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Base de Cerro Muriano

Las familias de los militares fallecidos en Córdoba piden 9 años y medio de prisión para cada uno de los mandos acusados

La viuda y los padres del cabo Miguel Ángel Jiménez y los padres del soldado Carlos León solicitan las penas máximas, por presuntos delitos contra la eficacia en el servicio

Margarita Robles recuerda a los dos militares fallecidos en una visita a la base de Cerro Muriano en enero de 2024.

Margarita Robles recuerda a los dos militares fallecidos en una visita a la base de Cerro Muriano en enero de 2024. / CÓRDOBA

Córdoba

Las familias del cabo Miguel Ángel Jiménez y del soldado en instrucción Carlos León, fallecidos durante unas prácticas en la base de Cerro Muriano (Córdoba) en 2023, han solicitado nueve años y medio de prisión para cada uno de los cuatro mandos procesados por las dos muertes. En sus escritos de conclusiones provisionales, presentados ante el Tribunal Militar Central (Madrid) califican lo ocurrido como dos presuntos delitos contra le eficacia en el servicio, en relación con homicidios imprudentes, y solicitan la imposición de penas máximas al teniente coronel, el comandante, el capitán y el teniente acusados por estos hechos.

Una de las acusaciones particulares ha sido ejercida por los padres y el hermano de Miguel Ángel Jiménez, representados por el abogado Francisco José Pérez; otra, por la viuda de este cabo cordobés de la Brigada Guzmán El Bueno, representada por Antonio Granados, y la tercera, por los padres y el hermano de Carlos León, representados por Luis Romero.

Además de las penas de prisión, las acusaciones particulares solicitan la pérdida del empleo militar para los encartados. En el ámbito de la responsabilidad civil, también reclaman que abonen, de forma solidaria, una indemnización de 257.064,80 euros para los progenitores y para el hermano de Miguel Ángel Jiménez, y una indemnización de un millón de euros para su viuda. Recuerdan que el Estado es el responsable civil subsidiario.

Solicitud de penas máximas

Como ya habían avanzado las familias de los fallecidos, finalmente han solicitado penas máximas para los supuestos responsables de estos hechos. Así, el Código Penal Militar, en su artículo 77, recoge que "el militar que, por imprudencia grave y durante la ejecución de un acto de servicio de armas, causare la muerte o lesiones constitutivas de delito, será castigado con las penas privativas de libertad respectivamente señaladas en el Código Penal para el homicidio o lesiones imprudentes, incrementadas en un quinto".

En concreto, el artículo 142.1 del Código Penal establece que "el que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años".

El Fiscal pide ocho años para el capitán

Por su parte, el Fiscal Jurídico Militar, que presentó sus conclusiones provisionales el pasado mes de diciembre, solicita ocho años de cárcel para el capitán y cinco para el teniente por las dos muertes en Cerro Muriano. Asimismo, el fiscal pide la absolución del teniente coronel y del comandante procesados, al entender que no fueron informados con detalle del ejercicio donde murieron el cabo y el soldado en prácticas.

Una cadena de imprudencias

Hay que recordar que los dos militares, adscritos al regimiento La Reina 2, fallecieron ahogados el 22 de diciembre de 2023, durante un ejercicio de paso de aguas. La acusación ejercida por los padres de Miguel Ángel Jiménez sostiene, entre otras ideas, que las muertes no fueron consecuencia de un accidente inevitable, sino el resultado de una cadena de decisiones imprudentes, improvisación y omisiones graves en materia de seguridad. Entre las principales irregularidades señaladas figuran la falta de comprobación previa de la capacidad de nado de todos los participantes, la ausencia de una ambulancia en las inmediaciones del pantano durante el ejercicio, la carencia de instrucciones claras y detalladas sobre el desarrollo del cruce, y la inexistencia de un control efectivo y continuo por parte de los mandos responsables.

De su parte, la acusación planteada por la viuda del cabo indica que "la situación fue de auténtico caos desmesurado". Recuerda que los compañeros rescatados del agua "presentaban graves síntomas de hipotermia" y dos de ellos, incluso, tuvieron que recibir asistencia sanitaria hospitalaria. "A lo largo de todo el trayecto a realizar de 110 metros de longitud no había ningún medio de flotabilidad auxiliar, ningún tipo de salvavidas, flotador o lancha neumática, ni personal equipado para hacer rescates en el agua. No se encontraba la ambulancia en las orillas del pantano (...) Los componentes de la compañía que iban a realizar el ejercicio desconocían las características del mismo", precisa. Entre otras cuestiones, afirma, además, que el capitán responsable de la actividad, ese mismo día por la tarde, "reunió a la compañía y les explicó que lo ocurrido 'eran cosas de la mili'".

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