un estudio exhaustivo, una adaptación normativa que fije una ratio máxima por profesional y una mayor inversión estructural. Además, sostiene que no existe un reparto equilibrado ni entre pública y concertada ni entre los propios centros públicos, ya que los recursos se concentran en determinados colegios, dificultando la libre elección de las familias.

Como principales reivindicaciones, la Junta de Personal plantea abordar de una vez la reestructuración de las zonas de escolarización, reofertar las unidades cerradas el curso anterior, utilizar la bajada de natalidad para mejorar la atención educativa, ampliar recursos de atención a la diversidad, evitar la amortización de puestos docentes y derivar la escolarización sobrevenida a centros con plazas disponibles sin superar la ratio máxima.

En conjunto, sindicatos y representantes del profesorado coinciden en un mensaje central: la educación pública atraviesa un proceso de reducción de unidades que, lejos de aprovechar la caída demográfica para mejorar ratios y recursos, está suponiendo una pérdida de oferta, de plantilla y de calidad. «La educación no es un gasto, es una inversión social vital para el futuro», resume Juan Carlos Varo, en una idea que comparten, con distintos matices, todas las organizaciones consultadas.

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