Redes sociales y menores: la comunidad educativa de Córdoba reclama medidas concretas

La propuesta de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, planteada en los últimos días por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha situado el debate sobre la protección de la infancia en el centro de la agenda pública. En Córdoba, la comunidad educativa comparte el diagnóstico, el problema existe y es creciente, pero advierte de que la medida solo será eficaz si va más allá del anuncio político y se concreta en cómo y con qué recursos se va a aplicar.

Un impacto que ya no es teórico

Para los equipos directivos, la discusión llega tarde. El presidente de la Asociación de Directores y Directoras de Centros Públicos de Andalucía en Córdoba (Asadipre), Rafael Luque, explica que el uso de redes sociales por parte de menores no es una preocupación abstracta, sino una realidad diaria en los centros educativos. Conflictos entre iguales que nacen en el entorno digital, problemas de convivencia que se trasladan al aula, dificultades de concentración o alteraciones emocionales forman ya parte del día a día escolar.

Luque subraya que estos efectos se detectan incluso en Infantil y Primaria, etapas en las que el alumnado no debería acceder legalmente a redes sociales ni a aplicaciones de mensajería. "El problema es que muchos de esos conflictos se generan fuera del centro, pero los centros somos quienes tenemos que gestionarlos", señala, lo que sitúa a los colegios e institutos en un papel de reacción constante. Desde Asadipre valoran positivamente que se plantee una regulación, pero insisten en que "prohibir sin educar no resuelve el fondo del problema".

Luque identifica tres pilares que deben acompañar cualquier prohibición: educación digital desde edades tempranas, implicación familiar real y corresponsabilidad de las plataformas. Advierte que sin estas medidas, la norma solo cubriría la superficie del problema.

La preocupación de las familias

Desde el ámbito familiar, el diagnóstico coincide. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Córdoba Fampa Córdoba, Lucía Rodríguez, reconoce que el uso de redes sociales es una de las inquietudes más recurrentes que las familias trasladan a las AMPAs. El ciberacoso, el acceso a contenidos inadecuados, la exposición excesiva a pantallas o el impacto en la autoestima y la salud mental de los menores son algunos de los riesgos que más preocupan.

Rodríguez defiende que la protección de la infancia en el entorno digital requiere una estrategia más amplia. Subraya que una prohibición estricta no es suficiente, "la clave está en educar a los menores en el uso seguro y responsable de las tecnologías, enseñarles a gestionar su privacidad, su huella digital y sus relaciones en línea, y acompañarles en la construcción de hábitos saludables".

Además, señala que muchas veces los problemas surgen porque las familias no tienen herramientas claras para actuar. Por eso, la Fampa aboga por recursos concretos: talleres, guías y formación para padres y madres, protocolos ante ciberacoso y espacios de diálogo entre familias y centros. "Prohibir sin preparar a las familias y a los menores es como poner un candado sin enseñar a usar la llave", resume.

Rodríguez también advierte de que la edad legal no es siempre un criterio absoluto, "cada menor madura a su ritmo. La capacidad para gestionar riesgos digitales depende de la madurez emocional, no solo de un número en un documento". Por ello, considera que la educación digital y la corresponsabilidad entre familias, centros y plataformas deben ser el eje central de cualquier política sobre menores en internet.

Apoyo con reservas en concertados y privados

Las AMPAs de colegios concertados y privados de Córdoba también se muestran favorables a limitar el acceso a redes sociales a menores de 16 años y admiten que el impacto del uso de estas plataformas en sus hijos es evidente. Sin embargo, expresan una preocupación añadida: la falta de información sobre cómo se va a aplicar la medida.

Estas asociaciones cuestionan que se anuncie una prohibición sin detallar los mecanismos de control, los sistemas de verificación de edad o el papel que deberán asumir las plataformas digitales. "Nos parece bien la intención, pero no decirlo sin saber cómo se va a hacer", señala María Luisa Lucena, presidenta de la FAPA Córdoba de centros concertados.

Educación, corresponsabilidad y recursos

Pese a los matices, la coincidencia entre directores y familias es clara. Regular el acceso a las redes sociales se considera necesario, pero insuficiente si no va acompañado de educación digital desde edades tempranas, implicación activa de las familias y una mayor responsabilidad de las empresas tecnológicas. También reclaman que las administraciones doten a los centros de recursos y formación para poder abordar un problema que ya está presente en las aulas.

En un contexto de creciente debate social, la comunidad educativa pide que la protección de los menores en el entorno digital se aborde con medidas realistas y sostenidas en el tiempo, capaces de ir más allá del titular y responder a una preocupación que, aseguran, afecta ya al bienestar y al desarrollo de niños y adolescentes.

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