El cocinero cordobés despedido por el Ayuntamiento de Barcelona por no acreditar su nivel de catalán deberá ser readmitido o indemnizado

El Ayuntamiento de Barcelona deberá indemnizar o readmitir al cocinero cordobés Manuel Escribano, que fue despedido en el año 2024 tras no poder acreditar un nivel B2 de de catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso del trabajador y concluye que su cese fue un despido improcedente, pero que no se vulneraron los derechos fundamentales ni fue discriminatorio por razón de la lengua.

El trabajador había participado en un proceso de estabilización de empleo público y fue cesado al no superar la prueba de catalán exigida en la convocatoria, al no contar con el certificado B2. Manuel, cordobés natural de Pedroche, era el cocinero del área de Alcaldía, tal como explicó en su momento a Diario CÓRDOBA, y ocupaba una plaza que se creó en la etapa de Jordi Hereu. Luego también trabajó para Xavier Trias, Ada Colau y Jaume Collboni. Hasta que fue despedido.

Un despido que él recurrió y que saltó a los titulares por la cuestión del catalán, y si bien ahora ha logrado ser readmitido o indemnizado, el tribunal señala expresamente que no se vulneró ninguno de sus derechos en relación a la exigencia de la lengua catalana.

No hubo discriminación por la lengua

En concreto, el TSJC considera que exigir un nivel B2 de catalán no constituye discriminación directa, ya que se trata de un requisito aplicado por igual a todos los aspirantes y avalado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Además, el fallo señala que si el trabajador consideraba desproporcionado ese nivel para su puesto de cocinero, debió impugnar las bases de la convocatoria, algo que no hizo. Por ello, se descarta la nulidad del despido por vulneración del derecho a la igualdad.

Sin embargo, la sentencia aclara que el trabajador tenía la condición de indefinido no fijo, y que en estos casos la relación laboral solo puede extinguirse legalmente si la plaza se cubre por otra persona que supere el proceso selectivo o si la plaza se amortiza siguiendo los trámites legales. En este caso, ninguna de esas circunstancias se produjo en el momento del cese, ya que nadie obtuvo la plaza y su amortización se acordó un año después.

El tribunal declara el despido improcedente y condena al Ayuntamiento a elegir entre readmitir al trabajador, con abono de los salarios dejados de percibir, o pagarle una indemnización de 58.696,92 euros, descontando la cantidad ya abonada. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

“Me pedían simplemente un papel, y eso lo considero una injusticia muy grande”

Pese a que la sentencia no le da la razón en el aspecto lingüístico y descarta que su cese fuera discriminatorio por razón de lengua, Manuel Escribano considera que lo ocurrido fue injusto. Tras conocer el fallo, ha explicado a Diario CÓRDOBA que esperará a ver si el Ayuntamiento de Barcelona decide recurrir la sentencia y que, si no lo hace, estaría “encantado” de volver a su puesto de trabajo, aunque matiza que “primero voy a esperar a ver lo que me ofrecen”.

Sobre el debate generado en torno a su caso, Manuel señala en conversación con este periódico que entiende que se exija el conocimiento del catalán para trabajar en Cataluña cuando se trata de puestos de atención al público, “pero es que yo estaba solo en la cocina, y mis proveedores todos hablaban en castellano, porque la mayoría eran andaluces”. En su opinión, la exigencia del nivel B2 en su caso concreto fue desproporcionada: “Lo mío lo veo un poco ilógico, y encima pedirme un B2 de catalán, sabiendo que no me daba tiempo de sacarlo, que fue lo que me pasó”.

Manuel recuerda que, tras diecisiete años trabajando como cocinero en la Alcaldía, hablaba catalán con normalidad, pero considera que el problema no fue el uso real de la lengua, sino una exigencia administrativa. “Me pedían simplemente un papel, y eso lo considero una injusticia muy grande”.