Radiografía del tercer sector en Córdoba: Diversos e imprescindibles

Una de las mayores equivocaciones de todo trabajo periodístico es dar por sabido de lo que se está hablando. Y para no caer en tan grave error en esta ocasión debemos comenzar con la pregunta clave: ¿Qué es el tercer sector de la economía? ¿A qué nos referimos cuando usamos esa expresión? Pues la respuesta, aunque pudiera parecer fácil, tiene muchísimos matices. Y es que todos podríamos tener claro que hay un primer sector constituido por lo público, con el objetivo de invertir en beneficio de la sociedad y que para ello el ciudadano paga impuestos y tasas. Hay quien cifra el fruto de su actividad en algo más del 20% del PIB de España.

El segundo grupo lo constituiría la empresa privada, el gran músculo económico que, aunque no esté ajeno al desarrollo social (también las leyes obligan a no desviarse mucho de ello), su criterio principal es el mercado y, su objetivo, los beneficios empresariales.

El tercer sector sería ese híbrido, pero muy distinto de los dos anteriores, que parte de la iniciativa privada, pero que tiene una motivación social antes que económica. Es esa difícil cuadratura del círculo a cargo de entidades que no pertenecen al Estado (a las administraciones de todo tipo y sus empresas públicas) y que tampoco obedecen al mercado, ya que sin ese ánimo de lucro su labor se enfoca hacia el conjunto de la ciudadanía, teniendo en cuenta la economía y el comercio, claro, pero no como fin, sino como medio para otros fines y valores: inclusión social, ayuda humanitaria, educación, salud, medio ambiente, cultura, patrimonio público, asistencia, trabajo, vivienda, cooperación internacional...

Unas primeras cifras

Son entidades, 28.000 de ellas de acción social en toda España, según algunos informes realizados, que apenas suponen un 1,2% del PIB, aunque si le sumamos el mayor músculo de este tercer sector, el cooperativismo, la cifra asciende notablemente hasta un 10% del PIB nacional, más aún en Andalucía, donde llega al 11,6% del Producto Interior Bruto.

En Córdoba, en donde algunas estimaciones cifran en un millar las asociaciones presentes y activas del tercer sector (bien con ámbito local, andaluz o nacional), y en donde el cooperativismo tiene un peso mayor que en otras muchas provincias (620 entidades censadas) ese porcentaje del PIB sería incluso superior al regional, recuerda entre otros Francisco Molina, presidente en Córdoba de Federación Andaluza de Cooperativas (Faecta).

El caso es que ya observamos una primera peculiaridad del tercer sector: ¿por qué se usan tantos datos estimativos al hablar de estas entidades socioeconómicas? La respuesta está en la heterogeneidad propia, con colectivos y entidades tan diversas como los propios objetivos sociales que se fijan. Una variedad que llega a hacer difícil recopilar y ordenar datos y, después, analizarlos, con muchas oenegés que trabajan con el sector público y, también, otras muy cerca o entrando incluso de lleno en el sector empresarial privado. O incluso ambas cosas a la vez. Vayamos por partes.

Entre lo público y lo privado

En el primer caso hablamos de ese buen número de entidades sin ánimo de lucro que colaboran estrechamente con la Administración, algunas hasta tal punto que viven en una completa simbiosis con el primer sector. Son el resultado de una dinámica que, por el lado positivo, permite a las oenegés cumplir sus objetivos mientras que a la Administración le ayuda a llegar a una ciudadanía que con sus propios empleados, medios y recursos les resultaría muy complicado o, directamente, imposible.

También hay aspectos negativos en esta zona fronteriza difusa entre el primer y el tercer sector: el que muchas entidades sociales se vuelvan totalmente dependientes de la financiación de las administraciones. Así, y es solo un ejemplo, si alguien en un lejano despacho de la Administración reduce el presupuesto, el trabajo a pie de calle del colectivo se resentirá o, incluso, puede verse destruido y hasta la propia existencia de la asociación comprometida. Ello es especialmente frecuente, y grave, en los casos de proyectos plurianuales en los que si algún año faltan los recursos que llegan desde la Administración, todo el trabajo y fondos empleados hasta la fecha acaban perdidos al no culminar el programa.

Un dato reciente lo aporta el informe de la Fundación Botí sobre las entidades de acción social, divulgado el 12 de noviembre, y que advierte que «los problemas de liquidez son un contratiempo crónico» para las entidades, ya que cifra en un 48,9% el número de asociaciones de este tipo en 2023 dependientes de los recursos públicos. La buena noticia es que el porcentaje ha bajado enormemente desde la crisis del ladrillo. En 2008, la cifra era del 61,3%.

