Protocolo | Universidad de Córdoba
Apoyo psicológico a la víctima y máxima confidencialidad, el protocolo de la UCO frente a casos de violencia sexual
Fachada del Rectorado de la Universidad de Córdoba. / CÓRDOBA
La Universidad de Córdoba dispone de un protocolo específico para la prevención y actuación frente al acoso y la violencia sexual, un documento que regula cómo debe intervenir la institución cuando se producen denuncias de este tipo en el ámbito universitario. El documento no se limita al acoso sexual, sino que incluye expresamente conductas de violencia sexual y agresiones contra la libertad sexual, incluso cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito penal.
El texto deja claro que la actuación universitaria es compatible con la vía judicial y no la sustituye. Su objetivo principal es proteger a la persona denunciante, evitar la revictimización y garantizar un entorno seguro mientras se esclarecen los hechos. La activación del protocolo puede producirse a instancia de la persona afectada, a través de terceros o incluso de oficio si la Universidad tiene conocimiento de una posible situación de violencia sexual.
Cartel 'No más violencia de género'. / Europa Press
Una vez activado, el caso es canalizado a través de la Unidad de Igualdad, que coordina la intervención y lo traslada a una comisión encargada de analizar la situación y proponer actuaciones. Desde el inicio se garantiza la confidencialidad, el respeto a la presunción de inocencia y el acceso a recursos de apoyo psicológico y acompañamiento.
Uno de los elementos clave del texto es la posibilidad de adoptar medidas preventivas inmediatas. Estas pueden incluir la separación entre la persona denunciante y la denunciada, cambios organizativos o académicos, o limitaciones temporales de acceso a determinados espacios universitarios. Se trata de medidas cautelares que no implican un juicio sobre la culpabilidad, sino que buscan minimizar riesgos mientras se desarrolla la investigación.
El protocolo también prevé que, tras el análisis del caso, pueda acordarse el archivo de las actuaciones o la propuesta de apertura de un expediente disciplinario, siempre dentro del ámbito competencial de la Universidad y sin interferir en el proceso judicial.
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