Se enfrenta a cárcel por estafar en el alquiler de una finca propiedad de una sociedad pública en Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará, a principios de 2026, a un acusado de, supuestamente, estafar a una víctima que le entregó 20.000 euros por el alquiler de una finca que es propiedad de una sociedad pública, después de hacerle creer que tenía capacidad para arrendarla.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, "con el propósito de obtener un ilícito enriquecimiento", anunció en una página web el alquiler de esta finca sin que la entidad titular tuviera conocimiento de esta actuación.

Así las cosas, el perjudicado contactó con el encartado "haciéndole saber su interés en cerrar el arrendamiento". Este se presentó como administrador de una sociedad y le mostró un poder notarial que simulaba ser una escritura pública y que fue confeccionado manipulando el verdadero poder notarial. Ante este documento, la víctima arrendó la finca.

Sin embargo, como consecuencia de que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía puso inconvenientes al perjudicado para cobrar una subvención, solicitó al acusado documentación acreditativa del arrendamiento. Para ello, el procesado confeccionó un documento donde hacía constar un certificado de la sociedad respecto de la finca, precisando que la gestión estaba cedida a la sociedad que él mismo administraba.

El Ministerio Público sostiene que los hechos constituyen un delito de estafa, en concurso medial con un delito de falsedad en documento público. Por ello, reclama que se impongan al acusado la pena de tres años de prisión y una multa de 9.000 euros. El juicio, que celebrará la sección segunda de la Audiencia provincial, estaba fijado para hoy martes, pero finalmente ha sido suspendido y tendrá lugar en febrero.