Entre lo social y lo económico

También podríamos hablar de una frontera difuminada entre el segundo sector, la empresa privada pura y dura, y el tercer sector, el que estamos analizando. Serían casos de entidades que, aunque sus estatutos impidan el ánimo de lucro, se ven obligadas a primar en algún momento objetivos económicos sobre los sociales, aunque solo sea para garantizar el futuro de la entidad. También en este caso hay cosas buenas: el preservar la continuidad del colectivo, así como su actividad presente y venidera. Y a su vez existen problemas, entre ellos el riesgo de que se pierda, al menos en parte, el espíritu fundacional y el norte en la brújula de ese carácter social que es la causa primera y última de su constitución. Es algo que todo colectivo del tercer sector llegará a plantearse en mayor o menor medida al menos alguna vez a lo largo de su existencia, si no le ocurre a diario.

Particularmente, y quizá con más frecuencia, esto puede ocurrir en ese gran músculo de este tercer sector que es el cooperativismo, y posiblemente aún más conforme se pasa de la cooperativa de grado uno a la de segundo grado, al tenerse que renunciar a veces a intereses propios en beneficio del conjunto.

Capítulo aparte es cuando se establecen diferentes relaciones laborales dentro de una misma entidad por la necesidad de contar con profesionales especializados para una determinada tarea, pero sin que sean miembros, socios o cooperativistas de la entidad. Otra cuestión también distinta es cuando alguna entidad del tercer sector llega a entrar de lleno como socio dentro de una empresa, bien con una cierta proporción en el accionariado o con el control total en la misma, lo que no es infrecuente en casos como muchas cooperativas de éxito. E incluso podemos señalar otro caso: cuando una entidad pública (por ejemplo un ayuntamiento) entra como socio para crear esa figura jurídica que es una cooperativa de servicios públicos.

Las ventajas del tercer sector, lo económico

Pero no nos perdamos en los matices. De cualquier forma, en tan heterogéneo tercer sector puede decirse sin temor a equivocarse que no sobra ninguna entidad. Todas tienen su utilidad para la sociedad desde el mismo momento en que así lo sintieron un grupo de personas que, por las razones que fueran, decidieron constituir una oenegé para dar respuesta a un problema o a una carencia social detectada. Hablemos entonces de las virtudes del tercer sector, que los expertos agrupan en tres ámbitos: el económico, el político y el social.

En el capítulo económico, hay que contar no solo a los beneficiarios directos de las acciones de las entidades de la población, que no son pocos. Al respecto, Lucio Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, cifraba recientemente en 12 millones de personas las que actualmente están en riesgo de exclusión social en el país, buena parte de ellas atendidas de una forma u otra por el tercer sector.

Sin embargo, también la sociedad en general se beneficia del movimiento económico que se genera por cada oenegé. Hay que pensar en lo que se mueve en proveedores, impuestos y tasas, transporte, empleos indirectos y, por supuesto, empleo directo.

Así, en el citado informe sobre las entidades de acción social, el empleo generado habría crecido un 15% desde los 529.000 trabajadores en 2008 a casi 610.000 en 2023, lo que representa casi el 3% de la población ocupada española, aunque la mayoría de las entidades tiene menos de seis empleados contratados.

A ello hay que sumarles las cooperativas, unas 6.200 entidades en Andalucía, que generan 80.000 puestos de trabajo directos y 200.000 indirectos, según los datos de Faecta para este 2025, que precisamente es el Año Internacional de las Cooperativas bajo el lema de la ONU Las cooperativas construyen un mundo mejor.

En España, el Ministerio de Trabajo habla de 23.500 empresas (80% de éstas son cooperativas de trabajo) que dan empleo a unas 500.000 personas, de las que el 73% trabajan en cooperativas de trabajo y el resto en las de servicios y consumo.

Las ventajas sociales y políticas

Capítulo aparte están las ventajas sociales del tercer sector, con una pregunta clave: ¿Qué pasaría si de pronto desapareciera ese colchón social que suponen las ayudas fruto del trabajo de las organizaciones? ¿Qué ocurriría con esos 12 millones de personas en España que se benefician de su labor? Sin duda, la cohesión social y las propias estructuras del Estado se verían comprometidas.

Sin embargo, hablamos de una cohesión que no solo se genera hacia fuera por parte de las entidades del tercer sector. También de puertas adentro los propios colectivos son auténticas escuelas de democracia a la hora de tomar sus decisiones, en su estructura, en los valores que defienden, en su filosofía última... Se prima la integración, la igualdad, el empleo de calidad...

De los 610.000 trabajadores de las entidades de acción social en España, un 73,9% son mujeres. Además, el 16% de los trabajadores son personas con discapacidad. Otro dato: en 2023, un 73,1% de los empleados tenían estudios con nivel de diplomatura o licenciatura, un porcentaje superior al global del empleo contratado a nivel nacional (46,5%).

Pero es que, además, en esos tres grandes grupos de ventajas del tercer sector (económicas, sociales y políticas) se engloban muchas otras facetas tan concretas como importantes. Por ejemplo, y frente a esa tendencia a la deslocalización en busca de mano de obra barata del segundo sector de la empresa privada, está el trabajo sobre el territorio del tercer sector sin el que muchas veces, por ejemplo, más que de la España vaciada tendríamos que hablar de completos desiertos.

