Suspendido el juicio a dos policías locales de Córdoba por una denuncia falsa a un joven

La Audiencia provincial de Córdoba ha suspendido este miércoles el juicio a dos agentes de la Policía Local de Córdoba por una supuesta denuncia falsa a un joven, entre otros delitos. Este aplazamiento ha sido motivado por la necesidad de que el juzgado instructor traslade al Ayuntamiento de Córdoba la posibilidad de participar en el procedimiento, dado que se le reclama una responsabilidad subsidiaria de en torno a 24.000 euros, y también de citar a dos testigos (agentes) solicitados por la defensa.

La vista oral, por tanto, se celebrará previsiblemente en los próximos meses. La víctima, educador social y de 21 años de edad en el momento de los hechos, afirma que tuvo suerte de que una farmacia le facilitara las imágenes con las que desmontó, ante el juzgado de Instrucción, la acusación realizada contra él, ya que uno de los agentes le denunció por un supuesto atentado contra la autoridad. Se enfrentaba a penas de hasta 4 años de prisión.

Tras visionar las imágenes, el juzgado observó que no confirmaban la acusación y dedujo testimonio al policía por una presunta falsedad en documento oficial, según informa Francisco Miguel Fernández, abogado que representa a la acusación particular. Indica, además, que esta parte solicitó al Ayuntamiento de Córdoba el inicio de diligencias internas para esclarecer lo ocurrido, pero el procedimiento disciplinario se ha paralizado hasta conocer la resolución judicial. Este periódico se ha dirigido al Ayuntamiento de Córdoba para solicitar información sobre estos hechos, pero no ha sido posible obtenerla.

La Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel

El Ministerio Fiscal ha reclamado un total de cuatro años y medio de prisión, y dos multas, para el policía local que practicó la detención por un presunto delito de falsedad en documento oficial (falta a la verdad en el atestado), un delito contra la integridad moral y un delito leve de lesiones. Además, reclama que se inhabilite a este policía local durante tres años.

En el escrito de conclusiones provisionales, la fiscal relata que los hechos ocurrieron en marzo de 2023, en la calle Periodista Eduardo Varo. Dos agentes de la Policía Local solicitaron a un cochero que recogiera los excrementos de su caballo y cuando este profesional lo hacía, uno de ellos comenzó a tomarle fotografías, una actuación que fue recriminada por la víctima.

El agente pidió la documentación al joven y este se negó por miedo a que le multaran. El cochero y la novia del joven trataban de calmar al policía, pero dado que este "se encontraba cada vez más exaltado", señala la fiscal, la víctima se asustó y salió corriendo. No obstante, regresó para entregarse en la calle Periodista José Luis de Córdoba.

Pese a su actitud "pacífica", el agente le hizo una llave, lo "estampó" contra la persiana de una farmacia, le puso los grilletes y, "sin que hubiera forcejeo de ningún tipo", le realizó otra llave para derribarlo al suelo, "donde lo tuvo aprisionado por espacio de dos minutos hasta que se lo llevaron detenido".

El atestado "falta a la verdad"

La fiscal considera que el atestado policial "falta a la verdad en la narración de los hechos", ya que acusa a la víctima de ofrecer "una resistencia grave". Afirma que "en ningún momento (la víctima) propinó patada alguna al acusado y mucho menos se resistió a la detención". El juzgado instructor archivó la causa y dedujo testimonio al policía acusado "por si los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal".

La acusación particular ha solicitado un total de 12 años de prisión para el principal acusado y cuatro años de cárcel para otro agente. Además, solicita que el policía que practicó la detención sea inhabilitado durante 23 años y que el otro agente sea apartado de su actividad profesional durante ocho años. En concreto, señala que los dos agentes procesados intervinieron en una denuncia, presuntamente, falsa. Destaca la supuesta comisión de cinco delitos y, junto a la referida denuncia falsa, califica lo ocurrido como detención ilegal, un delito contra la integridad moral, falsedad y lesiones. Esta acusación atribuye la falsedad y la denuncia falsa a ambos policías locales acusados y el resto de los delitos, solo al principal imputado.

Crítica de Apdha

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que ha acompañado en todo el proceso al vecino acusado "injustamente", lamenta que "durante todo este tiempo, la Administración responsable, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, no ha suspendido de empleo y sueldo a los agentes implicados, que han continuado patrullando la ciudad como si no hubiera sucedido nada". Afirma que "este tipo de actuaciones policiales, totalmente arbitrarias y desmedidas, son mucho más comunes de lo que creemos".