La natalidad, la diversidad y la vivienda

El año 2026 se perfila en Córdoba como un ejercicio clave para abordar retos estructurales que afectan de lleno tanto al bienestar social como al educativo. La caída sostenida de la natalidad, la sobrecarga del sistema y de los docentes y el aumento de la vulnerabilidad social obligan a las administraciones a replantear sus políticas públicas. El reto pasa por ir más allá -de una vez por todas- de respuestas coyunturales. Educación y servicios sociales comparten desafíos similares, cada uno desde su ámbito, pero que pasan por reforzar recursos, personal y prevención para garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

El descenso de la natalidad, como en cada ejercicio de los últimos años, vuelve a plantear un reto estructural para la educación en Córdoba. Menos alumnos provoca ajustes en ratios y planificación de centros, aunque la administración ha descartado cierres por ahora, mientras los sindicatos exigen, una vez más, que se aproveche esta coyuntura para disminuir las ratios e implementar la tan ansiada educación más personalizada. Este 2026 piden garantizar que no se superen los 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, con la previsión de poder bajar esas ratios aún más.

Los sindicatos –CSIF, UGT y CCOO- han denunciado durante todo el año que el curso presenta las mismas carencias estructurales con que terminó el anterior, especialmente en unidades escolares públicas, ratios elevadas, climatización y apoyo a alumnado con necesidades educativas especiales (ANEE).

La atención al alumnado con necesidades especiales es la gran tarea pendiente de este año, con la denuncia de recursos especializados escasos y sobrecarga docente en algunos centros. Córdoba experimentó un aumento del 24,8% en el alumnado con necesidades educativas especiales entre 2021 y 2023, últimos datos disponibles y que reflejan que es una realidad que crece y que hay que atender de manera urgente. Así, para conseguir una atención adecuada a estos alumnos hay que continuar reforzando plantillas docentes, sobre todo de especialistas, desde Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL), Personal Técnico de Integración Social (PTIS), hasta orientación educativa y psicólogos. Para la Junta de Personal Docente hay que evitar que un solo especialista atienda a 30, 40 o 50 alumnos repartidos en varios centros.

Desde Educación se sigue trabajando en la modernización de instalaciones escolares y la instalación de toldos y sombreado para patios, que impulsa el Ayuntamiento, climatización adiabática por parte de la Junta de Andalucía y obras de mantenimiento y reparaciones aprovechando periodos vacacionales. Sin embargo, las demandas sindicales subrayan la necesidad urgente de solucionar problemas de climatización y confort en las aulas antes de periodos de calor intenso, a los que se suele llegar sin las soluciones definitivas implementadas.

Para la Junta de Personal Docente es necesario reforzar plantillas de forma estructural, no coyuntural, así como revisar retribuciones y establecer una carrera profesional docente real para, entre otras cosas, recuperar el respaldo institucional y social del profesorado. El riesgo si no se actúa, advierten, pasa por la cronificación de la sobrecarga laboral, la desmotivación, que puede llevar a tensión en los centros y deterioro de la calidad educativa.

Además, indican la necesidad de formar a los docentes para un alumnado con mayor exposición a pantallas, nuevas dificultades emocionales y sociales y un uso crítico de la inteligencia artificial y el entorno digital. Asimismo, hay que poner el foco en el acoso escolar, que este año se cobró la vida de una alumna en Sevilla, un caso que actuó como detonante social por sus fatídicas consecuencias, pero que no es aislado. Todos los sindicatos coinciden en que el profesorado no puede asumir en solitario situaciones de alto riesgo y piden más especialistas en salud mental infantil y juvenil en los centros.

En este sentido, los datos aportados por CSIF son especialmente relevantes: 59% del profesorado ha gestionado casos de acoso, pero solo algo más del 5% se siente plenamente capacitado para intervenir con eficacia. Además, la excesiva burocracia y lentitud, y la carga laboral que supone para los docentes, es otro de los puntos relevantes. Un 53% del profesorado los considera poco operativos y desde Asadipre piden revisar y simplificar los protocolos existentes para hacerlos realmente efectivos, así como pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, que incluya el ámbito digital.

En 2025, Diego Ángel Copé fue nombrado delegado de Desarrollo Educativo de la Junta en Córdoba, con la intención de impulsar mejoras educativas y estabilidad en plantilla, además de adaptar la oferta a la realidad demográfica y formativa local. El delegado afrontará este 2026 su segundo ejercicio al frente de esta responsabilidad.

En servicios sociales

Córdoba registró en noviembre de 2025 un total de 447 personas en situación de sinhogarismo, la cifra más alta desde 2015 (371 en 2024 y 245 en 2015). Se hace urgente incrementar la capacidad de alojamiento asistido y recursos de inclusión social dirigidos a personas sin hogar. Por ello, de hecho, Cáritas tiene el objetivo de ampliar su casa de acogida Madre del Redentor, que cierra el año con una lista de espera de hasta 100 personas, y que necesitará ampliación para atender la alta demanda que están experimentando.

Además, las administraciones deben profundizar en la prevención de sinhogarismo, ligándolo a políticas de acceso a vivienda y empleo. Es la vivienda, la precariedad laboral y la necesidad de constituir hogares donde las personas se sientan acogidas los tres grandes retos sociales del momento. De hecho, el Ayuntamiento de Córdoba puso en marcha en abril dos nuevos espacios para atender a personas con graves dificultades para encontrar un alojamiento temporal. Uno de ellos es el centro de emergencia habitacional para atender a las familias cordobesas que por circunstancias sobrevenidas necesitan un techo, y el otro espacio es La Casita, instalaciones aledañas a la Casa de Acogida Municipal de Campo Madre de Dios, donde se atiende a jóvenes extutelados.

Pero además del alojamiento, las asociaciones hacen un gran esfuerzo por el acompañamiento social, inserción laboral y atender la salud mental.

En materia de migración y atención a personas extranjeras, existe una necesidad de recursos de acogida, pero también de asesoramiento jurídico y mediación para el acceso a documentos, empezando por el empadronamiento, sin el que no pueden acceder a los siguientes pasos para regularizar su situación y que constantemente presenta demoras. Por ejemplo, iniciativas como la Red Pro Migrantes, que agrupa a diez entidades, nació este año para fortalecer la inclusión y defensa de los derechos de personas migrantes, señalan la necesidad de intensificar apoyos jurídicos, sanitarios y de acceso a recursos básicos para este grupo.

Pese a los avances dados en 2025, persiste la necesidad de profundizar en políticas estructurales -y no puntuales- que conecten los servicios sociales con las políticas de vivienda, empleo y, sobre todo, prevención de la exclusión, especialmente para anticipar situaciones de riesgo antes de que se conviertan en crisis.

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