Ayuntamiento
El PSOE de Córdoba acusa a la Gerencia de Urbanismo de acumular 43 millones en remanentes por "incapacidad inversora"
Antonio Hurtado denuncia que la GMU arrastra inversiones sin ejecutar desde 1993 y señala que el informe de Intervención fue "desfavorable"
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. / CÓRDOBA
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtadoha criticado la incorporación de 43 millones de euros en remanentes en los presupuestos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), una modificación que —según ha señalado— llegó al último consejo rector con informe desfavorable de la Intervención Municipal.
Hurtado ha reprochado que el principal instrumento inversor del Ayuntamiento esté mostrando una “incapacidad de gestión” bajo el Gobierno de José María Bellido, al incorporar inversiones que “vienen de atrás y no son capaces de ejecutar”.
Cuatro veces más que las inversiones previstas para 2026
Según ha detallado el portavoz socialista, los 43 millones en remanentes suponen casi cuatro veces las inversiones presupuestadas por la GMU para 2026, que ascienden a 13,2 millones de euros.
Además, ha subrayado que algunas de las inversiones pendientes de ejecución datan de 1993, hace más de 30 años, entre ellas actuaciones vinculadas al Cordel de Écija o al Plan Especial de la Sierra.
Principales proyectos afectados
Por cuantías económicas, los remanentes más elevados corresponden a:
- Urbanización PERI V-1 Azucarera: 7,4 millones de euros
- Junta de Compensación Parque Industrial La Rinconada: 4,3 millones
- Urbanización PP N-1 Mirabueno: 2,3 millones
- Anillo Verde Parque de Chinales: 1,8 millones
- Sala museística de Caballerizas: 1,5 millones
- Anillo Verde Parque Poniente Miralbaida: 1,4 millones
Para Hurtado, estos datos evidencian que “la maquinaria administrativa no funciona con el Gobierno de Bellido”, lo que provoca que las inversiones previstas se dilaten durante años e incluso décadas.
“Dinero ocioso y oportunidades perdidas”
El portavoz socialista ha concluido que esta situación supone “dinero ocioso en las arcas públicas” y la pérdida de oportunidades y bienestar que generarían las inversiones si se ejecutaran en tiempo y forma.
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