Otra virtud es esa mayor transparencia en la gestión de las entidades de acción social y en las cooperativas o, es otro caso, el de servir de encaje y cauce para un voluntariado comprometido con la transformación de la sociedad.

Incluso podríamos hablar de una peculiar característica virtuosa del tercer sector, especialmente de las entidades de acción social: su plasticidad ante los problemas que surgen en la sociedad. Se trata de esa facilidad de reacción (ante crisis económicas, catástrofes, la pasada pandemia, etcétera) que, pese a lo heterogéneo que es el tercer sector (o precisamente por ello), lo convierte en el primero en responder con eficacia a las necesidades que surgen. Incluso con mucha más agilidad que la Administración, los poderes y el sector público en sí mismo, que a veces tardan demasiado en darse cuenta de las urgencias de la ciudadanía y en actuar ante ello.

Más claro lo planteó con un ejemplo el director general de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera, al presentar el informe sobre entidades de acción social, de las que destacó su carácter «contra-cíclico». Es decir, la capacidad de generar economía y empleo justo cuando una crisis contrae los sectores privado y público, como ocurrió en la recesión de 2008, después con la pandemia y posteriormente con las crisis geopolíticas surgidas. De hecho, estas entidades pasaron de generar 16.800 millones de euros en 2008 en España a 19.000 millones de euros quince años después, en 2023.

Con todo lo dicho, y aunque ya hemos advertido de lo difícil que es hacer estadísticas en el tercer sector, hagamos una breve radiografía de estas entidades, comenzando por las de acción social directa y, después, por el movimiento cooperativista, todo ello resumiendo algunos datos que ya se han expuesto además de otras cifras que resultan particularmente significativas.

Así, recordemos que las entidades de acción social, 28.000 en España en 2003, según el Informe de la Fundación Botín, generan el 1,2% del PIB nacional, dando trabajo directo a 610.000 personas, lo que supondría más capacidad de generar empleo en proporción al PIB que el propio primer sector, el de la Administración.

Respecto a su estructura, casi la mitad de las entidades de acción social (el 49%) tienen menos de 30.000 euros de ingresos anuales y llama poderosamente la atención que su ámbito es estrictamente local o provincial.

Solo un 11% de las organizaciones cuentan con ingresos superiores al millón de euros y, entre medias, está un 29% de entidades con pequeños ingresos (entre 30.000 y 300.000 euros al año) y un 11 % con medianos presupuestos, de entre 300.000 y el millón de euros.

En Córdoba, esta radiografía a nivel nacional es perfectamente extrapolable. Basta echar un rápida ojeada a la extensa relación de entidades cuya labor recoge la presente edición, una lista del centenar de organizaciones (del millar que se estima que trabajan en Córdoba) en la que no están todas las que son... pero son todas las que están.

El informe de la Fundación Botín, como ya se ha dicho, no se adentra en el movimiento cooperativista, pilar del tercer sector y más aún en Andalucía y en Córdoba, en donde tiene una presencia más fuerte que la de la media nacional en sus numerosas variedades: cooperativas de trabajo, de consumo, de servicios, de servicios públicos participadas por una administración, mixtas, de impulso empresarial, las cooperativas de primer, segundo y tercer grado... En Córdoba suman un total de 620 entidades, según los últimos datos de Faecta. Algunas de ellas tan emblemática como la misma Covap, que supera los mil millones de euros de facturación bruta anuales y que desde hace décadas es el gran motor socioeconómico de Los Pedroches.

Por otra parte, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de cooperativas y en la que más empleo se genera del conjunto nacional. La comunidad cuenta con 6.200 cooperativas de las que 5.800 se encuentran representadas en Faecta entre cooperativas de trabajo, consumo y servicios. En cuanto al número de empleos, el sector cooperativo en Andalucía genera 80.000 empleos directos y casi 200.000 indirectos y factura 19.300 millones, que supone un 11,6% del PIB de la comunidad. Andalucía duplica con el porcentaje del 23% a la siguiente comunidad en el ranking de creación de empresas, que es el País Vasco.

Subiendo al nivel estatal, en España, el cooperativismo está formado por casi 23.500 empresas (80 % de éstas son cooperativas de trabajo) que dan empleo a unas 500.000 personas, de las que el 73% trabajan en cooperativas de trabajo. Unas cifras muy similares a las que maneja la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta), que habla de 24.000 entidades con ocho millones de socios.

Incluso en este Año Internacional de las Cooperativas hay que elevarse un escalón más para, con datos de la Comisión Europea, recordar las 250.000 cooperativas activas que ofrecen empleo a 5,4 millones de personas que asocian a 163 millones de personas en la Unión Europea. A nivel mundial, más del 12% de la población es cooperativista de alguna de las tres millones de entidades de este género del planeta, las cuales proporcionan empleo al 10% de la población empleada, señala la Alianza Cooperativa Internacional.

Sirvan estos datos para poner en contexto la labor de las organizaciones del tercer sector en Córdoba. Frías cifras que nunca estarán a la altura del calor humano con el que estas entidades se constituyeron y en donde trabajan cientos de asociados, profesionales y voluntarios.