Solo uno de cada diez migrantes puede comprar una vivienda en Córdoba

Solo un 10% de las personas migrantes que residen en Córdoba puede acceder a la compra de una vivienda. La precariedad laboral, los bajos salarios, la falta de un entorno familiar que pueda aportar apoyo económico y, sobre todo, el encarecimiento del mercado inmobiliario convierten a este colectivo en el que mayores dificultades encuentra para adquirir un piso.

Esta realidad coincide con las estimaciones del presidente de la Federación de Inmigrantes de Córdoba, Julián Hualoto, quien calcula que «entre el 75% y el 80% de las personas migrantes vive de alquiler». Una cifra que refleja un patrón estructural en el acceso a la vivienda y que se repite año tras año.

Según explica el presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor), José Vaquero, la inmensa mayoría de personas extranjeras opta por el alquiler y, en los casos más precarios, por el arrendamiento de habitaciones, una práctica cada vez más extendida. Así lo confirma también Daniel Delgado, miembro de la asociación Córdoba Acoge, que alerta de que esta fórmula se está convirtiendo en la única salida habitacional para muchos migrantes. Uno de los principales obstáculos para acceder a la compra de una vivienda es la precariedad laboral y los bajos ingresos. Un estudio de la revista científica Nature, publicado en 2023 bajo el título La brecha salarial entre migrantes y nativos: mecanismos, variación e implicaciones políticas, señala que las personas extranjeras ganan en España un 29% menos que la población autóctona. Esta diferencia salarial se explica, en gran medida, porque suelen desempeñar empleos de menor cualificación y peor remunerados, como la hostelería, la agricultura, la construcción o el trabajo doméstico.

Este análisis coincide con la experiencia de Julián Hualoto, ecuatoriano afincado en Córdoba desde hace más de dos décadas. «Para una familia en la que el padre trabaja en el campo y la madre se dedica al hogar es mucho más difícil ahorrar para la entrada de un piso que si tuvieran empleos más estables», lamenta. A ello se suma la temporalidad de muchos de estos trabajos, ligados a campañas concretas como la temporada turística, la recogida de la aceituna o la concatenación de obras en la construcción, una situación que también recoge la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo en su informe Trabajadores migrantes y sus condiciones laborales en Europa (2023).

A esta dificultad se añade otro factor clave: la ausencia de un colchón económico o de avales familiares, habituales en muchas operaciones de compraventa de ciudadanos españoles. «La mayoría no cuenta con ese respaldo», subraya Vaquero.

Nacionalidades con más posibilidades

Actualmente, el perfil de migrantes con mayor facilidad para acceder a una vivienda en propiedad en Córdoba procede de países de Latinoamérica y de Rumanía. No solo porque suelen llevar más tiempo asentados en la ciudad, sino también porque, en general, cuentan con ingresos algo más elevados que otros colectivos, como el marroquí. En estos casos, buscan viviendas de entre 100.000 y 120.000 euros. «Son personas de clase trabajadora media-baja que hacen un esfuerzo enorme para comprar una casa y que ven en ella un trampolín para que su familia prospere», explica Vaquero. Las zonas más demandadas son Fátima, Levante, Ciudad Jardín, Huerta de la Reina y Valdeolleros, barrios con servicios donde pueden desarrollar una vida cotidiana estable. El perfil de migrantes con alto poder adquisitivo, aclara, es residual en Córdoba, a diferencia de otras provincias como Málaga.

Ana Barnica, migrante de Honduras

Sin embargo, esta situación no siempre fue así. Hualoto recuerda que a comienzos de los años 2000, especialmente entre la población latinoamericana y rumana, existían muchas más facilidades para hipotecarse. Estas familias se asentaron principalmente en barrios como Santa Rosa-Valdeolleros o Ciudad Jardín. Vaquero rememora con ironía aquella etapa en la que «casi se ofrecía una vivienda según se bajaba del avión». Hoy, tras la crisis inmobiliaria, existe «afortunadamente mucho más control» en la concesión de hipotecas. El propio Hualoto vivió en primera persona esa burbuja: «Compré una vivienda y me la embargaron hace catorce años. Llegó la crisis, me quedé sin trabajo y el banco fue a por mí. Desde entonces vivo de alquiler», relata.

El alquiler, la única salida

Ante este panorama, el alquiler se ha convertido en la única opción para la mayoría de personas extranjeras que viven en Córdoba. Daniel Delgado explica que los migrantes más vulnerables acceden a él «como y donde pueden». En muchos casos, entran en una espiral de exclusión, ya que los propietarios exigen contrato laboral, varias nóminas y pagos adelantados. «Muchos trabajan en la economía sumergida, por lo que son descartados automáticamente», denuncia.

Rachid Tahri, migrante de Marruecos

Desde Asaicor apuntan a que esta situación se ha agravado tras la entrada en vigor de la última Ley de Vivienda, que, al reforzar la protección de los colectivos vulnerables, genera «inseguridad jurídica» entre los propietarios. Como consecuencia, muchos optan por no sacar sus viviendas al mercado o rechazan directamente a inquilinos migrantes. Delgado lo confirma: «Hemos tenido casos de personas a las que cuelgan el teléfono en cuanto escuchan un acento diferente».

Este escenario empuja a muchos migrantes al alquiler de habitaciones, a menudo subarrendadas y en condiciones de hacinamiento. «Estamos encontrando pisos donde viven hasta diez personas, con cuatro o cinco habitaciones, compartiendo camas de dos en dos y pagando hasta 200 euros por una cama», alerta Delgado. Una paradoja del sistema es que, en algunos casos, los propietarios de estas viviendas son migrantes que lograron comprar durante el boom inmobiliario.

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