Tres acusados se enfrentan a multas millonarias y a cárcel por fraude a la Seguridad Social en Córdoba

Tres individuos se sentarán en el banquillo de los acusados en los próximos días en Córdoba por, supuestamente, montar un entramado empresarial para defraudar cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social. Por estos hechos, la Fiscalía ha reclamado la imposición de penas que suman nueve años de prisión, así como multas que superan los 3,6 millones de euros en total.

De acuerdo con su relato, dos acusados se concertaron para constituir sucesivamente una serie de empresas, "utilizando para su desarrollo y gestión el mismo local", y ello, "con la finalidad de defraudar las cuotas de Seguridad Social generadas". De esta forma, el presunto cabecilla, "a fin de obtener un beneficio patrimonial ilícito, decidió que no pagaría las cuotas de Seguridad Social generadas por el alta de los trabajadores de sus empresas, ni las cuotas de recaudación conjunta".

Describe el Ministerio Público que, para ello, diseñó una estructura societaria fraudulenta con cuatro sociedades mercantiles que fueron creadas de forma sucesiva o simultáneamente, con objeto de impedir que la unidad de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social consiguiera cobrar las deudas que iban contrayendo.

Un cabecilla y un testaferro

Supuestamente, este procesado "era el verdadero gestor de las sociedades", en tanto que un segundo encartado se constituyó como su testaferro, constando como el fundador y administrador único de las entidades. Al mismo tiempo, una tercera persona participó y colaboró con ellos en el entramado, interponiéndose como uno de los sucesivos arrendatarios simulados, sucediéndose así en la explotación de la actividad desarrollada por una de las empresas, "con la finalidad de enmascarar la titularidad real del negocio, y frustrar y entorpecer el cobro por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social", señala el Fiscal.

Una vez que la primera sociedad comenzó a generar deuda por el impago de las cotizaciones de sus trabajadores, los acusados comenzaron a constituir las otras empresas, generando nuevas deudas. Así, la acusación pública califica lo ocurrido como un delito de defraudación a la Seguridad Social, por el que reclama que se impongan tres años de prisión para cada procesado y una multa de 1,2 millones de euros, que es el duplo de la cantidad defraudada. Los hechos serán juzgados por la Audiencia provincial de Córdoba.