Tribunales
Acepta cárcel por extorsionar a un cliente de servicios sexuales en Córdoba
La víctima desistió de contratar a la mujer y recibió un mensaje donde le exigían 600 euros a cambio de no matarlos a él y a su hija
Una mujer que ejerce la prostitución, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA
Una acusada ha aceptado 10 meses de prisión en Córdoba por extorsionar a un hombre que pretendía contratar servicios sexuales. De acuerdo con los hechos recogidos en la sentencia de la Audiencia provincial de Córdoba, una vez que la víctima desistió de contratar, le exigieron 600 euros a cambio de no matarlos a él y a su hija.
El fallo, que ha sido facilitado a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, afirma que todo ocurrió en abril de 2022. A través de WhatsApp, el perjudicado contactó con una mujer que ofrecía servicios sexuales a cambio de dinero. Le pidió que le mandase una fotografía antes de contratarla, pero al no responder, desistió de su propósito.
600 euros "por haber molestado a sus chicas"
Según considera probado el tribunal, esa misma tarde la víctima recibió un mensaje de una persona desconocida que le pedía el pago inmediato de 600 euros "por haber molestado a sus chicas". Le conminaba a abonar dicha cantidad "o, en otro caso, se pasaría por su domicilio para matarlo a él y a su hija".
Amedrentado, el perjudicado abonó el dinero en una cuenta bancaria titularidad de la acusada. El tribunal sostiene que esta persona, de 25 años de edad en el momento de los hechos y oriunda de Santo Domingo (República Dominicana), "actuaba concertada con los desconocidos autores y con plena consciencia del origen ilícito de la transferencia".
La sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba afirma que lo acontecido constituye un delito de extorsión, por el que le impone diez meses de prisión al tener en cuenta, como circunstancia atenuante muy cualificada, que la procesada ha abonado en su totalidad la responsabilidad civil que se le ha solicitado, por lo que ha reparado el daño.
Por otra parte, dado que la acusada no tiene antecedentes penales y que también cumple el resto de los requisitos legales para ello, el tribunal ha suspendido su entrada en prisión, con la condición de que no delinca en el plazo de dos años.
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