Las trabajadoras de ayuda a domicilio estallan en el pleno de Córdoba: "Los derechos se pierden a una velocidad pasmosa"

La representante del sindicato CTA y presidenta del comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio, Maripaz Ruiz, ha tomado la palabra durante el pleno del Ayuntamiento de Córdoba del mes de enero para denunciar que "los derechos laborales se están perdiendo a una velocidad pasmosa" por la empresa adjudicataria del servicio, que "viene a lucrarse a costa de recortar derechos de las trabajadoras".

El Ayuntamiento, consideran las trabajadoras, "tiene el deber de fiscalizar a esta empresa como corresponde, porque estamos muy cansadas de ver cómo llegan empresas que recortan derechos tanto a las usuarias como a las trabajadoras sin que nadie les ponga freno". En este proceso también se están quedando por el camino los derechos de las personas usuarias del servicio, asegura Ruiz, que denuncia "cambios continuos de auxiliares, modificaciones de horarios e incluso la supresión del propio servicio".

La plantilla "nos exigen que adoptemos las medidas necesarias, por drásticas que sean, para poner fin a este despropósito. No nos quedan más vías legales que agotar", ha asegurado antes de solicitar, nuevamente, una reunión con la concejala Eva Contador para trasladarle los problemas existentes y los pasos que se están siguiendo. Asimismo, han pedido al alcalde, José María Bellido, "que medie en esta situación y que se nos escuche en una mesa de diálogo", con el objetivo de poner fin a este conflicto sin tener que llegar a medidas más drásticas.

Moción en el pleno

La concejala del grupo municipal Hacemos Córdoba Irene Ruiz, ha llevado una moción al pleno para pedir al Gobierno municipal "que actúe" para fiscalizar el trabajo de Atende, la empresa que gestiona el servicio. Asimismo, Juan Hidalgo ha pedido municipalizar el servicio porque "cuando una empresa lo asume tiene un beneficio industrial", mientras que si lo aplica la función pública "redundaría en las arcas municipales y podríamos aplicar un mejor servicio", que redundaría en mejores condiciones de trabajo de 2.000 trabajadoras, afirma.

La responsable del área, Eva Contador, ha afirmado que "se podía llegar a un acuerdo" antes de tener un debate idiológico en el salón de plenos. Contador defiende que ya está en marcha un plan de choque para reducir las listas de espera por parte de la Junta de Andalucía, y que "se ha eliminado un cuello de botella" que impedía aligerar los tiempos de resolución y la lista de espera en 100 días. Asimismo, ha denunciado que la financiación del Gobierno central del 50% no está llegando y pidió un trato similar al del País Vasco. En este sentido, Irene Ruiz ha afirmado que este plan de choque "no está funcionando" porque las listas de espera se mantienen en 574 días.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha mostrado su apoyo tanto a los usuarios como a las trabajadoras y aseguró que "mientras no haya más dinero es imposible que se solucione" y acusa tanto a la Junta como al Ayuntamiento de gastar dinero "en chiruinguitos" en vez de en lo importante. El PSOE, además, ha pedido "tolerancia cero" y fiscalizar el cumplimiento del contrato con las empresas externas que ganen el concurso del servicio.

En este sentido, se aprobó la moción con dos enmiendas del PP, en las que el Ayuntamiento se compromete, por un lado, a "supervisar mensualmente el estricto cumplimiento del convenio y del pliego del contrato municipal de ayuda a domicilio" y, en caso de incumplimientos, aplicar las sanciones o indemnizaciones y, por otro lado, instar a la Junta de Andalucía a ampliar el presupuesto del programa de dependencia destinado a las entidades locales, incorporando cambios en los perfiles de contratación y garantizando que la financiación sea estable en el tiempo (no puntual), con el objetivo de seguir reduciendo los plazos de resolución.