El juzgado de Montoro abre 148 diligencias, una por cada herido en el accidente ferroviario de Adamuz

El accidente de trenes ocurrido hace un mes en Adamuz (Córdoba) ha dado una vuelta de tuerca a la Justicia cordobesa con el inicio de una macro causa que todos prevén larga y compleja. A la dificultad de investigar el origen de la primera catástrofe de estas dimensiones en la alta velocidad española, se añaden un evelado número de víctimas (46 fallecidos y un centenar de heridos) e intereses de diferentes compañías ferroviarias, entre otras circunstancias. A esto se añade que el procedimiento será instruido por una jueza nueva, Cristina Pastor, incorporada en los últimos días como titular de la plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro.

De acuerdo con los datos difundidos este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya se han recibido 34 denuncias de víctimas del siniestro y ocho acusaciones populares han solicitado personarse, pero el juzgado todavía no ha resuelto sobre su admisión. Estas entidades son el Sindicato Estatal de Maquinistas Ferroviarios (Semaf); Alternativa Ferroviaria (Alferro); los partidos políticos Vox y Iustitia Europea; el sindicato de funcionarios Manos Limpias, y las asociaciones Hazteoír.org, Víctimas de los políticos y Liberum.

148 diligencias previas

Por otra parte, se han abierto 148 diligencias previas, en respuesta a los partes médicos remitidos al juzgado por los centros sanitarios que han asistido a los heridos del accidente. El Tribunal de Instancia de Montoro está ofreciendo a estas personas la posibilidad de emprender acciones judiciales, con objeto de que, llegado el caso, puedan reclamar responsabilidades por lo ocurrido.

En la actualidad, las causas del accidente está siendo investigadas por la Guardia Civil, como Policía Judicial, y por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes. Los investigadores permanecen a la espera de decisiones judiciales relevantes como la autorización del volcado de información de los registradores (cajas negras) de los trenes siniestrados, que les permitirá conocer más detalles sobre lo ocurrido, y la concesión de permiso para los análisis de metalurgia en el laboratorio.

No obstante, la envergadura del procedimiento hace que se plantee como «muy problemático» en opinión del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, quien tras una visita al Tribunal de Instancia de Montoro realizada cuatro días después del siniestro, avanzó que sería necesario abrir piezas separadas por cada persona, por cada investigación que se vaya realizando y por cada parte personada. Aludió, asimismo, a las periciales que se requerirán y a los intereses de las empresas implicadas. Entre otras cuestiones, destacó su interés por la cadena de custodia de las pruebas y también por evitar que la causa se dilate en el tiempo, en la misma línea de lo manifestado hoy por Ana Tárrago, fiscal superior de Andalucía.

Dos juezas nuevas

Precisamente, una de las cuestiones subrayadas en las últimas semanas ha sido la reciente incorporación de las juezas titulares de las plazas 1 y 2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, María del Carmen Blanque y Cristina Pastor, respectivamente. Su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 20 de enero pasado, dos días después del accidente. Ambas juezas colaborarán en la investigación de la tragedia (asumida por la plaza 2), según avanzó el TSJA.

Además, se ha dispuesto la dotación de un juez de refuerzo para la plaza 2 que, junto a otros asuntos, es competente en Violencia sobre la mujer. Este equipo cuenta con el apoyo de un nuevo letrado de la Administración de Justicia y de dos funcionarias nuevas.

Tanto el TSJA como la Fiscalía Superior de Andalucía han manifestado públicamente su apoyo a la jueza Cristina Pastor. En concreto, Lorenzo del Río aludió a las nuevas titulares de Instrucción de Montoro afirmando que «tienen ya una experiencia dilatada, aunque vengan de la escuela judicial».

Tres fiscales

A raíz de la tragedia en Adamuz, también ha sido necesario incrementar el equipo humano en la Fiscalía provincial de Córdoba. Los fiscales Alejandro Izuel, delegado en Montoro; Pedro Pozuelo, que también lleva asuntos de ese partido judicial, y Natalia Izquierdo, delegada de Seguridad Vial, colaborarán en la causa. El incremento de trabajo ha motivado que la Fiscalía General del Estado haya autorizado el refuerzo, con un nuevo fiscal, de la Fiscalía cordobesa.

Junto a otras iniciativas, el Ministerio Público solicitó a finales de enero al Tribunal de Instancia de Montoro la paralización de la apertura de las cajas, cuya información iba a volcarse en Madrid ante una comisión judicial. La Fiscalía reclamó conocer cómo se desarrollará esta prueba y las garantías del proceso, y reivindicó que se efectuara por el órgano judicial que desarrolla la investigación, y en presencia de los fiscales. En el marco de sus actuaciones, el Ministerio Público ha solicitado, asimismo, un informe independiente, desarrollado por peritos designados por el juzgado de Montoro.