Sale a licitación el programa da atención social en los asentamientos rumanos

La delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba ha abierto la licitación de un contrato para regular el servicio de atención social de menores y sus familias, fundamentalmente de origen rumano, que se encuentren en asentamientos e infraviviendas en el término municipal de Córdoba, con el objetivo de favorecer su integración y mejorar sus condiciones de vida y expectativas de futuro. El contrato, con una duración inicial de dos años prorrogables hasta cuatro, cuenta con un presupuesto base de licitación de 620.849 euros (IVA incluido). Las entidades interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de febrero. Según fuentes municipales, este contrato renueva el que se puso en marcha hace veinte años y que fue actualizado hace cuatro años.

En total, se prevé actuar en 16 asentamientos distribuidos por toda la ciudad ubicados en glorieta Duncan Shaw, Paco Natera, Molino de los Ciegos, Choza del Cojo, glorieta Louviere, Carrefour, gasolinera de Carlos III, puente Asland y avenida de Libia, Quemadillas, Camino Carbonell, Camino de la Barca, Lope García, Casa Maná, Paso Canadiense, Cordel de Écija, Las Setas y Castelló d’Empuries.

El pliego de contratación recoge que según los datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha 1 enero de 2024, en Córdoba capital hay censadas 3.986 personas de origen rumano, de las que aproximadamente 1.913 son hombres y 2.073 son mujeres. Conforme a la última actualización de censo de población en Córdoba con la que se interviene en el Programa de Menores y Familias residentes en Infraviviendas de junio de 2025, en los 16 asentamientos actuales viven un total de 461 personas.

Bolsa de horas para emergencias

El contrato se articula como un programa que, mediante la intervención social individual, familiar y grupal, pretende servir de recurso para lograr la integración de las personas menores de edad cuyas familias se encuentren en situación de exclusión social, siendo en su mayoría personas rumanas de etnia gitana. En la nueva licitación, la principal novedad es la incorporaciónd e una bolsa de horas para atender emergencias. En concreto, se establecerán dos unidades, una de Intervención Social de Calle, centrada en el trabajo con las familias en los propios asentamientos, y otra de Seguimiento Educativo, orientada a prevenir el absentismo y el fracaso escolar entre los menores de asentamientos.

Líneas de actuación

Entre las líneas generales de actuación, destacan la escolarización y seguimiento educativo, la prevención de la mendicidad y la explotación infantil, la intervención sanitaria, el acompañamiento en la regularización documental, la mejora de la empleabilidad, así como acciones de adecentamiento de los asentamientos y prevención de riesgos medioambientales. El programa incorpora, además, una perspectiva de género, ante la detección de situaciones de desigualdad y violencia machista en parte de las familias atendidas.

La modalidad en medio educativo (Unidad de Seguimiento Educativo en Medio Abierto – Usema) estará formada por profesionales de la integración social coordinados por la UISC. Se trata de un servicio para la prevención de la exclusión educativa, seguimiento individualizado y promoción de la asistencia regular al centro escolar para prevenir el fracaso escolar de los niños del colectivo gitano-rumano mediante actuaciones socio-educativas con los menores y sus progenitores.

Cómo son esos asentamientos en Córdoba

El pliego de contratación indica que estos asentamientos rumanos están conformados por agrupaciones de personas que se ubican en terrenos o espacios no destinados a uso residencial y sin autorización para ello, en la mayoría de los casos, en construcciones que carecen de los requisitos básicos de habitabilidad, adecuación, accesibilidad y seguridad física y legal, por lo que no pueden considerarse viviendas en sentido estricto. Las personas que residen en ellos suelen dedicarse a la recogida de chatarra, a trabajos esporádicos como temporeros, a la mendicidad y a otras actividades marginales, en ocasiones, con una situación administrativa irregular. La falta de ingresos estables es el problema principal que tienen estas personas para acceder a una vivienda, dado que no disponen de recursos económicos para hacerlo y su incorporación al mercado laboral resulta muy difícil.

Estas condiciones de precariedad habitacional, la inestabilidad laboral, las dificultades de acceso a los recursos y la ausencia de regularización administrativa en determinados casos generan una situación de especial vulnerabilidad que afecta de forma directa a los niños y niñas, condicionando su bienestar presente y sus oportunidades de futuro.