Córdoba prevé enjuiciar en 2026 su mayor fraude a la Seguridad Social

La Justicia encara 2026 con la expectativa de celebrar el juicio por «el fraude más grande a la Seguridad Social en prestaciones por desempleo en Córdoba», según lo define la fiscal coordinadora de Delitos económicos de la Fiscalía provincial, Carmen Romero. El procedimiento fue destacado en las últimas memorias del Ministerio Público y es que el importe cobrado, supuestamente, de forma indebida alcanza los 2.000.000 de euros. La causa comenzó con 476 personas investigadas, pero un centenar de ellas ha reconocido los hechos, por lo que continúa para más de 350 individuos.

En líneas generales, la fiscal apunta a la existencia de un entramado con 12 cabecillas: una persona que constituyó tres cooperativas ficticias, los individuos que formaron parte de sus consejos de administración y los asesores laborales. El resto de los acusados son falsos trabajadores.

Las empresas se dedicaban a actividades propias del mercadillo. Dos de ellas tenían su sede en Córdoba y una tercera, en Málaga, pero las diligencias se acumularon en Córdoba por conexidad delictiva (por ser delitos relacionados). La complejidad del procedimiento llevó a dividirlo en piezas y existe una principal, con los investigados que participaron en la constitución de las cooperativas, y también piezas por cada uno de los empleados.

Cobraron paro, maternidad e incapacidad

Generaron, presuntamente, altas formales en la Seguridad Social con contratos de trabajo ficticios para obtener prestaciones por desempleo (estas son la gran mayoría), maternidad e incapacidad. Circunstancias como las características de esos contratos, quizá parciales y con cotizaciones muy altas, o la propia actividad de las empresas (carecían de instalaciones, infraestructuras o mercadería) habrían hecho saltar las alarmas y en 2012 se inició una investigación que dio lugar, en 2017, a las primeras conformidades. «Ya han sido condenadas un centenar de personas, aproximadamente, porque hubo conformidades tramitadas por la vía del juicio rápido, lo que permitió la reducción de un tercio de la pena, ya que reconocieron los hechos», explica Carmen Romero.

También hay casos donde el procedimiento se ha archivado por prescripción del delito, por fallecimiento o porque los acusados se hallan en paradero desconocido.

Así, la causa está ahora en fase de presentación de los escritos de defensa, pero existen dificultades para localizar a los acusados pendientes de juicio. La coordinadora de Delitos económicos de la Fiscalía confía, no obstante, en que el juicio se celebre este año y explica que «para todos los investigados que no damos con su paradero, se está archivando provisionalmente. El juicio se puede celebrar sin ellos y cuando sean habidos, si no ha prescrito el delito, se enjuiciarán por separado».

Finalmente, llegará a la Audiencia provincial de Córdoba. En esa última etapa se plantea una nueva dificultad, que es celebrar un juicio de esta envergadura hallando el espacio o la forma de preservar las garantías procesales y los derechos fundamentales de los investigados. Carmen Romero admite que «no conozco ningún procedimiento de estas dimensiones en Andalucía». Cabría la posibilidad, incluso, de tener que barajar la idea de celebrar la vista fuera de sede judicial, en unas instalaciones que permitan acoger a todos los intervinientes.

Fraude y falsedad

La causa ha sido investigada por el juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba. El Ministerio Público atribuye a los procesados presuntos delitos de fraude de prestaciones, en concurso con falsedad documental, y estos serían continuados en el caso de los cabecillas de la trama. Por ello, se enfrentan a penas que rondan hasta los 10 años de prisión, y a multas e indemnizaciones millonarias para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y para la Seguridad Social. En el caso de los trabajadores, tendrían que responder solo por la prestación percibida indebidamente y por su contrato ficticio, por lo que sus penas serían bastante más leves.

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